Mirna Raquel Tapia Quezada, secretaria de juzgado con 22 años de experiencia dentro del Poder Judicial, hace con sus manos una especie de megáfono para gritar consignas con las que intenta hacerse escuchar, ante el Senado de la República, en las protestas que por octavo día consecutivo han mantenido en todo el país trabajadores del Poder Judicial de la Federación contra la eliminación de 13 de sus fideicomisos.
Sin embargo, más allá de salir a defender sus derechos laborales, Tapia Quezada platica que el principal motivo para salir a protestar es luchar por el bienestar de su hijo, pues durante más de 15 años aportó de manera voluntaria el 10% de su salario para un fideicomiso relacionado a su pensión pensando en tener “un ahorro” que les serviría en un futuro.
“No puedo darme el lujo de que me quiten ese ahorro que no rescaté cuando era personal operativo y pasé a ser personal de mando medio porque dije ‘este va a ser el ahorro para mi hijo, es lo que he ahorrado para mi hijo’ y ahora ya no está, porque al final los diputados decidieron que esos recursos se iban a extinguir”, dice en entrevista con Animal Político.
Y es que entre los fideicomisos del Poder Judicial eliminados por Morena y sus aliados hay tres relacionados con pensiones “complementarias”. Es decir, montos de pensión que se suman a los que asigna por ley el ISSSTE a funcionarios públicos, y que son financiados con recursos provenientes de los fideicomisos.
Uno de los cuales es precisamente el de Pensiones Complementarias para mandos medios y personal operativo, con un saldo por 2,972 millones de pesos para los trabajadores.
🔴#Ahora | En este momento la senadora @XochitlGalvez y el grupo opositor del Senado piden abrir las puertas del Senado a trabajadores del Poder Judicial.
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— Animal Político (@Pajaropolitico) October 24, 2023
Hace una semana, el martes 17 de octubre, con mayoría de Morena, la Cámara de Diputados aprobó en lo general y lo particular la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial, turnando el documento al Senado de la República para su posterior discusión y aprobación.
Desde el lunes, trabajadores del Poder Judicial tomaron la decisión de extender su paro nacional hasta este martes 24 de octubre, día en que el Senado discutiría la aprobación del dictamen, para pedir al Congreso rechazar la eliminación de estos fondos, acción que incluso tuvo su máximo esplendor el domingo, cuando llevó a cabo una marcha histórica del Monumento a la Revolución a Palacio Nacional y que tuvo réplica en diversas entidades del país.
Por esa misma razón ayer, alrededor de las 9 de la mañana, trabajadores del Poder Judicial comenzaron a llegar en diversos camiones blancos y ordenados por órganos jurisdiccionales a avenida Paseo de la Reforma, frente al Senado, para iniciar su protesta contra la eliminación de sus fideicomisos, misma que se extendió por más de 6 horas.
“¡El PJF trabaja para defender tus DERECHOS! Hoy toca defendernos para defenderte. #SoyPoderJudicial #RespetoAlPJF”, se podía leer en las camisetas blancas que decenas de trabajadores portaban, mientras gritaba otras consignas como “¡El poder judicial no se toca!” y “¡No son privilegios, son nuestros derechos!”.
En medio del barullo, la secretaria de juzgado Tapia Quezada explicó que desde que egresó de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM) ha desempeñado toda su carrera en el Poder Judicial, desde juzgados hasta tribunales, razón por la cual durante 15 años que se desempeñó como personal operativo le estuvieron descontando el 10% de su salario, “porque yo así lo dispuse y porque se me hizo que era una buena idea ahorrar para mi retiro”.
“Entonces, evidentemente, el ahorro no me sirvió de nada durante esos 15 años y por eso vengo a marchar, porque yo no soy ministra ni soy magistrada ni soy juez ni ningún ministro ni magistrado me mandó. Como lo dijo en alguna ocasión una compañera de un Tribunal Colegiado en Materia Laboral, nosotros somos lo suficientemente preparados y lo suficiente inteligentes como para no necesitar que alguien nos esté mandando”, dice.
La declaración de Tapia contrasta con los dichos del presidente Andrés Manuel López Obrador que en reiteradas ocasiones ha asegurado que los trabajadores “están siendo utilizados, manipulados, por los de arriba del Poder Judicial” para salir a protestar, pero ha afirmado que los derechos laborales de los trabajadores no serán tocados.
Al respecto, Tapia asegura que en los 22 años que lleva dentro del Poder Judicial jamás había visto algo así.
