Extinción de IFT y Cofece: subordinación de reguladores a Ejecutivo pone en riesgo inversiones y contraviene el T-MEC
El Congreso de la Unión se alista a aprobar una reforma para desaparecer siete organismos autónomos, entre ellos el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece). Sin embargo, la extinción de estos reguladores pone en riesgo la imparcialidad de las decisiones en estos sectores. Especialistas temen que queden sujetos a intereses políticos y presiones gubernamentales.
Con la austeridad como principal argumento, pero también que fueron creados durante el periodo neoliberal, el expresidente Andrés Manuel López Obrador envió la iniciativa para extinguir a los organismos autónomos antes de dejar el gobierno, comprometiendo a su sucesora, Claudia Sheinbaum.
No obstante, especialistas advierten sobre las implicaciones de esta decisión, que incluyen la pérdida de independencia frente al gobierno, la necesidad de contar con organismos técnicos y especializados, y el riesgo de vulnerar, en distintos niveles, el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).
Por ello, la bancada de Morena en la Cámara de Diputados analiza crear una agencia antimonopolio para fusionar a la Comisión Federal de Competencia Económica y al Instituto Federal de Telecomunicaciones.
Con esta agencia antimonopolio, los morenistas buscan cumplir el Tratado de Libre Comercio que México firmó con Estados Unidos y Canadá. El T-MEC exige a los tres países tener mecanismos de regulación autónomos, sin incidencia del gobierno.
¿Qué propone la iniciativa?
La Constitución actualmente dice en su artículo 28 que el estado contará con una Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece), que será un órgano autónomo, con personalidad jurídica y patrimonio propio, que tendrá como objetivo la libre competencia y concurrencia, así como prevenir, investigar y combatir los monopolios.
En su lugar, la reforma propone que el Ejecutivo, a través de la Secretaría de Economía, sea el encargado de garantizar la libre competencia y evitar los monopolios. En la exposición de motivos de la iniciativa se acusa que “hoy los monopolios siguen existiendo y la libre competencia ha sido artificial, pues la existencia de dicho órgano constitucional solo ha beneficiado a las empresas privadas”.
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Mientras que el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT) tiene por objeto el desarrollo eficiente de la radiodifusión y las telecomunicaciones y tiene a su cargo la regulación, promoción y supervisión del uso, aprovechamiento y explotación del espectro radioeléctrico, las redes y la prestación de los servicios de radiodifusión y telecomunicaciones. La reforma propone que sea también el Ejecutivo federal el que realice esas acciones, en su caso estaría a cargo de la Secretaría de Infraestructura, Comunicación y Transportes.
El dictamen que se discutirá la próxima semana en la Cámara de Diputados para deshacer siete organismos autónomos se basa principalmente en el argumento de que su desaparición generaría ahorros. Según un análisis de México Evalúa, el presupuesto asignado a estos organismos en el presente año fue de 4,534 millones de pesos, lo que equivale al 0.05% del presupuesto federal. Esto es tres veces menos que lo que se destinará a la elección de jueces, magistrados y ministros si se aprueba el presupuesto solicitado por el Instituto Nacional Electoral (INE) de 13 mil millones de pesos, como reportó Animal Político.
Riesgos de desaparecer el IFT y la Cofece previstos por especialistas
El Instituto Mexicano para la Competitividad (IMCO) alerta que al trasladar las funciones de la Cofece a la Secretaría de Economía y las del IFT a la Secretaría de Infraestructura, Comunicaciones y Transportes, existe el riesgo de que las decisiones de competencia, al originarse desde el Ejecutivo, carezcan de imparcialidad.
“Esto puede erosionar el clima de inversión y la certeza de las empresas sobre la existencia de órganos que emiten fallos basados en técnica y no en intereses particulares”, señala el IMCO.
Por su parte, Jorge Bravo, presidente de la Asociación Mexicana de Derecho a la Información (Amedi), opina que la extinción de los organismos constitucionalmente autónomos es un retroceso porque los reguladores dejarían de ser independientes, técnicos y especializados, además de que se trata de volver al esquema que México tuvo en el pasado, en el que el regulador era parte de la administración pública.
En el caso de las telecomunicaciones estaban bajo control directo del gobierno federal, y las concesiones se otorgaban de forma discrecional, lo que permitió que grandes conglomerados, como Televisa y TV Azteca, dominaran el sector.
