El presupuesto del Instituto Nacional de Antropología e Historia (INAH) tuvo un incremento presupuestal, pero en torno al Tren Maya y Transístmico, mientras que los empleados del instituto deben juntar dinero para comprar insumos básicos para su trabajo y hasta cooperar para pagar el servicio de limpieza de sus oficinas.
Por ello, los trabajadores solicitan a la presidenta Claudia Sheinbaum que remueva a Diego Prieto de la titularidad del INAH, cargo en el que fue ratificado, pues consideran que le “falta una dirección coherente” al Instituto.
“El INAH no había tenido una crisis tan severa de pobreza, desatención, inoperancia y descoordinación administrativa como la actual”, denuncia el Colectivo INAH.
El colectivo está conformado por un grupo de trabajadores del INAH quienes se dieron a la tarea de hacer un diagnóstico sobre las condiciones en las que se encuentra el Instituto encargado de salvaguardar más de 110 mil monumentos históricos y más de 53 mil zonas arqueológicas en todo el país.
Los problemas en el INAH, detallan, comenzaron antes de la entrada en vigor de la Ley Federal de Austeridad Republicana, sin embargo, esta disposición legal acrecentó las carencias, pues aunque tenía como objetivo el evitar el despilfarro de bienes a través de una administración eficiente y transparente de los recursos públicos, terminó significando “una burda y ciega reducción de recursos”.
Esto, explican, los ha orillado a que deben usar sus vehículos personales y pagar la gasolina para poder realizar visitas de inspección, seguimiento y mantenimiento a distintas zonas arqueológicas. Además de la compra de los insumos más básicos para desarrollar su labor.
“La compra de cartuchos para impresora ya forma parte de nuestra despensa cotidiana, ya lo apunto yo en mi despensa”, comparte Rosa María Garza, investigadora del INAH.
“Nos cooperamos para comprar escobas, jergas, jabón, papel de baño, agua, o sea, los implementos más básicos de los centros de trabajo, a ese grado hemos llegado”, lamenta.
De acuerdo con el Diagnóstico elaborado por trabajadores de INAH, y que fue entregado en la casa de transición de la presidenta Claudia Sheinbaum, así como a la titular de la Secretaría de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, entre 2016 y 2023 el presupuesto autorizado del INAH aumentó en un 13% mientras que la inflación acumulada fue del 44%.
“En el Presupuesto de Egresos de la Federación de 2024 el INAH recibió un incremento presupuestal, sin embargo, esto no significa que se hayan aprobado más recursos para su funcionamiento. Dicho recurso es lo correspondiente al programa R002, destinado a inversión física, es decir, la compra de terrenos para zonas arqueológicas en torno a los megaproyectos como el Tren Maya y Transístmico”, se detalla en el diagnóstico.
Para los trabajadores, las restricciones impuestas por el INAH, como resultado de la política de austeridad, afectan el cumplimiento de sus funciones sustantivas, al punto que pareciera que se le está llevando a convertirse en una institución meramente normativa.
Los trabajadores señalan directamente al titular del INAH, Diego Prieto, quien suma nueve años frente al INAH pues en agosto de 2016 fue nombrado en el cargo por el expresidente Enrique Peña Nieto.
En 2018 fue ratificado por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y en los primeros días de su gobierno, la presidenta Sheinbaum anunció que el antropólogo continuaría en su puesto.
A lo largo de este tiempo, sostienen los trabajadores, el INAH ha atravesado un proceso de desmantelamiento que no puede atribuirse ni al sismo de 2017 ni a la pandemia. Durante este periodo, se dejaron de percibir alrededor de 500 millones de pesos por concepto de los ingresos autogenerados a través del acceso a zonas arqueológicas, sitios y museos que permanecieron cerrados.
A fin de conocer su postura sobre los señalamientos hechos por parte de los trabajadores del Instituto, Animal Político solicitó una entrevista con el director del INAH, Diego Prieto, sin embargo, no se recibió respuesta.
El pasado martes 22 de octubre, un grupo de investigadores del INAH acudieron a Palacio Nacional para entregar una carta firmada por más de 130 trabajadores de base radicados en distintos estados del país, para solicitarle a la presidenta Claudia Sheinbaum que remueva a Diego Prieto de la titularidad del Instituto.
La carta incluye el respaldo de tres investigadores eméritos: Noemí Castillo, Antonio García de León y Jesús Jauregui Jiménez.
