El gobierno federal instaló el Comité Técnico del Fondo de Pensiones para el Bienestar para que a partir del próximo 1 de julio comiencen a realizarse los primeros pagos compensatorios por concepto de jubilación.
De acuerdo con Carlos Martínez Velázquez, director del Infonavit, con la instalación del comité, se contará con un instrumento que permitirá a los trabajadores que iniciaron su cotización a partir de 1997, obtener una mejor pensión.
El Fondo de Pensiones será administrado por el Banco de México, pero obtendrá los recursos a través de la Secretaría de Hacienda. El objetivo de dicho fondo es asegurar que los trabajadores tengan una pensión del 100%, equivalente a su último salario.
De acuerdo con la legislación, la cual entró en vigor el 1 de mayo, el Comité Técnico tendrá como principal tarea aprobar, emitir y modificar las Reglas de Operación del Fondo de Pensiones para el Bienestar.
También debe aprobar el régimen de inversión del patrimonio del Fondo y establecer los parámetros y lineamientos generales, así como las metodologías de evaluación sobre las inversiones y rendimientos correspondientes.
En la reunión estuvieron presentes el titular de Hacienda, Rogelio Ramírez de la O; así como la gobernadora del Banco de México, Victoria Rodríguez Ceja.
También Luisa María Alcalde, titular de Gobernación; representantes del ISSSTE e IMSS; el secretario del Trabajo, Marath Bolaños y Carlos Martínez Velázquez, titular del Infonavit.
El pasado 1 de mayo entró en vigor el Fondo de Pensiones para el Bienestar, el cual plantea que el dinero de las cuentas inactivas de las personas mayores de 70 años sea transferido para poder financiar las compensaciones.
El Fondo de Pensiones para el Bienestar también se financiará con los recursos obtenidos por el Instituto para Devolver al Pueblo lo Robado, así como de las utilidades de empresas como el Tren Maya, Mexicana de Aviación y el Transístmico. A esto se sumarán los terrenos del Fondo Nacional de Fomento al Turismo (Fonatur).
Aunque la oposición interpuso una acción de inconstitucionalidad contra la reforma que crea el fondo; hasta que la Suprema Corte decida sobre el tema, la ley se mantendrá vigente.