“Lo único que ocurre es que las decisiones se politizan”, dice en entrevista Jorge Bravo sobre los riesgos.
Bravo apunta que estos organismos desempeñan una labor esencial en la tutela de derechos fundamentales, como son el derecho a la información, la comunicación y la transparencia.
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“Subordinar las funciones de estos órganos al Ejecutivo Federal o a dependencias vinculadas incrementa el riesgo de politización y amenaza la imparcialidad de las decisiones que afectan a todos los ciudadanos”, señala en un comunicado de la Amedi.
La Amedi recuerda que en 11 años, con el IFT a la cabeza de la regulación, México pasó de 9.6 millones de hogares con acceso a Internet en 2013 a 27.7 millones de hogares (71.7% del total de hogares).
“La extinción del IFT ignora los logros obtenidos por este organismo autónomo después de 11 años de existencia, como la eliminación del cobro de la Larga Distancia Nacional y Roaming Nacional, así como la transición a la Televisión Digital Terrestre”, añade.
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Alerta por T-MEC
De acuerdo con la iniciativa enviada por el presidente Andrés Manuel López Obrador, la reforma para desaparecer al IFT no transgrede las obligaciones de México establecidas en el Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC), “toda vez que no deja de garantizar la libre competencia y concurrencia en los sectores de radiodifusión y telecomunicaciones”.
Sin embargo, en un análisis el IMCO señala que la eliminación del órgano autónomo sí puede resultar en el incumplimiento de las obligaciones comerciales de México, ya que el capítulo 18 del T-MEC exige la existencia de un organismo regulador de telecomunicaciones que sea independiente e imparcial, y no rinda cuentas a ningún proveedor de servicios públicos en el sector.
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Diego Marroquín, especialista en comercio, inversión, integración y relaciones entre México y EU, y creador de la herramienta desarrollada por la Brookings Institution para evaluar y monitorear la implementación del T-MEC, publicó un cuadro en el que destaca que en el caso del IFT su eliminación tendría un alto impacto en el tratado comercial, mientras que en el caso de la Cofece su impacto sería medio.
Lo anterior, porque en el Tratado literalmente dice que cada país “debe garantizar que su organismo regulador de telecomunicaciones sea independiente y que no rinda cuentas a un proveedor de servicios públicos de telecomunicaciones”.
El objetivo es que las decisiones regulatorias sean imparciales y objetivas, sin interferencias por parte del Estado o actores comerciales, según el artículo 18.18.
Mientras que el capítulo 21 exige la obligación de contar con una autoridad de competencia responsable de la aplicación de la ley y dar trato igualitario a los países participantes.
Propuesta de Morena para no incumplir T-MEC
Los integrantes de la bancada de Morena en la Cámara de Diputados analizan crear una agencia antimonopolio para sustituir al IFT y la Cofece, pero todavía analizan cuál es la figura jurídica que utilizarán.
Una de las alternativas que se barajan dentro de Morena es crear un organismo descentralizado del gobierno, que estaría especificado en una ley secundaria que tendrá independencia técnica.
“No es indispensable que tenga autonomía constitucional, lo que requerimos es que sea un órgano del Estado mexicano, con mucha fuerza legal y profesional que tenga las facultades de investigación y de sanción, que pueda promover acciones judiciales y al mismo tiempo que tenga el apoyo pleno del Ejecutivo y de la sociedad en general”, señala Alfonso Ramírez Cuéllar, vicecoordinador de los diputados de Morena.
Ramírez Cuéllar, uno de los principales impulsores de la agencia antimonopolio, considera que el IFT y la Cofece no han servido para evitar la concentración del mercado en algunas empresas, por ejemplo, en las áreas de servicios financieros, telecomunicaciones, transportes ferroviario y de pasajeros, distribución de alimentos o producción de medicinas.
“El nuevo gobierno tiene que desplegar en su segundo piso una transformación radical para que los monopolios no estén dominando la economía, dañando al consumidor y perjudicando a la pequeña y mediana empresa. Por lo tanto urge que haya una agencia mexicana antimonopólica muy fuerte, muy sólida”, expresó Ramírez Cuéllar.
Con información de Alexis Ortiz
