La Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por altas autoridades de México, concluye la Comisión de la Verdad
La Guerra Sucia fue un crimen de Estado permitido por las autoridades del más alto nivel en México y que dejó hasta 120 mil víctimas en el país, concluye un informe del Mecanismo de Esclarecimiento Histórico (MEH) de la Comisión de la Verdad, un grupo de trabajo creado este sexenio para investigar los abusos que las autoridades cometieron entre 1965 y 1990.
Cinco expresidentes, cinco secretarios de la Defensa Nacional, un exsecretario de Marina, seis procuradores generales de la República, cientos de integrantes de instituciones de seguridad y gobernadores encabezan la lista de los presuntos perpetradores de esa época, en la que se registraron desapariciones forzadas, ejecuciones extrajudiciales, detenciones arbitrarias, tortura, persecuciones y otras vulneraciones a los derechos humanos.
“El uso de la fuerza letal fue el sello de un régimen sanguinario que autorizó y legitimó todo tipo de violencias”, señala el informe del MEH sobre el periodo 1965-1990, en el que todo el aparato de seguridad del Estado se volcó a aniquilar cualquier expresión política, social, cultural y de género que fuera contraria a la admitida por el gobierno en turno.
En la cima de la pirámide de los presuntos responsables se encuentran Gustavo Díaz Ordaz, Luis Echeverría, José López Portillo, Miguel de la Madrid y Carlos Salinas de Gortari, expresidentes de México e integrantes del Partido Revolucionario Institucional (PRI).
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Los expertos que coordinaron las actividades del MEH no encontraron pruebas que vinculen directamente a los expresidentes con violaciones a derechos humanos, pero después de revisar miles de documentos, consultar cientos de archivos y entrevistar a sobrevivientes de la época concluyeron que “por el cargo que detentaban resulta imposible que los hechos se hayan cometido sin su conocimiento y colaboración, ya fuese por acción u omisión”.
El “brazo armado” de los gobiernos priistas fue el Ejército, la principal institución que ejecutó la política de persecución. En un primer momento lo hizo en el contexto de la Guerra Fría, contra personas que consideraba enemigos del país o “comunistas”. Luego continuó con esta práctica cuando inició el combate a las drogas en el norte del país.
“Las Fuerzas Armadas jugaron un papel fundamental en las campañas de aniquilación de las organizaciones político-militares y en el disciplinamiento de diversos tipos de disidencias”, señala el informe del MEH.
A los expresidentes y a los integrantes del Ejército se suman otros presuntos responsables: los exsecretarios de Gobernación que tenían a su cargo la Dirección Federal de Seguridad (DFS), otra dependencia señalada por cometer innumerables violaciones a derechos humanos.
En la lista de ex secretarios de Gobernación aparece Manuel Bartlett, quien ocupó ese cargo entre 1982 y 1988. Lejos de que le afectaran los abusos que sus subordinados habrían cometido, el funcionario todavía sigue activo en la política mexicana, pues actualmente es titular de la Comisión Federal de Electricidad (CFE).
El informe donde se detalla todo esto se titula Fue el Estado (1965-1990), y fue elaborado por el politólogo Carlos Pérez-Ricart, el activista Abel Barrera y el sociólogo David Fernández, quienes este viernes 16 de agosto harán público el documento en un evento en el Centro Cultural Tlatelolco.
Los tres investigadores, junto con sus equipos de trabajo, ubicaron a 591 perpetradores directos de violaciones a derechos humanos, así como otros 59 responsables de instituciones que toleraron los abusos cometidos en la llamada “Guerra Sucia”, como se le conoce a la etapa de persecución que las autoridades emprendieron en contra de todas las disidencias.
Miles de víctimas por la persecución del Estado
La estrategia represiva del Estado mexicano dejó un saldo de 8 mil 594 víctimas de violaciones graves a derechos humanos. La detención arbitraria fue el principal abuso, seguido de la prisión por motivos políticos, tortura, ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, masacres, torturas sexuales, exilios, violencia sexual y violencia reproductiva.
Estas vulneraciones se cometieron en los 32 estados de la República. Las víctimas que el MEH identificó se concentraron principalmente en la Ciudad de México, con mil 119 casos; Chiapas, con 961; Oaxaca, con 850; Guerrero, con 734; Estado de México, con 710; Sinaloa, con 576; Puebla, con 563; Chihuahua, con 477; Michoacán, con 399, y Tamaulipas, con 362.
Varios factores fueron los que se concentraron para que toda esta violencia fuera posible, entre ellos se encuentra la llamada Doctrina de Seguridad Nacional, un concepto difundido por Estados Unidos en los países latinoamericanos para que procuraran el orden interior en cada nación, con el objetivo de impedir el florecimiento de movimientos que se oponían al gobierno y que eran considerados como “comunistas” en el contexto de la Guerra Fría.
