El gobierno federal presentó este miércoles la estrategia nacional del sector eléctrico que forma parte del Plan Nacional de Energía que se implementará durante este sexenio y que busca, entre otras cosas, fortalecer la planeación y el diagnóstico del sistema eléctrico, consolidar la Comisión Federal de Electricidad (CFE) y avanzar hacia la transición energética.

Esta estrategia es la continuación de la reforma energética impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y recién aprobada por el Congreso de la Unión, la cual plantea que Petróleos Mexicanos (Pemex) y la Comisión Federal de Electricidad (CFE) vuelvan a definirse como “empresas públicas”. 

“Logramos también recuperar la planeación para el sector energético que nunca debimos de haber perdido, lo que nos va a permitir establecer la expansión a mediano y largo plazo e impulsar la transición energética”, remarcó. 

La funcionaria indicó además que estos cambios permitirán implementar una nueva estructura operativa y funcional en la CFE que garantice la prestación del servicio eléctrico al tiempo que mejora su capacidad financiera a través del uso de instrumentos innovadores en inversiones de proyectos, así como de medidas de austeridad para disminuir gastos innecesarios.

Según informó Emilia Esther Calleja Alor, directora general de la CFE, implementar este plan requerirá de una inversión de 23 mil 400 millones de dólares distribuidos en generación, transmisión y distribución.

La titular de la Comisión explicó que el plan contempla tres escenarios de generación de energía eléctrica de aquí a 2030 en los que se prioriza el uso de fuentes de energía limpia lo que permitirá la reducción de emisiones de CO2 entre un 4.5 % y un 12.7 %. 

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La estrategia propuesta por el gobierno de Sheinbaum se basa en cuatro ejes. El primero consiste en el fortalecimiento de la planeación del Sector Eléctrico Nacional.

González Escobar señaló que la planeación energética tiene como objetivo que el Estado recupere su capacidad para “ordenar, regular y orientar” el desarrollo tanto del sector eléctrico como de la transición energética, a mediano y largo plazo. 

A su vez, se fortalecerá la coordinación con otras secretarías y con gobiernos locales para la ejecución de proyectos. 

El segundo eje buscará priorizar la justicia energética y el acceso universal a la electricidad. Para lograrlo, el gobierno se comprometió a no incrementar los precios ni las tarifas por encima de la inflación y a mantener el subsidio para los hogares más pobres y vulnerables.

La funcionaria adelantó que se llevarán a cabo proyectos de generación en sitio para llevar la electricidad a los hogares que no cuentan con ella. Además, se implementará un programa que sustituya el uso de leña y otro de paneles fotovoltaicos en el norte del país, el cual iniciará en Mexicali. 

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Reglas para la inversión privada  

Otro de los ejes establece las reglas para asegurar e incrementar las inversiones de la iniciativa privada. González Escobar reiteró que se mantendrá una participación privada de hasta 46 % en la generación de energía eléctrica, fomentando su integración al proceso de transición energética. 

El gobierno considera que la inversión privada podría aportar entre 6 mil 400 y 9 mil 550 megawatts adicionales de energía limpia de aquí al 2030. 

“Esto contempla la generación necesaria para aprovechar y desarrollar los polos de desarrollo y aprovechar el nearshoring, pero estas inversiones deben de contribuir al desarrollo local con los principios de justicia, legalidad y apoyo a las comunidades propietarias de la tierra”, subrayó la funcionaria. 

El modelo de generación eléctrica propuesto por el gobierno contempla la creación de una figura de producción mixta en la que el Estado participe con al menos 54 % de la inversión y que el resto sea privada.

Sobre esto, la secretaria de Energía precisó que los generadores para el mercado eléctrico seguirán existiendo siempre y cuando cumplan con los requerimientos de confiabilidad y respaldo en caso de ser energías intermitentes.

Además, dijo que se proporcionarán los mecanismos necesarios para que las empresas que producen su propia energía eléctrica, también denominadas de autoabasto, puedan operar de manera legal. 

Para ello proponen que los hogares y pequeñas empresas que generen hasta 0.7 megawatts para consumo propio estén exentas del permiso de distribución. Mientras que a las empresas que requieran conectarse a la red se les solicitará únicamente el pago del uso de la infraestructura de transmisión.

Mientras que para facilitar los trámites de inversión, se creará una ventanilla única y se implementará una estrategia de simplificación administrativa orientada a reducir tiempos y costos. 

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En cuanto al eje orientado a crear un sistema eléctrico “robusto, confiable y seguro”, Emilia Esther Calleja Alor señaló que se ha implementado un Plan de Confiabilidad que abarca acciones de carácter preventivo, el mantenimiento anual de centrales generadoras y una gestión oportuna de los inventarios de los combustibles que garantizan continuidad en el suministro.  

A su vez, indicó, en los procesos de transmisión y distribución se han implementado estrategias de renovación, mantenimiento y gestión oportuna de un inventario de refacciones y materiales para atender emergencias.