“Nunca, porque nosotros siempre nos dedicamos a trabajar y pensamos que trabajando le dábamos al país lo que el país necesitaba. Desgraciadamente salimos a las calles y nos damos cuenta de que la gente no sabe que los juicios que nosotros vemos, los juicios de amparo son en contra de autoridades, no en contra de personas […] Es triste, pero yo creo que nos tocaba salir a las calles para decirle esto a la gente”, dice.
Además, explica que otras de sus razones para salir a protestar radican en que su hijo tuvo que ser inscrito a una escuela privada luego de que el Gobierno tomó la decisión de quitar las escuelas de tiempo completo, “porque mi horario no me daba para que mi hijo pudiera ir a una escuela de medio tiempo”; mientras que, a su esposo, que era investigador en el Conacyt, le quitaron los beneficios que tenía tras la transición que ha sufrido este organismo, por lo que se quedó con su maestría trunca.
“Entonces si te fijas han sido varias las determinaciones que ha tomado este gobierno y que yo dije ‘está bien, soy institucional, ni modo’, pero esta es la última. No puedo darme el lujo, así como están las cosas en el país, de que mi sueldo sea disminuido”, dice.
Momentos después, la senadora Xóchitl Gálvez y diversos legisladores del grupo opositor en el Senado salieron del recinto legislativo y pidieron al personal de seguridad del Congreso abrir las puertas del edificio para poder hablar con los trabajadores del Poder Judicial y escuchar sus demandas.
Sin embargo, ante la negativa del equipo de seguridad de abrir las puertas, la senadora Xóchitl Gálvez salió del recinto legislativo para dar un mensaje a los trabajadores del Poder Judicial.
“Vamos a dar la pelea junto con ustedes porque son sus derechos y los derechos de los trabajadores no se tocan”, dijo luego de asegurar que de aprobarse el dictamen iniciaría una “pelea jurídica” en la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) “porque se están violentando sus derechos humanos y eso está prohibido con la Constitución”.
En entrevista con diversos medios de comunicación, el senador Julen Rementería, coordinador del PAN en el Senado, explicó que de hecho ya estaban recabando las firmas para poder presentar una acción de inconstitucionalidad.
“Hay violaciones a derechos fundamentales, derechos humanos, está claro que es a los derechos laborales, no pueden contener el 127 de la Constitución, entonces con esto, solamente con estos dos ya se tendría que suspender los efectos de cualquier cambio que se realice hoy, para poder detener la eliminación de los fideicomisos. Ya luego que la Corte resuelva a fondo en el tiempo que lo quiera resolver, pero por lo pronto que los recursos sigan estando donde están”, dijo.
El artículo 127 de la Constitución, citado por el senador, señala que los servidores públicos de la nación “recibirán una remuneración adecuada e irrenunciable por el desempeño de su función, empleo, cargo o comisión, que deberá ser proporcional a sus responsabilidades” siempre y cuando estén asignadas por la ley, decreto legislativo, contrato colectivo o condiciones generales de trabajo.
Minutos después de la salida de los legisladores de oposición, trabajadores del Senado de la República desplegaron una manta en “apoyo y defensa de los derechos laborales de los compañeros del Poder Judicial”, por lo que los manifestantes agradecieron cantando el himno nacional y gritando “ese apoyo sí se ve”.
Pese a lo anterior, alrededor de la 1 de la tarde, el Senado aprobó en comisiones la extinción de los fideicomisos del Poder Judicial. Senadoras y senadores de los partidos de oposición acusaron al grupo parlamentario de Morena de trampa, pues de último momento la Junta de Coordinación Política (Jucopo) firmó un acuerdo para agregar a dos senadores a la Comisión de Estudios Segunda y completar el quórum para la votación y aprobación del dictamen, por lo que la discusión continuó en el Pleno.
Tras darse a conocer la resolución de las comisiones unidas de Hacienda y Crédito Público, y de Estudios Legislativos Segunda, sobre la extinción de los fideicomisos, Patricia Aguayo, secretaria de un Tribunal Colegiado en Materia Laboral y representante de los trabajadores del Poder Judicial anunció que levantarían la protesta fuera del Senado.
“Como decimos los abogados, ya nos dieron palo, ¿qué quiere decir eso? Pues que perdimos el asunto aquí y ya lo sabíamos, lo teníamos contemplado perfectamente, pero igualmente nuestra capacidad y nuestros conocimientos jurídicos ya nos permitían saber que ahora vienen los recursos legales ¿Cuáles son esos recursos legales? Bueno, para los trabajadores los amparos, pero para los legisladores, tanto en Cámara de Diputados como en Cámara de Senadores, las acciones de inconstitucionalidad, que tendrán que resolverse por quién legal y constitucionalmente tengan que resolverse”, dijo.
