La Fiscalía General de la República (FGR), por medio de su área de servicios periciales, está analizando nuevos perfiles genéticos de restos humanos que podrían estar relacionados con los 43 normalistas desaparecidos del caso Ayotzinapa.  

Así lo dieron a conocer la mañana de este miércoles los padres y madres de los estudiantes desaparecidos, a tan solo unos días de que el próximo miércoles 3 de julio se reúnan nuevamente con el presidente López Obrador, quien hace tan solo unos días anunció que habría novedades importantes en el caso. 

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Sin embargo, a pesar de este posible nuevo avance en las pesquisas para dar con el paradero de los estudiantes, padres y madres de los normalistas denunciaron que la FGR no informó al grupo de peritos forenses argentinos que acompañan a los familiares en el caso, aunque están obligados legalmente a hacerlo. Y tampoco involucró al Instituto de Medicina Forense de la Universidad de Innsbruck, Austria, incumpliendo el acuerdo con los familiares sobre la presencia de estos dos equipos que cuentan con su confianza.  

“La FGR niega e ignora a los peritos forenses argentinos, pareciera que no existen y pareciera que quieren imponer un resultado que no vamos a aceptar sin la participación de los expertos”, recalcó Ortega. 

“Esto, aun cuando en el pasado dicho método (mitocondrial) ya condujo a resultados inequívocos que provocaron mucho dolor entre las familias”, recordó el activista.

Por ello, Aguirre señaló que ante la posibilidad de que el inminente cierre del sexenio pueda llevar a un “anuncio precipitado de resultados”, desde ahora los padres y madres advierten que cualquier resultado que no haya sido validado por el equipo antropológico forense de expertos argentinos e Innsbruck “solo dañarán más el proceso y contribuirán a la confusión”. 

“En automático, los resultados no serán creíbles, y por eso pedimos que haya una revisión externa por los peritos argentinos que han participado en este caso. No queremos que haya un ‘madruguete’ por parte de la Fiscalía, pues no confiamos en ellos”, recalcó tajante Aguirre. 

Por su parte, la señora Hilda Hernández, madre de otro de los normalistas desaparecidos, acusó a las autoridades del gobierno actual de “estar haciendo lo mismo que el anterior: ocultar, engañar, y luego sacar anuncios espectaculares de nuevos avances”. 

“Queremos el regreso del GIEI”

Las familiares también advirtieron que los 15 folios de inteligencia militar entregados por el Gobierno de López Obrador en la reunión del pasado 3 de junio, no satisfacen la exigencia de que se entreguen los más de 800 folios que los padres llevan demandando desde julio de 2023, con base en el último informe del Grupo Interdisciplinario de Expertos Independientes (GIEI), el cual abandonó el país en julio del año pasado, ante la imposibilidad, denunciaron, de investigar a fondo el papel del Ejército en el caso.

De esos 800 folios, el Ejército respondió a los padres y madres que en 700 se trata de información que no tiene que ver con el caso Ayotzinapa, o de información que, unilateralmente, consideraron que no era relevante para la investigación y esclarecimiento del mismo. 

Sin embargo, los familiares señalaron que solo en los 15 que sí les entregaron confirman que en los archivos militares aún hay más documentación que debe entregarse y analizarse a fondo, como, por ejemplo, transcripciones de intervenciones telefónicas de comunicaciones de personas posiblemente relacionadas con los hechos. 

“Se tiene que investigar quiénes son esas personas, dónde está el seguimiento completo de esos diálogos, y el análisis de las llamadas”, pidieron. 

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Sobre este punto, el abogado Vidulfo Rosales recordó que en los 18 folios de inteligencia militar que ya dio a conocer en un informe el entonces subsecretario de Gobernación Alejandro Encinas había conversaciones sobre personas relacionadas con el caso, así como seguimiento de personas por parte del Ejército, e intervenciones telefónicas. Y que ahora, en estos nuevos 15 folios, hay documentos de otras conversaciones que apuntan a nuevas posibles líneas de investigación, como la aparición de 14 cuerpos en una fosa en la colonia Jardines del Sol, en la ciudad de Iguala, Guerrero, y de más posibles cuerpos en otro lugar al que las personas intervenidas refieren como la “laguna”, aunque no se precisaron más detalles. 

“Esto nos da la razón de que hay que abrir los 800 folios y revisarlos. No entendemos cuál es el miedo a hacerlo”, dijo Rosales, que a nombre de los familiares pidió que en la revisión de toda esa información participen organismos internacionales. 

“No es justo que nuestro caso sea investigado por el propio Ejército, porque se está auto-investigando y no vamos a llegar a absolutamente nada”, criticó el señor Mario González, padre de otro de los normalistas desaparecidos. 

“Por eso nuestra exigencia es que el Ejército saque las manos del caso Ayotzinapa, y queremos que haya supervisión internacional. Queremos el regreso del GIEI”, demandó. 

Otro de los puntos que más criticaron los familiares fueron las palabras recientes del presidente López Obrador, quien aseguró que no hay pruebas de la participación del Ejército en el caso Ayotzinapa, mientras que en su libro reciente se limitó a decir que, si buen pudo haber intervención de algunos militares, estos no representan a toda la institución. 

Sobre esto, los padres recordaron algunos de los hallazgos que los expertos del GIEI dejaron por escrito en su último informe antes de abandonar el país. 

Por ejemplo, que antes del suceso del 26 de septiembre de 2014, hubo una “infiltración ilegal” a la Normal Rural Ayotzinapa de un soldado que se hizo pasar por estudiante, y que hoy es parte de los desaparecidos, “lo que siempre ocultó el Ejército”. 

Otro hallazgo: que elementos de inteligencia militar vestidos de civil, conocidos como Órganos de Búsqueda de Información (OBIS), estuvieron presentes en los lugares donde fueron desaparecidos los jóvenes, sin intervenir. 

Y otro: que de acuerdo con mensajes de texto obtenidos de telefonía celular, los criminales actuaban en Iguala con la connivencia de elementos castrenses del 27 Batallón Militar de Iguala desde antes de los hechos del 26 de septiembre. 

Asimismo, los padres y madres apuntaron que están los señalamientos de un testigo de identidad reservada que hablan de la posible participación de algunos militares en la desaparición de al menos 25 estudiantes que habrían sido introducidos en el Batallón 27, y luego habrían sido torturados y entregados al grupo delictivo Guerreros Unidos. 

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“No estamos dando por válida esa declaración de los 25 estudiantes, pero por eso queremos que se investigue”, puntualizó Santiago Aguirre, el director del Pro, quien también recordó que hay unos mensajes de Blackberry donde integrantes de Guerreros Unidos “hablan de ir a dejar dinero al Batallón 27”. 

“Que se diga que no hay ninguna intervención del Ejército es excesivo, y que encima se nos ataque diciendo que es algo ideológico en contra del Ejército y en favor de intereses extranjeros, pues es querer desviar la atención. Si se agotan estas líneas de investigación sobre la actuación del Ejército y no se encuentra nada, seremos los primeros en pedir que las pesquisas se enfoquen en otros puntos. No es una obsesión con lo militar”, puntualizó el director del Centro Pro.