“En función de lo anterior, el Estado mexicano reprimió, persiguió, castigó y disciplinó a toda disidencia política y a toda disidencia que, por cuestionar la hegemonía del Estado, fuera identificada como un riesgo”, explica el informe del MEH.
Por ley, la seguridad interior estaba en manos del Ejército en el periodo 1965-1990, por lo que esta institución fue la encargada de aplicar la Doctrina de Seguridad Nacional para impedir que el régimen implantado por los expresidentes del PRI fuera afectado.
Junto al Ejército hubo otras que participaron en la estrategia de represión, como la DFS, la Procuraduría General de la República (hoy FGR), las procuradurías y las policías de los estados. Incluso el MEH encontró que organizaciones como la Antorcha Campesina y la Confederación Regional Obrera Mexicana (CROM), grupos allegados al PRI, asesinaron con total impunidad a gente que incomodaba al gobierno.
Las víctimas del periodo se cuentan por miles. Además de las 8 mil 594 personas que sufrieron graves violaciones a derechos humanos, otras 123 mil se tuvieron que desplazar de sus hogares debido a la violencia generada por el Ejército y otras instituciones.
Los cálculos del MEH también incluyen a otras 167 mil personas que fueron afectadas por las ocupaciones militares-policiales que ocurrían cuando las Fuerzas Armadas u otros cuerpos de seguridad se establecían en un punto determinado del país.
Un ejemplo de ocupación militar relatado por el MEH ocurrió en mayo de 1974 en la población de El Salto Chiquito, donde las personas fueron obligadas a desalojar sus casas y el Ejército utilizó el poblado como cuartel, apropiándose de sus bienes, dejando en ruinas la localidad y desplazando de forma definitiva a la población.
Aunque las cifras de víctimas son abrumadoras, los expertos que realizaron el informe advierten que estas no son todas, pues su investigación apenas duró dos años y en ese tiempo enfrentaron obstáculos, como la falta de recursos o la obstaculización del Ejército y del Centro Nacional de Inteligencia para acceder a documentos que podía tener información clave.
Funcionarios del más alto nivel en la Guerra Sucia
La Comisión de la Verdad, a través del MEH, apunta a los funcionarios de más alto rango del país como parte de los artífices de la Guerra Sucia, un hecho inédito hasta ahora.
Aunque los expertos del MEH no encontraron evidencia de violaciones a derechos humanos cometida directamente por los expresidentes de México, sí hay evidencia de que pudieron estar enterados de todas las vulneraciones cometidas por los cuerpos de seguridad del país.
Un documento de la DFS, fechado en 1982, describe que esta institución diariamente hacía reportes de sus actividades, los cuales eran entregados al titular de la dependencia, al subsecretario de Gobernación, al secretario de Gobernación, al jefe del Estado Mayor Presidencial y finalmente al presidente de la República.
“Esto es indicativo de la operación conjunta, interinstitucional y cotidiana de la Presidencia y Gobernación (que controlaba a la DFS)”, señala el informe del MEH.
El Ejército fue la otra institución del gobierno federal sobre la que recayó la política represiva del Estado mexicano. Los expertos del MEH nombran a cinco exsecretarios de esta institución como responsables de los crímenes del pasado: Marcelino García Barragán, Hermenegildo Cuenca Díaz, Félix Galván López, Juan Arévalo Gardoqui y Antonio Riviello Bazán.
El caso de la detención arbitraria de Santos Galarza Millán, quien fue relacionado por el Ejército con la Asociación Cívica Nacional Revolucionaria, es un ejemplo de cómo los altos funcionarios militares pudieron estar enterados de lo que hacían sus subordinados.
El 3 de junio de 1970, el comandante Miguel Bracamontes García, encargado de la 35 Zona Militar en Chilpancingo, envió un telegrama cifrado al secretario de Defensa de esa época, Marcelino García Barragán, para informarle la detención de Galarza.
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“El telegrama no sólo demuestra el involucramiento de responsabilidad de altas esferas del Estado (en las violaciones graves de derechos humanos), sino también el alcance de operatividad y coordinación que se empezó a poner en práctica a comienzos de la década de 1970”, señala el MEH en su informe.
Un ejemplo más del papel de las autoridades en los crímenes del pasado es el caso de 28 marinos que fueron detenidos de forma arbitraria y torturados el 26 de abril de 1990, al ser acusados de supuestamente tener vínculos con el narcotráfico.
El MEH relata que el operativo para detener y torturar a los marinos se hizo por orden de Mauricio Schleske Sánchez, quien era secretario de Marina en ese momento. El crimen se llevó a cabo en el cuartel de la institución en Matamoros, Tamaulipas, y participaron elementos del Servicio de Inteligencia Naval y de la Policía Judicial Federal.
