La Secretaría de Marina concretó la fusión de Grupo Aeroportuario de la Ciudad de México (GACM) y Servicios Aeroportuarios de la Ciudad de México (SACM), con el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM) para consolidar la empresa estatal Grupo Aeroportuario Marina, con la que tendrán el control de 7 aeropuertos del país.
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De acuerdo con la Secretaría de Marina, la fusión es parte del plan de Gobierno de Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armadas administren algunos aeropuertos del país bajo el argumento de garantizar la seguridad y mejorar la rentabilidad de la empresa.
“Responde al plan del gobierno mexicano de eliminar redundancias en la estructura corporativa de estas entidades aeroportuarias, lo que permitirá optimizar operaciones y recursos para mejorar la rentabilidad de la empresa, la seguridad en los aeropuertos y la conectividad aérea del país en beneficio de las personas usuarias”, dio a conocer la Secretaría en un comunicado.
De acuerdo con el convenio, el AICM fungirá como concesionaria y operadora del Aeropuerto Internacional Benito Juárez de la Ciudad de México y tendrá control sobre estos aeropuertos:
– Ciudad del Carmen
– Ciudad Obregón
– Colima
– Guaymas
– Loreto
– Matamoros
También ejercerá su participación accionaria en el Aeropuerto Internacional de Toluca.
Se espera que en los próximos meses más aeropuertos estén en control de la Marina.
“Bajo el nombre comercial de Grupo Aeroportuario Marina, la entidad irá incorporando a otros aeródromos del territorio nacional y tendrá sus oficinas centrales en el edificio de propiedad federal que alguna vez ocupara la empresa Interjet”,
La nueva entidad estará al mando del almirante Juan José Padilla Olmos, designado por el Secretario de Marina, José Rafael Ojeda Durán, y se espera que entre en operación el próximo año.
“La fusión acordada surtirá efectos en términos de lo establecido en la Ley General de Sociedades Mercantiles, una vez efectuadas las actividades de cierre de las entidades, es decir, GACM, SACM y AICM, que se estima ocurran a finales del año en curso”.
En febrero de 2023, la Cámara de Diputados aprobó el dictamen que expide la Ley de Protección del Espacio Aéreo Mexicano, una iniciativa propuesta por el presidente Andrés Manuel López Obrador para que las Fuerzas Armandas tuviesen facultades para vigilar el espacio aéreo mexicano.
Con esto, las funciones de seguridad dejaron de estar a cargo de un cuerpo civil para que la Secretaría de la Defensa Nacional coordine al resto de las dependencias involucradas en las operaciones de tráfico aéreo.
Posteriormente, en mayo de ese mismo año, el presidente de México autorizó a la Secretaría de Marina encargarse de la seguridad del AICM, bajo el argumento de impedir el tráfico de drogas, robo de maletas entre otros delitos.
Meses más tarde, en junio de ese mismo año, aseguró que la Marina realizó bien su trabajo y decretó dejarte todo el control del Aeropuerto, por lo que esta entiedad dejó de ser operada por la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes.
“Ya está a cargo del control, de la vigilancia del AICM. Ha hecho muy buen trabajo y yo creo que muchos ya lo están notando, no hay robo de maletas como sucedía antes y se cuida que no entren drogas”, dijo en su momento el mandatario federal para justificar la operación.
Desde el inició de la administración de Andrés Manuel López Obrador, las Fuerzas Armadas han ido acumulando tareas adicionales a la seguridad entre ellas, la construcción y operación del AIFA y del Tren Maya; estar a cargo de la Agencia Nacional de Aduanas de México para limpiar las aduanas de corrupción; la creación de la empresa Turística Integral Islas Marías y la empresa Olmeca-Maya-Mexica, administrada por la Secretaría de la Defensa.
A través de decretos presidenciales, el Ejército y la Marina han desplegado su poder a lo largo de todo el territorio nacional y han captado la mayor parte del presupuesto.
De acuerdo con el Inventario Nacional de lo Militarizado, una base de datos que documenta el incremento de la presencia castrense en el país, documentó que 83% de los convenios entre las fuerzas armadas y otras instituciones federales son para funciones civiles no relacionadas con la seguridad pública, como la protección del ambiente, la política social, la salud y las obras públicas.
La Semarnat, Pemex y el SAT son las instituciones federales con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.
Por su parte, Nuevo León, Tamaulipas y Ciudad de México son las entidades federativas con las que más convenios han firmado las Fuerzas Armadas.