En el documento enlistan los problemas que aquejan a la institución como “la inoperancia administrativa” y el “rechazo mecánico y sostenido al diálogo con los trabajadores”.
También reprochan la “irresponsable renuncia a impulsar y defender la suficiencia presupuestal a nivel hacendario y legislativo”, así como la persistente precarización laboral de personal sustantivo.
La distorsión y reducción de las funciones trascendentes del Instituto para el país, la simulación y la opacidad en contratos y servicios, así como la preparación de profesionales sin generar plazas de trabajo estables y dignas aún “cuando la planta de trabajadores es a todas luces insuficiente”, son otras de las problemáticas expuestas.
“La denigración personal”, “la calumnia y el ataque solapado como respuesta a quien cuestiona”; “las condiciones indignas de retiro”; “el abandono de instalaciones y la carencia de recursos básicos en los centros de trabajo”; “así como la permanencia de las prácticas de tercerización y outsourcing”, son los últimos señalamientos.
“La carta no dice mentiras, dice lo que hemos padecido y que nos preocupan seis años más de lo mismo o hasta peor”, subraya la doctora Garza.
Esta misma misiva se entregó un día antes a la directora de Cultura, Claudia Curiel de Icaza, quien se comprometió a revisar el caso y recibir al Colectivo INAH quien hizo el diagnóstico de la institución.
Cabe mencionar que esta carta se suma al rechazo que han manifestado al menos seis de los siete sindicatos del INAH, algunos de los cuales se manifestaron afuera de la casa de transición de Claudia Sheinbaum antes de que asumiera la presidencia.
Además del recorte de personal que se ha registrado dentro del INAH al pasar de 7 mil 364 empleados en 2012 a 7 mil 006 en 2023, de acuerdo con el diagnóstico realizado, otro de los grandes problemas es la distribución desigual del personal, una situación que impacta principalmente a los estados del norte del país.
El Colectivo INAH informa, por ejemplo, que entidades como Coahuila, Chihuahua, Nuevo León, Tamaulipas, Baja California Norte y Tabasco no cuentan con personal de restauración de base, mientras que, en estados como Sinaloa, Colima, Durango, Zacatecas y Guerrero, sólo hay una persona trabajadora del área de restauración de base.
En Sonora, Nayarit, Aguascalientes, Jalisco, Campeche y Quintana Roo, solo hay dos expertos y San Luis Potosí, Querétaro, Estado de México, Tlaxcala, Veracruz y Chiapas cuentan con tres restauradores de base.
El estado con la mayor cantidad de personal de restauración es Yucatán, con nueve restauradores, pero este es un caso excepcional.
Además, quienes tienen que salir a una comisión en el país, ahora solo pueden hacerlo por siete días al año y al no haber vehículos disponibles ni apoyo de gasolina, ellos deben costearlo.
Durante la administración del expresidente Andrés Manuel López Obrador, el Instituto se enfocó en las obras del Tren Maya y los vestigios que se recuperaron, sin que necesariamente los trabajadores pudieran intervenir, pues fueron relegados y los militares -sin tener instrucción en el área- ocuparon sus lugares, denuncian los trabajadores del INAH en su diagnóstico.
“En las labores de salvamento y rescate arqueológico, la Secretaría de la Defensa Nacional (SEDENA) ha asumido funciones que corresponden al INAH”, acusan.
Esta situación comenzó durante la construcción del Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles (AIFA) y continuó durante la construcción del aeropuerto de Tulum y el Tren Maya.
“Durante 2021 y 2022, los ingenieros militares avanzaron en los tramos 5 (Cancún-Tulum-Playa del Carmen) y 6 (Playa del Carmen-Bacalar) del Tren Maya con la ayuda de empresas subcontratadas”, señalan.
“A mediados de 2022, comenzaron las obras del aeropuerto de Tulum, inaugurado por López Obrador el 1 de diciembre de 2023. Sin embargo, la SEDENA ignoró las solicitudes del INAH para estudiar el polígono de la obra antes que comenzara la construcción, resultando en la destrucción de numerosos vestigios prehispánicos mayas”, lamenta el Colectivo INAH.
Como resultado de las diversas exploraciones, salvamentos y rescates arqueológicos realizados con motivo de la construcción del Tren Maya -y con actualización al 12 de junio- se recuperaron 62 mil 024 elementos constructivos, 1 millón 453 mil 196 fragmentos de cerámica y mil 992 bienes arqueológicos muebles que están bajo custodia del INAH y que deben ser custodiados y analizados por el Instituto.