Gastan mil veces más en buscar a general desaparecido en Panamá que en el promedio de inversión por persona desaparecida en México
La búsqueda del general revolucionario Catarino Garza, desaparecido en Panamá, en la que se invirtieron al menos 9.5 millones de pesos, costó mil veces más que la inversión promedio que hacen los estados por cada víctima desaparecida, que es de 8 mil 932 pesos.
Así lo demuestra la actualización a 2023 del informe En búsqueda del presupuesto, de la organización Elementa DDHH. Aunado a ello, el presupuesto de la Secretaría de la Defensa Nacional en 2023 habría costeado más de 169 veces la inversión conjunta que hacen los estados en búsqueda de personas, que fue de 849 millones, apenas un 0.57% de los 144 mil 60 millones gastados ese año por Sedena.
A pesar de eso, en la nueva propuesta de presupuesto para el 2025, el subsidio federal para las comisiones de búsqueda estatales se reducirá en un 4.12% en términos reales respecto a 2024, al pasar de 891.3 a 854.6 millones. El año previo, respecto de 2023, el recurso federal registró un crecimiento de apenas un 0.69%, con solo 6.15 millones más, luego de incrementos que llegaron a ser de más del 100% entre 2019 y 2021.
Además, en años anteriores —entre 2019 y 2021– las comisiones de búsqueda locales desaprovecharon 233 millones de pesos de los subsidios que recibieron, según documentó Animal Político.
Luego del primer estudio que Elementa DDHH hizo del presupuesto destinado a las comisiones estatales de búsqueda de personas en 2022, la actualización de su informe al 2023 amplía el análisis en aspectos relacionados con funciones, organigramas, metas e indicadores de dichas dependencias locales.
Incremento de recursos por persona, debido a disminución de registro
“La desaparición de personas sigue siendo un problema en alarmante aumento en México. Tan solo en 2023 el número de personas desaparecidas y no localizadas fue de 9 mil 785”, consigna el documento con fecha de consulta a septiembre de 2024. Al cierre de esta publicación, el Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) contabiliza 10 mil 173 en todo 2023.
Tanto en 2022 como en 2023, Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León se han mantenido a la cabeza como las entidades con mayor número de personas desaparecidas. Al comparar estos años, Elementa DDHH documenta un incremento general real del 24.2% en la inversión de los estados en sus comisiones locales de búsqueda –contemplando los recursos propios, no solo el subsidio federal– y un aumento de 33.9% en la inversión promedio por persona desaparecida, que pasó de 6 mil 386 a 8 mil 932.
“Sin embargo, dado el tamaño de la crisis es necesario tomar estos datos con prudencia y analizarlos desde una perspectiva crítica. El aumento en la inversión promedio por persona desaparecida no se debe exclusivamente a un incremento en los recursos destinados a la búsqueda de personas, sino que está influenciado, en gran medida, por la reducción en el número de víctimas en el RNPDNO”, aclara el reporte.
Además, la disminución en el registro no refleja una mejora real de la situación, sino variaciones metodológicas en la contabilización oficial, que se dieron a partir del anuncio de una nueva Estrategia de Búsqueda Generalizada por parte del expresidente Andrés Manuel López Obrador y que, de acuerdo con la investigación Volver a desaparecer, de la organización Data Cívica, representó la pérdida de registro de 10 mil 953 personas.
Por otro lado, el análisis detallado de Elementa DDHH muestra que en proporción con los presupuestos totales de los estados, el aumento de recursos para sus comisiones de búsqueda locales las sigue colocando en un lugar marginal y no proporcional al incremento en número de personas desaparecidas.
Mientras que en 2022 se destinó un 0.026% del presupuesto estatal total a estas dependencias, para 2023 solo subió a 0.29%. De acuerdo con el cierre de las cuentas públicas de 2023, consigna la organización, los 32 estados ejercieron durante 2023 casi 2.9 billones de pesos en total, de los cuales únicamente 843.3 millones fueron asignados a sus comisiones de búsqueda locales.
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“Al comparar los resultados entre 2022 y 2023, observamos que 17 estados incrementaron, en términos reales, la inversión destinada a sus comisiones locales de búsqueda. En contraste, 11 estados registraron recortes en sus presupuestos”, detalla el informe. Entre las que tuvieron un mayor incremento –más del 50%– se encuentran Tamaulipas, Sinaloa, Sonora, Ciudad de México e Hidalgo, y aun así siguen sin acercarse al presupuesto de los estados que más destinan al tema.
En contraste, los recortes más altos se dieron en Quintana Roo, Chihuahua, Jalisco, Tabasco y Campeche. Elementa DDHH alerta, en particular, sobre el caso de Jalisco que pese a mantenerse en los últimos años como la entidad con el mayor número de personas desaparecidas, registró el recorte neto más grande, al pasar de 116.2 millones en 2022 a 72 millones en 2023.
Los recortes presupuestarios “limitan significativamente la capacidad de las CLB para cumplir año con año con sus funciones esenciales y consolidar su trabajo, como la búsqueda efectiva de personas desaparecidas, el apoyo a las familias afectadas y la coordinación con otras instituciones”, advierte la organización, y es “especialmente preocupante” en las entidades que mantienen altas tasas de desaparición.
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¿Qué pasó con el dinero de las comisiones locales de búsqueda en 2023?