En ese sentido, la secretaria informó que por la noche de este mismo martes se definirían las acciones a tomar en las protestas del Poder Judicial, entre las que estaban extender las protestas hasta el 15 de noviembre, previo a la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación 2024.
“En donde también tenemos una amenaza importante de que nos lo reduzcan y obviamente con afectaciones mayores inclusive para nuestras prestaciones y derechos laborales. Entonces esto no se ha acabado, va empezando y nosotros vamos a seguir aquí la batalla, ahora legal, ahora jurídica y con el balón en nuestra cancha”.
Al finalizar el día, el pleno del Senado aprobó en lo general la eliminación de 13 fideicomisos del Poder Judicial con 67 votos a favor, 48 en contra y 0 abstenciones.
Hamás e Israel intercambiaron rehenes y prisioneros este viernes como parte del acuerdo que incluye cuatro días de alto el fuego en la Franja de Gaza, el primero desde el inicio del conflicto el 7 de octubre.
El grupo islamista Hamás liberó a 24 rehenes, mientras Israel entregó a 39 prisioneros palestinos.
La organización palestina que gobierna Gaza, considerada terrorista por Estados Unidos y la Unión Europea, entregó a los secuestrados a la Cruz Roja, que los trasladó en varios vehículos por la frontera sur de la Franja hasta Egipto.
El grupo liberado por Hamás se compone de 13 ciudadanos israelíes, 10 tailandeses y un filipino, informó el Ministerio de Exteriores de Qatar, mediador en las negociaciones.
Israel confirmó que sus 13 ciudadanos ya se encuentran en el país.
El grupo forma parte de los 50 rehenes -entre ellos mujeres y menores de edad- que, en virtud del acuerdo, Hamás se comprometió a liberar en varias tandas durante la tregua de cuatro días.
La organización islamista radical palestina secuestró a 240 personas durante un ataque masivo a territorio israelí el pasado 7 de octubre, en el que murieron 1.200 personas.
La respuesta de Israel ha provocado en Gaza unos 14.000 muertos.
Los rehenes trasladados a Israel se encuentran bajo custodia de las fuerzas especiales y los servicios de seguridad del país, informaron las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI).
Indicaron que los liberados se sometieron a una evaluación médica inicial y fueron trasladados a hospitales en Israel, donde podrán reunirse con sus familias.
“Las FDI, junto con todo el sistema de seguridad israelí, seguirán trabajando hasta que todos los rehenes regresen a casa”, expusieron las FDI en un comunicado.
Todos los integrantes del grupo parecen estar en buen estado de salud, informaron autoridades médicas israelíes.
El jefe del servicio de ambulancias de Israel, Eli Bin, también confirmó que 13 de los rehenes eran israelíes y 11 ciudadanos extranjeros.
El presidente de Estados Unidos, Joe Biden, declaró sobre la liberación que “es sólo el comienzo, pero hasta ahora todo ha ido bien”.
“No pararemos”, afirmó el presidente estadounidense, hasta que todos los rehenes hayan sido devueltos a sus hogares.
Horas después de la liberación de los rehenes de Hamás, Israel envió de vuelta a territorio palestino a 39 prisioneros condenados por diversos delitos, en su mayoría ataques violentos contra las fuerzas de seguridad israelíes.
La entrega se produjo en el puesto de control fronterizo de Beitunia en Cisjordania, cerca de la ciudad de Ramala, confirmó Israel.
Los 39 prisioneros palestinos fueron elegidos de una lista compilada por las autoridades israelíes, compuesta de 300 mujeres y jóvenes, quienes han sido acusados de diversos delitos, desde arrojar piedras hasta intento de asesinato.
La gran mayoría de ellos se encuentran detenidos sin haber sido sometidos a un juicio y muchos de los que figuran en la lista son adolescentes varones: el 40% tiene menos de 18 años.
El acuerdo contempla que unos 150 prisioneros palestinos que están en cárceles israelíes salgan en libertad.
El alto el fuego entró en vigor este viernes después de un comienzo inestable, salpicado de sonidos esporádicos de explosiones.
Ambas partes informaron que la pausa sería temporal y que se extenderá por cuatro días.
La periodista de la BBC Anna Foster, quien se encuentra en el sur de Israel, señaló que el ejército israelí continuó su operación hasta que comenzó el alto el fuego, y parece que también hasta poco después de iniciado.
Desde que comenzó la tregua, han entrado en Gaza al menos 60 camiones con suministros de ayuda.