No solo funcionarios del nivel federal son señalados como responsables de violaciones a derechos humanos. La Comisión de la Verdad apunta directamente a gobernadores de Veracruz, Oaxaca, Baja California, Hidalgo y Nuevo León, así como a jefes de Departamento del Distrito Federal (hoy CDMX), como presuntos responsables de estos hechos.
Manuel Bartlett: premiado y no sancionado por la Guerra Sucia
Las graves violaciones a los derechos humanos no implicaron sanciones para quienes las cometieron. En el año 2000, el gobierno de Vicente Fox creó la Fiscalía Especial para Movimientos Sociales y Políticos del Pasado (FEMOSPP), que tenía como tarea investigar los crímenes ocurridos en el pasado, aunque hasta ahora no hay ningún responsable sentenciado.
Contrario a recibir sanciones, funcionarios públicos señalados por cometer violaciones a derechos humanos siguieron haciendo su carrera política después de los crímenes.
Un ejemplo de esta situación es Manuel Bartlett Díaz, el actual titular de la CFE y quien fue secretario de Gobernación entre 1982 y 1988.
Entre 1965 y 1990, la Secretaría de Gobernación fue clave en la violación a derechos humanos. En su informe, el MEH explica que “las responsabilidades de las violaciones sistemáticas respondieron, en muchos casos, a estrategias coordinadas y centralmente articuladas en las que la cadena de mando refiere irrefutablemente al titular del Ejecutivo o a la Secretaría de Gobernación”.
En el caso concreto de Manuel Bartlett, el MEH lo señala por colaborar en el desplazamiento forzado de un grupo de 3 mil 100 guatemaltecos que estaban refugiados en una zona fronteriza de Chiapas con Guatemala.
Los extranjeros sufrieron un ataque por parte del Ejército guatemalteco el 30 de abril de 1984 y fueron protegidos por los habitantes de un ejido llamado Las Delicias, pues las autoridades mexicanas nunca aparecieron para frenar la agresión que se extendió por cinco horas.
Luego del ataque, Manuel Bartlett anunció que las personas guatemaltecas serían desplazadas de Chiapas a Campeche y Quintana Roo como una medida de “seguridad nacional”, pues su presencia cerca de Guatemala ponía en riesgo la soberanía de México. Los extranjeros, por su parte, querían permanecer en suelo chiapaneco pese a los ataques.
La Comisión de la Verdad también señala a Manuel Bartlett por haber ordenado que agentes de Israel dieran clases de inteligencia a integrantes de la Dirección Federal de Seguridad. El curso incluía lecciones de interrogatorio, cómo frenar a la subversión o agente doble.
El MEH encuentra relevancia en esto porque “Israel, que se ha caracterizado por el uso de la violencia política y de avanzados sistemas de seguridad y armamentístico para ese fin, es unos de los países con los que México mantuvo relaciones en el campo de seguridad, lo cual derivó en graves violaciones a derechos humanos”.
La participación Manuel Bartlett en los crímenes del pasado podría ser mayor, sin embargo, el MEH no pudo seguir indagando en este personaje, ya que el expediente con información de él se encuentra “desaparecido” en el Archivo General de la Nación.
“Se trata de un personaje sumamente importante para entender la violencia de Estado en la década de 1980”, dice sobre Manuel Bartlett el MEH, equipo de trabajo que ha sacado a la luz a los artífices de la Guerra Sucia.
Rompimiento de la Comisión de la Verdad
El informe Fue el Estado (1965-1990) es una de dos investigaciones que el Mecanismo de Esclarecimiento Histórico realizó sobre la Guerra Sucia, debido a que este equipo se dividió en dos por conflictos de sus integrantes.
La segunda investigación, que aún no es presentada de forma pública y tampoco a los familiares de víctimas, fue coordinada por la historiadora Eugenia Allier.
El MEH se dividió luego de que sus integrantes no pudieron llegar a un acuerdo sobre los temas que debían investigar en los dos años de trabajo que tenían por delante.
Allier prefería concentrarse en organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y movimientos laborales-sindicales.
Mientras los comisionados Carlos Pérez Ricart, David Fernandez y Abel Barrera expandieron su investigación a sectores sociales que igual sufrieron violaciones a derechos humanos entre 1965 y 1990, pero no se les había puesto mucha atención. Por ejemplo personas de la diversidad sexual, periodistas, movimientos urbanos o la disidencia religiosa.
Las diferencias entre ambos equipos fueron imposibles de eliminar, por lo que cada grupo prefirió seguir su camino y elaborar su informe, los cuales fueron presentados a la Secretaría de Gobernación en semanas pasadas.
