Jueza exonera a exfuncionaria señalada de comprar el software espía Pegasus; FGR investigará a juzgadora
La jueza federal Alejandra Domínguez Santos rechazó vincular a proceso a Judith Aracely Gómez Molano, exoficial mayor de la extinta Procuraduría General de la República (PGR), señalada por la adquisición ilegal de equipos de espionaje conocida como Pegasus.
De acuerdo con la Fiscalía General de la República (FGR), la no vinculación a proceso se dio después de “dos años y medio de retraso ilegal”, razón por la cual informó que investigará a la juzgadora, por los delitos en contra de la administración de la justicia.
Animal Político buscó al Consejo de la Judicatura Federal (CJF), órgano encargado de supervisar el actuar de jueces y magistrados, para conocer los motivos por los cuales la juzgadora rechazó vincular a proceso a la exfuncionaria, pero no se recibió respuesta.
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Alejandro Gertz Manero, titular de la Fiscalía General de la República (FGR). Foto: Cuartoscuro
Le imputan a Gómez Molano cuatro delitos
Durante la audiencia, la FGR imputó a Gómez Molano cuatro delitos relacionados con la compra ilegal del sofware espía Pegasus, realizada por la entonces PGR en el año de 2014.
El delito de uso indebido de atribuciones y facultades le fue imputado a Gómez Molano al presuntamente incumplir con la obligación de supervisar dicha contratación ilegal, mientras que el de peculado fue por supuestamente participar en el desvío ilegal de recursos, sin que existiera el riesgo, la urgencia o la confidencialidad necesarios para estas compras.
También presentó pruebas para comprobar el delito de fraude equiparado, al incumplir sus obligaciones y participar en una operación que dañó gravemente el patrimonio de la Institución, en beneficio del proveedor.
Mientras que el delito de asociación delictuosa fue por presuntamente participar en los delitos anteriormente señalados, en conjunto con otros servidores públicos de la Institución.
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“En resumen, haber permitido la adquisición ilegal de esos equipos de espionaje, sin que se demostrara que había necesidad de ello, pagando 460 millones 196 mil 383.64 pesos, que le significaron un grave daño irreparable al patrimonio público”, señaló la FGR mediante un comunicado.
Sin embargo, según la Fiscalía, a pesar de todas esas pruebas ofrecidas la jueza de control decidió no vincularla.
“En razón de lo anterior, la Fiscalía ya inició el recurso de apelación correspondiente; y también iniciará de inmediato, a la Jueza de Control Alejandra Domínguez Santos, una carpeta de investigación por delitos en contra de la administración de justicia”, señaló.
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