FGR abre investigación contra dos jueces que ordenaron suspender la reforma judicial
La Fiscalía General de la República (FGR) inició formalmente una investigación por delitos contra la administración de justicia en contra de dos jueces de distrito, una de Jalisco y otro de Michoacán, quienes ordenaron suspender la reforma judicial.
Las carpetas de investigación son en contra de Sergio Santamaría Chamú, Juez Primero de Distrito con sede en Michoacán, y de María Gabriela Ruiz Márquez, titular del Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en Jalisco.
Ambos juzgadores informaron de los procedimientos este viernes, en la llamada “contramañenera” de jueces y magistrados, que realizan desde octubre del año pasado −según han dicho− para responder a los diversos “ataques” emitidos contra el Poder Judicial en las conferencias de la presidenta Claudia Sheinbaum, desde Palacio Nacional.
Santamaría Chamú informó que ayer fue notificado por la FGR de la investigación por el delito contra la administración de la justicia, que prevé 37 conductas penales.
Ante la denuncia, el juzgador anunció que solicitó medidas cautelares ante la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), para efecto de preservar su integridad y la independencia de la judicatura en general.
En tanto, la jueza Ruiz Márquez señaló que en lugar de perseguir delincuentes se está persiguiendo juzgadores.
“Estos actos son tendientes a amedrentarnos, yo no tengo miedo, yo lo he dicho en anteriores ocasiones, mis resoluciones son con base a las facultades constitucionales que tengo, (mi sentencia) está fundada y motivada”, dijo.
El conflicto entre los juzgadores con el TEPJF por la reforma judicial
El pasado 1 de noviembre de 2024, el juez Santamaría Chamú concedió una suspensión provisional para prevenir el “cese masivo” de personas juzgadoras del país, a favor de la Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial de la Federación (Jufed).
Días después, mediante una resolución otorgada el 14 de noviembre, el juez otorgó la suspensión definitiva a favor de la Jufed a fin de “impedir los efectos y consecuencias” de la reforma judicial y cualquier acto que tuviera por objeto “cesar o remover a las personas juzgadoras integrantes de la asociación”.
En el mismo sentido, la jueza María Gabriela Ruiz Márquez aceptó dar trámite a otro juicio de amparo promovido contra la reforma judicial que ordenó a diversas autoridades frenar la implementación de la elección judicial.
Sin embargo, la Sala Superior del Tribunal Electoral determinó, por mayoría de votos, que era constitucionalmente inviable suspender los actos que se relacionan con el desarrollo de la elección judicial, a cargo del Senado, el INE y otras autoridades competentes.
Por ello, el Tribunal Electoral determinó que las autoridades correspondientes debían continuar con la organización de los comicios y con el proceso de selección de candidatos, pese a la resolución de los dos jueces.
Posteriormente, el Comité de Evaluación del Poder Judicial detuvo sus actividades desde el pasado 7 de enero en acatamiento a las dos suspensiones dictadas por los jueces federales y terminó por desintegrarse cuando el Tribunal Electoral decidió que el Senado debía encargarse de seleccionar a los aspirantes que pasarían a la siguiente etapa.
El Tribunal Electoral actuó de esta manera sin esperar a que la Suprema Corte resolviera la controversia en la que determinaría a qué autoridad debía obedecer el Comité del Poder Judicial: si a los jueces federales que dictaron la suspensión o al propio tribunal que le había ordenado reanudar actividades.
Ayer, el pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) aplazó la discusión del proyecto con el que se resolverá el conflicto entre jueces federales que ordenaron suspender la elección judicial y el TEPJF, quien insiste en que los procesos electorales no pueden suspenderse a partir de juicios de amparo.
