Tras una protesta que trabajadores del INAI mantuvieron durante todo un día en la sede de sus oficinas, en avenida Insurgentes Sur, la titular de la nueva Secretaría Anticorrupción, Raquel Buenrostro, autorizó a los aún comisionados del INAI dar finiquito a los funcionarios de servicio profesional de carrera tras la extinción del organismo autónomo.
Apenas un día antes, las comisionadas Norma Julieta del Río, Blanca Lilia Ibarra y Josefina Román –argumentando una supuesta ilegalidad– habían frenado exactamente ese mismo acuerdo propuesto por el comisionado presidente, Adrián Alcalá, durante sesión de pleno.
Sin embargo, en la noche del miércoles, a unas horas de la extinción del instituto, las propias comisionadas informaron que, en la sesión de pleno prevista para este jueves, votarán a favor de esta propuesta, luego de la autorización que les dio la secretaria Buenrostro a través de una llamada telefónica.
“La secretaria Buenrostro nos hizo el favor de decir: vamos paso por paso. El servicio profesional ya se dio, tenemos 421 personas del servicio profesional de carrera, vamos por 315, que es de libre designación”, informó la comisionada Josefina Román a los trabajadores que se mantenían en protesta.
El viernes, dijo, Buenrostro acudirá al INAI para acordar las compensaciones económicas para los empleados de libre designación (confianza).
La compensación para los trabajadores con servicio profesional de carrera (que accedieron a sus puestos por concurso) será de tres meses de salario y 20 días por cada año de trabajo, tal como lo planteaba el comisionado Adrián Alcalá el martes.
Sin embargo, las comisionadas la habían frenado porque “la propuesta de Alcalá va contra la ley, y las tres comisionadas juramos respetar la ley”, dijo Norma Julieta del Río, refiriéndose a la Ley de Austeridad Republicana, la tarde de este miércoles.
Si bien el INAI aún tenía recursos que podría usar para estas compensaciones, Del Río dijo que serían devueltos a la Tesorería de la Federación. Otra razón, dijo en entrevista con Animal Político, es que no podían dar finiquitos porque “nadie los ha corrido”. Además, autorizar estas compensaciones podría traerles alguna responsabilidad.
Durante los tres meses posteriores a la publicación del decreto de extinción del INAI, que se concretaría este 20 de marzo, los comisionados del instituto no habían logrado ningún acuerdo a favor de los trabajadores, que hasta horas antes de vencerse el plazo seguían en el limbo legal.
Tampoco habían tenido comunicación con la secretaria Raquel Buenrostro, quien absorbería las funciones de transparencia y acceso a la información, desde hacía tres semanas pese a que el plazo de extinción estaba por vencerse.
Incluso, las negociaciones sobre la situación de los trabajadores no la encabezaba ningún comisionado, sino una funcionaria del INAI con su homólogo de la Secretaría Anticorrupción.
Gabriela Montes, funcionaria del INAI con 11 años de antigüedad, explicó que si bien tenían incertidumbre sobre su situación, los equipos de los comisionados estuvieron tratando de persuadirlos para que no ocurriera una protesta como la de este miércoles. “Nos pedían que tuviéramos paciencia, que esperáramos definiciones”, dijo.
Incluso, la comisionada Norma Julieta del Río repitió en diversas entrevistas durante estos tres meses que los derechos de los trabajadores estarían salvaguardados.
– ¿Qué acuerdos habían logrado para que usted comunicara eso? -se le preguntó.
– La secretaría Buenrostro dijo que no nos preocupáramos porque los derechos estaban salvaguardados.
– ¿Eso qué significaba?
– Que siguen aquí. (los trabajadores).
Luego de rechazar la propuesta de compensación de Alcalá, Del Río argumentó que el único camino viable era lo establecido en el artículo 5to transitorio de la extinción del INAI, que preveía que los recursos materiales y humanos del instituto serían transferidos a la Secretaría Anticorrupción.
Pero en estos meses, los comisionados no habían logrado ningún acuerdo firmado para establecer los términos prácticos y jurídicos de ese artículo transitorio. Además, dicha dependencia no tenía etiquetado algún aumento presupuestal ni autorización para contratar más plazas de las que actualmente tiene.
Gabriela Montes, trabajadora del instituto, explicó que si bien “el 5to transitorio dice que se nos van a salvaguardar nuestros derechos, nunca se nos ha precisado qué interpretación jurídica le darán a esa frase. Tampoco se nos ha definido quién sería a las nuevas instituciones, Transparencia para el Pueblo y Secretaría Anticorrupción, ni bajo qué condiciones porque sabemos que hay muchos cargos que no existen”.
Por lo tanto, dijeron los trabajadores, les correspondía el derecho de retiro o liquidación, independientemente si Anticorrupción los contrataba o no, toda vez que su contrato era con un patrón que estaba a punto de desaparecer.
Ante la incertidumbre laboral, trabajadores del INAI protestaron desde la mañana de este miércoles cerrando un carril de Insurgentes Sur, afuera de las instalaciones del INAI, para demandar definiciones concretas para que cada trabajador pueda decidir si se acoge a algún esquema de retiro, si recibe algún esquema de compensación o si decide aceptar la propuesta la secretaría Anticorrupción o el nuevo organismo, Transparencia para el Pueblo.
Por la tarde, al no conseguir ninguna respuesta acordaron mantener “manos caídas”, es decir, parar labores y detener el proceso de entrega-recepción del INAI hacia la Secretaría Anticorrupción.
Y decidieron endurecer más la manifestación al cerrar ambos sentidos de circulación y los carriles confinados del Metrobús. En respuesta, la Secretaría de Seguridad Ciudadana envió decenas de policías que en cuestión de segundos encapsularon la protesta de los trabajadores y los replegaron hacia la banqueta.
En tanto, los comisionados del INAI realizaron una sesión de pleno para aprobar recursos de revisión, suspender plazos, es decir, detener todos los procedimientos de transparencia hasta nuevo aviso.
Los trabajadores, inconformes por continuar en el limbo, decidieron que un grupo de menos de 10 mujeres entraran al edificio para protestar durante la sesión. Sin embargo, ni siquiera pudieron hallar el lugar donde estaban sesionando. Al intentar entrar en algunas oficinas, encontraron a un policía tras la puerta, para impedirles el paso, y en otros casos, alguien colocó un palo de madera sobre las manijas para atrancar las puertas de cristal.
Finalmente, minutos antes de las 9 de la noche, las comisionadas salieron a informarles la autorización que habían recibido de la secretaria Buenrostro.