Hilda Brown, diputada de Morena acusada de nexos con el crimen organizado, recibirá el 30 % de sus ingresos por orden de un juez
Un juez federal concedió una suspensión provisional a Hilda Araceli Brown Figueredo, diputada federal de Morena, para que pueda recibir el 30 % de sus ingresos en lo que define si le concede o no un amparo definitivo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias ordenado por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) por tener supuestos nexos con el crimen organizado.
“Se concede la suspensión provisional para el efecto de que mientras subsista esta medida cautelar, la persona quejosa perciba el treinta por ciento (30%) del total de las percepciones relativas al sueldo base y la compensación garantizada que por razón de su cargo le deberían corresponder (salvo aquellas cuyo pago, total o parcial, esté condicionado al ejercicio efectivo de su cargo)”, señaló el juez Marco Antonio Arreola Herrera en su resolución emitida desde diciembre.
Ahora, para resolver si la diputada federal puede o no continuar recibiendo el 30 % de sus ingresos, el juez fijó una nueva audiencia incidental para el próximo 21 de enero de 2026; mientras que para determinar si concede o no el amparo definitivo contra el bloqueo de sus cuentas bancarias fijó la audiencia constitucional para el próximo 27 de enero de 2026.
Este mismo juez fue quien a principios de diciembre determinó negar una suspensión provisional y una definitiva a la diputada Hilda Brown en contra del bloqueo de sus cuentas bancarias por parte de autoridades de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público (SHCP).
EU acusa a Brown de nexos con el narco y UIF le congela sus cuentas
Las cuentas de la diputada federal de Morena fueron bloqueadas por la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) luego de que la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC) de los Estados Unidos la designó como aliada de Candelario Arcega Aguirre y Jesús González Lomelí, a su vez vinculados con René y Alfonso Arzate García, los líderes de La Mayiza en Baja California.
Por este motivo, el 2 de octubre Hilda Brown presentó esta demanda de amparo para reclamar la emisión de un acuerdo (282/2025) por la que se le incluyó en la lista de personas bloqueadas por parte de las autoridades financieras del país y la consiguiente suspensión de su servicio de banca privada, así como el servicio de sus cuentas bancarias ante la institución de banca múltiple Banco Mercantil del Norte.
“Bajo los términos de la ponderación del buen derecho que le asiste a la suscrita, y derivado de lo ostensiblemente inconstitucional de los actos de las autoridades responsables, se solicita que sea otorgada la suspensión de los actos reclamados, para el efecto de que se elimine de la lista de personas bloqueadas a la suscrita y, con ello, pueda acceder a los fondos de las cuentas que me fueron bloqueadas con motivo de actos inconstitucionales”, señaló la diputada de Morena mediante un escrito.
Aunque de manera inicial el juez federal negó la suspensión provisional desde el 7 de octubre, ordenó integrar el expediente y solicitar a las autoridades responsables, entre las que están la Subprocuraduría Fiscal Federal de Amparos, sus informes previos para conocer más información, determinando finalmente negarle también la suspensión definitiva, debido a que no pudo acreditar la titularidad sobre las cuentas bancarias.
Brown accede a una parte de sus recursos
Sin embargo, aunque se desconocen públicamente las razones del juez Arreola Herrera para negar la suspensión definitiva, que fue promovida antes de la entrada en vigor de la reforma a la Ley de Amparo, que prohíbe a los jueces conceder suspensiones provisionales contra bloqueos de la UIF y que establece que la suspensión definitiva sólo se puede otorgar si el quejoso acredita la licitud de sus recursos, Brown pudo obtener una nueva medida prevista en la Ley de Amparo por la cual el juez puede autorizar el acceso a recursos suficientes de sus cuentas, solo para su subsistencia y la de personas que dependan económicamente de ella.
En el pasado, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) había establecido que los bloqueos de la UIF son inconstitucionales, salvo cuando deriven de una solicitud expresa de autoridades extranjeras en colaboración con México, por lo que ahora el juez Arreola Herrera, electo en junio pasado, deberá aclarar si una designación de la OFAC califica como una solicitud de colaboración, cuando resuelva el fondo del juicio de amparo en la audiencia constitucional que está prevista para el 13 de noviembre.
El 19 de septiembre, cuando se hizo pública la designación de la OFAC contra Hilda Brown, la presidenta Claudia Sheinbaum dijo que México aún no tenía pruebas suficientes para bloquear las cuentas de la diputada de Morena.