Israel indicó que ocho de ellos llevaron combustible en cumplimiento del acuerdo, que especifica la entrega de 130.000 litros diarios.
Este recoge que, cada uno de los cuatro días, entrarán en Gaza a través del cruce egipcio de Rafah 200 camiones que transportan ayuda como insumos médicos, agua y alimentos, cuatro camiones cisterna de combustible y cuatro camiones que transportan gas para cocinar.
“Israel insistió durante muchos días en que el combustible no debía pasar a Gaza porque decían que ya había combustible que Hamás estaba acaparando y temían que si enviaban más combustible, los militantes lo tomarían y lo utilizarían como parte de sus operaciones contra Israel”, señala la periodista Anna Foster.
Sin embargo, la garantía estipulada en el acuerdo es que el combustible será llevado directamente a los lugares que lo necesiten, como hospitales, y no se permitirá que le llegue a Hamás.
El Comité Internacional de la Cruz Roja (CICR), que supervisa la aplicación del pacto, destacó que la operación también “incluirá la entrega de asistencia humanitaria adicional” a Gaza.
También expresó su intención de enviar suministros médicos a los hospitales de la franja como parte de la operación.
La mayoría de los hospitales, especialmente en el norte, han dejado de funcionar o están sobrepasados por la avalancha de pacientes.
Sin embargo, el proceso sigue siendo muy complejo: las agencias de asistencia de la ONU también están enviando suministros a Gaza, pero hoy expresaron dudas cuando se les preguntó si podrían entregarlos en el norte de la Franja.
Aunque el acuerdo de alto el fuego de cuatro días sugiere que todas las áreas deberían ser accesibles para las organizaciones que entregan ayuda, Israel exigió a los palestinos ahora desplazados en el sur que se queden allí.
En un mensaje publicado en árabe en las redes sociales, el ejército israelí recordó a los palestinos que la pausa humanitaria es solo temporal y advirtió que la guerra no había terminado y que tenían prohibido desplazarse hacia el norte del territorio.
De acuerdo con Foster, las FDI han estado lanzando panfletos desde la mañana advirtiendo a los civiles dentro de Gaza que no se desplacen hacia el norte.
“Debido a esta calma inusual, sabemos que muchos de ellos van a aprovechar esa oportunidad, y ya lo han hecho, para iniciar el regreso a sus casas para tal vez recoger algunas posesiones y, en algunos casos, para comprobar si sus casas siguen en pie”.
Las FDI les han dicho que deben permanecer en la parte sur de la Franja de Gaza. Han reiterado que la parte norte sigue siendo una zona de guerra.
“La pausa está teniendo un efecto enorme en los civiles dentro de Gaza. Nos enteramos de que se llevarán a cabo las primeras oraciones públicas del viernes, desde que comenzó la guerra, en un estadio de fútbol abierto en Jan Yunis”.
Ismail Haniya, líder político de Hamás, dijo que el grupo está comprometido con la tregua con Israel y con el acuerdo de intercambio de rehenes, siempre y cuando “todas las partes” lo respeten .
Se reportó que Haniya, que reside en Qatar y dirige el buró político de Hamás, también señaló que las negociaciones eran “difíciles”.
Por otra parte, en una entrevista con la BBC, James Elder, un portavoz de Unicef, señaló que los palestinos en Gaza podrían aprovechar la tregua para buscar a los niños que están bajo los escombros.
“Tal vez el alto el fuego dé a la gente la oportunidad de buscar a sus familiares, quizás les dé a las familias la oportunidad de enterrar a los muertos”, indicó el funcionario que llegó a Gaza el jueves.
Elder indicó que todo tiene las marcas de la devastación. “Ya sean esas caras asustadas de niños o esas paredes destrozadas y ventanas rotas, todo cuenta la historia de este asalto implacable”.
Lucy Williamson, periodista de BBC News desde Cisjordania
El autobús avanzaba lentamente entre un mar de entusiastas partidarios palestinos.
A través de las ventanas se podía ver a algunos de los prisioneros bailando, entre ellos uno envuelto en una bandera palestina.
Fuera, teléfonos móviles pegados al cristal de las ventanas entre gritos de bienvenida y proclamas de “Dios es grande”.
Algunos entre la multitud ondeaban banderas de Hamás, mientras otros aludían esta noche a la unidad palestina, a un pequeño momento de victoria para los palestinos en medio de una guerra agotadora.
Para Israel, los prisioneros liberados esta noche son una amenaza a su seguridad. Para los palestinos que los reciben son víctimas de la ocupación de Israel, y su liberación es un símbolo.
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