Con 86 votos a favor de la coalición encabezada por Morena y 42 en contra de los partidos de oposición, el Senado aprobó en lo general y en lo particular la reforma para que la Guardia Nacional, encargada en tareas de seguridad pública, quede bajo el control militar de la Secretaría de la Defensa Nacional.
Como lo anunciaron, PAN, PRI y Movimiento Ciudadano se posicionaron y votaron en contra de esta reforma; sin embargo, sus votos en conjunto resultaron insuficientes para frenar la mayoría calificada de la coalición encabezada por Morena.
Con el voto de Miguel Ángel Yunes Márquez, los partidos Morena, PVEM y PT lograron la aprobación de una de las reformas que resultó más polémicas dentro del paquete propuesto por el presidente Andrés Manuel López Obrador en febrero pasado.
El debate se centró en que la principal corporación de seguridad pública creada por el presidente Andrés Manuel López Obrador para retirar al Ejército de las calles quede subordinada precisamente a las Fuerzas Armadas y abra el riesgo de posibles violaciones de derechos humanos.
Los legisladores de oposición acusaron a sus colegas de la coalición mayoritaria de ser incongruentes, por cambiar su postura respecto a la presencia militar en tareas de seguridad pública: en contra cuando fueron oposición y a favor en la actualidad que están en el gobierno.
En tanto, los grupos parlamentarios a favor de la reforma argumentaron el respaldo que tienen la Guardia Nacional y las corporaciones militares entre la población mexicana y en la necesidad de atender la demanda de seguridad.
El debate dejó claro que legisladores de todos los partidos políticos, a favor y en contra de la reforma, buscaron hablar bien de las Fuerzas Armadas. Incluso guardaron un minuto en silencio en honor a los elementos militares muertos en el combate a la delincuencia.
El veracruzano Miguel Ángel Yunes Márquez confirmó que no forma parte de la oposición en el Senado. El panista, quien dio su tercer voto a las reformas constitucionales acorde con la mayoría que encabeza Morena, dijo que la prevención de la violencia puede llevar décadas y la reforma aprobada busca dar una respuesta pronta.
Asimismo, apeló a la lealtad de los militares ante la representante del Ejecutivo como civil.
“El único poder al que aspiran nuestras Fuerzas Armadas es el de poder servir a México, no aspiran al poder político”.
De manera abierta, Yunes Márquez defendió a Claudia Sheinbaum, con quien se reunió en días pasados, y aseguró que la reforma no da privilegios a la Sedena sino más responsabilidades.
El senador veracruzano fue nombrado como secretario de la Comisión de Justicia en un espacio que le correspondía a Morena.
En la presentación del dictamen, la morenista Citlalli Hernández, presidenta de la Comisión de Enlace Legislativo, pugnó por enfocar las acciones legislativas en atender la demanda de seguridad en México.
“El debate no es si se está militarizando o no el país, que aunque no es una discusión menor, ustedes saben que faltan a la verdad con esa narrativa. La discusión que el pueblo de México merece es dar respuestas a una tarea que es de todas y todos los actores políticos de este país. ¿Cómo vamos con independencia de las diferencias ideológicas a contribuir a la pacificación de este país?”.
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Ricardo Anaya inició su participación con una alusión a la sesión nocturna. “De noche quisieron que pasara la militarización de la seguridad en nuestro país, pero que no pase desapercibida”.
El excandidato presidencial argumentó que el mejor termómetro para medir la violencia son los homicidios dolosos y en ese sentido el sexenio de López Obrador, con alrededor de 200 mil casos aun con militares en seguridad pública, refleja un fracaso.
“Ustedes ganaron la elección pero no por sus resultados en seguridad pública (…) ganaron a pesar del fracaso en seguridad”.
Por su parte, el presidente panista Marko Cortés acusó incongruencia por los votos previos de la coalición encabezada por Morena.
“¿Qué cambió? ¿Solo que pasaron a ser gobierno?”, cuestionó.
Luego de la participación de Marko Cortés, el morenista Adán Augusto López Hernández amagó con contestarle, pero desistió:
“Pensaba responder al senador, pero recurro a la sabiduría popular: Águila no come mosca”, dijo y desató risas entre sus compañeros de bancada.
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Alejandra Barrales, de Movimiento Ciudadano, acusó al gobierno morenista de desmantelar a las policías municipales y estatales y de intentar avanzar en la militarización pese a que, dijo, es algo irreductible para una verdadera izquierda.
“¿En qué momento dejaron de considerar al Ejército en las calles como una militarización? Esta inminente militarización que hoy nos están proponiendo, ustedes lo saben, vulnera las garantías individuales, sobre todo de aquellos territorios en donde hay mayor criminalidad”.
En concordancia con sus compañeros de partido, el coordinador de Movimiento Ciudadano, Clemente Castañeda, acusó a los partidos en el poder de estar renunciando a construir un proyecto de seguridad pública civil.
“Que la historia les haga el favor de juzgarlos con justicia, no cuenten con nosotros para esta atrocidad”.
Por su parte, el senador de Movimiento Ciudadano Luis Donaldo Colosio Riojas calificó la reforma como el último clavo al féretro de la seguridad civil y como había adelantado en la discusión en Comisiones alertó sobre la alta letalidad de los militares.
“Creemos en un futuro en que México respete y respalde a sus policías tanto como a sus militares, y que éstos, a su vez, dejen de ser parte del paisaje urbano cotidiano, siendo el último recurso de fuerza pública que debiera ejercer el Estado”.
Como ha ocurrido con las otras dos reformas constitucionales incluidas en el Plan C que ya fueron aprobadas tanto por Diputados como por el Senado, esta reforma pasó sin ningún cambio para evitar que regrese a la Cámara de origen y se alargue su proceso.