Pese a que Jalisco redujo el presupuesto para su comisión estatal de búsqueda respecto a 2022, en 2023 con 72 millones de pesos siguió siendo la que más recursos destinó a nivel nacional al órgano local, seguida por Sinaloa (67.5 millones) y el Estado de México (43 millones). En cambio, en Yucatán, Querétaro y Tlaxcala la inversión en el rubro no superó ni los 5 millones de pesos.
De esta manera, la inversión promedio de las 32 comisiones locales de búsqueda en 2023 fue de 26.5 millones de pesos. Por destacar algunos ejemplos de contraste, Elementa DDHH recupera en su análisis que el 8 de marzo de 2024, el gobierno de Chihuahua destinó 39.2 millones para instalar vallas metálicas alrededor de edificios gubernamentales, tres veces más del presupuesto de su comisión de búsqueda en todo 2023.
En tanto, el gobierno de Jalisco pagó 25 millones de pesos para promocionar el casco del piloto de Fórmula 1 Checo Pérez, equivalentes al 34% de lo que destinó a su comisión de búsqueda durante 2023. Todo ello ocurre en un contexto en el que las comisiones locales de búsqueda muchas veces no cumplen ni con la estructura básica requerida por la ley, y algunas incluso operan con una sola persona, como documentó Animal Político desde noviembre de 2022.
Para 2023, el promedio de empleados por comisión, de acuerdo con el informe de Elementa DDHH, fue de 30 personas. La de Jalisco se mantuvo como la más grande con 118, pero la de Tlaxcala sigue siendo unipersonal. Aunado a ello, en 25 comisiones del país –siete se negaron a proporcionar información– el 37.8% de las personas está contratada bajo un esquema de confianza, el 34.8% por prestación de servicios, el 25.8% mediante un contrato de base y un 1.6% bajo otros esquemas.
Solo en los casos de Aguascalientes, Chihuahua, Ciudad de México, Estado de México y Nuevo León la mayoría de las personas están contratadas con un régimen de base, lo que evidencia –subraya el documento– una situación de precarización laboral en la que se encuentra la mayoría de las comisiones, pues gran parte de sus empleados no cuenta con prestaciones ni certidumbre sobre su permanencia en las dependencias.
Aunado a ello, Nuevo León, Hidalgo y Sinaloa no informaron el desglose de los gastos de sus comisiones, sumadas a San Luis Potosí y Oaxaca, que no proporcionaron ninguna información presupuestal. El documento también consigna que diversas comisiones reportan en sus anexos técnicos –proporcionados a la Comisión Nacional de Búsqueda para acceder al subsidio federal– una cantidad diferente de personas desaparecidas a la registrada en el RNPDNO.
De las que sí respondieron, el concepto en el que más gastaron recursos las comisiones de búsqueda fue en su nómina (32.6%), seguido de bienes, muebles, inmuebles e intangibles (24.2%) y contratación de servicios (17.5%). Las comisiones locales que más gastaron en nómina fueron el Estado de México y Jalisco, que se mantienen en los primeros lugares a nivel nacional por número de personas desaparecidas.
Por otro lado, “no podemos ignorar que, en la práctica, la inversión en tecnología o equipo no garantiza por sí sola una búsqueda más efectiva. Por ejemplo, al menos un colectivo de búsqueda de personas con el que hemos tenido contacto ha criticado contratos y adquisiciones de autobuses, camionetas e incluso una embarcación destinada a la búsqueda de personas. Esto es, en gran medida, porque no se cuenta con el personal suficiente o especializado en su manejo”, señala la organización.
Sin embargo, en términos porcentuales, las comisiones de Chihuahua, Yucatán, Chiapas, Campeche y Quintana Roo estuvieron entre las que más invirtieron en ese rubro, pero entidades como Estado de México, Tamaulipas y Querétaro no le asignaron presupuesto, por lo que no mostraron una priorización de su capacidad operativa en equipamiento y tecnología; los dos primeros son territorios con un alto índice de personas desaparecidas y una estructura razonable en sus órganos de búsqueda.
Aunado a ello, la Ciudad de México, Jalisco, Veracruz, Campeche, Coahuila y Sonora destacan en la lista de entidades que más dependieron de servicios subcontratados para la operación de sus comisiones de búsqueda. Por otro lado, durante 2023 solo las comisiones de Baja California, Durango y Jalisco priorizaron la construcción de infraestructura o instalaciones, mientras que en el resto no existió inversión en ello.
El informe también hace énfasis en que más de dos terceras partes del presupuesto anual de las comisiones locales sigue proviniendo de la federación y no de fondos propios, lo que refleja su dependencia crítica de los recursos federales para llevar a cabo acciones de búsqueda, por lo que la organización considera urgente que los estados asignen una mayor proporción de recursos propios a esas labores.
“Los subsidios federales sostienen la mayor parte de las labores en materia de búsqueda en todo el país; la falta de inversión estatal en esta tarea se convierte así en una de las principales causas de los problemas que enfrentan las comisiones locales de búsqueda en el trabajo diario”, concluyen.
Entre las recomendaciones que destaca Elementa DDHH a las entidades y a sus comisiones locales están facilitar la transparencia y el acceso a la información, aumentar la inversión de recursos estatales propios, fomentar el diálogo e intercambio de buenas prácticas entre entidades, propiciar la rendición de cuentas y elevar la calidad y profesionalización de su documentación técnica.