Manuel Añorve, coordinador de la bancada del PRI, presentó el posicionamiento de su partido, en contra de la reforma, lo que se leyó como una respuesta a Adán Augusto Löpez, quien había adelantado el lunes pasado que el guerrerense daría su voto a la coalición morenista.
“Votaremos en contra de esta reforma para evidenciar la ineficacia y la irresponsabilidad del gobierno. Votaremos en contra para que ustedes, obviamente que quieren militarizar el país, dejar constancia que estamos totalmente en contra. Votaremos por supuesto en contra, porque no tengo la menor duda que la historia nos dará la razón.
La priista Claudia Anaya puntualizó su crítica en que esta reforma da la capacidad a la Guardia Nacional de realizar investigación. La legisladora recordó sentencias de la Corte Interamericana en Derechos Humanos que destacan que cuerpos militares con fuero no pueden tener esa responsabilidad.
“Rosendo Radilla, Paola Alvarado, Valentina Rosendo no solamente son nombres de personas, no solamente son historias, son sentencias de la Corte Interamericana de Derechos Humanos contra México, y, por el mal uso de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública”.
La legisladora también recordó la postura de morenistas contra la Ley de Seguridad Interior en sexenios pasados.
“La militarización no es un verbo que cambie según la persona que está en el poder”.
El morenista Javier Corral, presidente de la Comisión de Justicia, advirtió que las críticas de la oposición caen en la distorsión y la magnificación y lamentó que la seguridad esté politizada.
El exgobernador de Chihuahua, sin embargo, admitió que la seguridad pública debería tener un debate más responsable, amplio y sincero.
Retomó la postura de Adán Augusto López sobre cómo enfrentarse a la realidad transforma las decisiones políticas, y parafraseó al panista Carlos Castillo Peraza:
“Cuando uno está en la oposición está en el cielo, pero cuando uno está en el gobierno está en la tierra y entonces hay que enfrentar las realidades acumuladas del rezago, la incompetencia y la complicidad o la corrupción. Y esa es la realidad en la que se enfrentó la creación de la Guardia Nacional en la necesidad de reformar la inseguridad ante los altos niveles de violencia”.
El chihuahuense reconoció una crisis en esta materia: “La violencia y la inseguridad en México ha alcanzado niveles críticos y eso ha generado un clamor social por soluciones más efectivas y coordinadas. Ante la debilidad institucional de los cuerpos de seguridad civiles es el reclamo de medidas que realmente representen un golpe de timón”.
El encargado de presentar el posicionamiento de Morena fue Omar García Harfuch, próximo secretario de Seguridad Ciudadana en el gabinete de Claudia Sheinbaum. Un posicionamiento que terminó siendo también una exposición de la estrategia de seguridad.
García Harfuch rechazó que exista militarización debido a que la Secretaría de Seguridad Ciudadana es la que dirige la estrategia y coordina el Gabinete.
La intención del gobierno morenista, dijo, es lograr una alta coordinación entre la Sedena y la Marina, y a su vez con los 32 gobiernos estatales que conduzca a la detención de quienes cometen delitos.
“A la gente no le importa si es un delito del fuero federal o del fuero común, lo que exige es que se resuelvan los delitos”.
Aseguró que la Guardia Nacional no será el único eje para atender la inseguridad, sino que será complementaria con medidas preventivas, la investigación y coordinación con otras corporaciones de todo el país. La Secretaría de Seguridad federal a su cargo, dijo, será fortalecida con una Subsecretaría de Inteligencia e Investigación y el Centro Nacional de Inteligencia.
Harfuch argumentó que trabajarán con la policía federal ministerial que existe dentro de la Fiscalía General de la República con la que va a investigar.
Retomó las medidas aplicadas en Ciudad de México que según sus cifras redujeron la mitad de delitos de alto impacto.
“Con mucho respeto, considero que es muy fácil desde la Ciudad de México solicitar que el Ejército regrese a sus cuarteles, pero hay cientos de comunidades en nuestro país que viven en una realidad diferente a nuestra ciudad que lo único que tienen es al Ejército y a la Marina para ir en su auxilio”.
La reforma aprobada adscribe la Guardia Nacional a la Sedena, con lo que tendrá un mando militar y personal militar con formación policial. La reforma faculta a la corporación para investigar delitos:
“La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público, a las policías y a la Guardia Nacional, en el ámbito de su competencia, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquel en el ejercicio de esta función”, señala el dictamen.
La Guardia Nacional deberá ejecutar la Estrategia Nacional de Seguridad Pública que establezca la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), a cargo de Omar García Harfuch en el próximo sexenio.
La reforma contempla el fuero militar para los integrantes de la Guardia Nacional, restringido solo en casos donde se presuman violaciones a los derechos humanos de civiles, en los que deberán ser sancionados por tribunales civiles.
Asimismo, la reforma faculta al Congreso a expedir las leyes secundarias sobre la participación del Ejército, Marina y Fuerza Aérea en tareas de seguridad interior y de seguridad pública. Y el Senado deberá ratificar los nombramientos de mandos militares nombrados por la presidenta.
La reforma también señala que los integrantes de la Guardia Nacional que provienen de la Policía Federal pasarán a la Secretaría de Seguridad Pública y Protección Ciudadana.
Esta reforma tiene que ser aprobada por al menos 17 congresos estatales y regresar a ambas Cámaras para que validen su constitucionalidad.
Minutos después de concretarse la reforma, Omar García Harfuch, Ernestina Godoy y Citlalli Hernández solicitaron licencia para separarse de su cargo en el Senado el 30 de septiembre, previo a su incorporación al gabinete de Claudia Sheinbaum el 1 de octubre. Las tres licencias fueron aprobadas.