A pesar de que el gobierno del presidente Andrés Manuel López Obrador implementó la entrega directa de apoyos sociales para evitar intermediarios y corrupción, beneficiarios de La Escuela Es Nuestra (LEEN) acusan a los servidores de la nación de robarse el dinero destinado para mejorar las escuelas del país y aseguran haber sido amenazados e intimidados para entregar los recursos públicos.

En algunos casos, servidores de la nación -en colusión con padres de familia- han inflado los precios de las obras y equipamiento adquirido para dividirse el dinero. También, han impuesto a familiares y conocidos para hacer los trabajos y hasta mentido a las comunidades escolares asegurando que las escuelas no fueron beneficiadas, aunque los recursos ya habían sido retirados del Banco del Bienestar y distribuidos entre ellos.

Cómo se gasta el dinero, qué obras se realizan, a quiénes se contrata para ello y la rendición de cuentas a las comunidades escolares es una responsabilidad exclusiva de los padres de familia que conformaron los comités, sin embargo, aprovechándose del desconocimiento de la operación del programa, los servidores de la nación se han presentado como los representantes del gobierno a quienes se les debe consultar cómo gastar el recurso y validar la rendición de cuentas.

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“En lugar de (el programa) ser una bendición es una maldición”, compartió Claudia, tesorera de un comité de padres de familia en Guadalajara, Jalisco.

“Los servidores de la nación que no son licenciados, que no son absolutamente nada, son los que se meten y te echan a la gente encima (…) en el pueblo dicen que yo me quedé con el dinero y la servidora de la nación me dijo que me iba a echar hasta a los de la plaza (grupos de la delincuencia organizada), yo tengo todo grabado”, detalló la madre de familia, quien compartió a este medio un escrito que llevó a la delegación del Bienestar en Guadalajara para denunciar las amenazas que recibió por no entregarle el dinero que sobró de las obras que se hicieron en la escuela. A la fecha no ha tenido respuesta.

Denuncias por malos manejos en La Escuela Es Nuestra

A pesar de que delegados del Bienestar en el país han aceptado tener conocimiento de malos manejos de los recursos públicos y de que padres de familia compartieron a este medio cartas que han ingresado a las oficinas de Bienestar estatales para denunciar las irregularidades, tanto la Secretarías de Educación como Bienestar aseguraron -vía transparencia– que no tienen ninguna denuncia o queja a cuatro años de implementación de este programa.

“Se han identificado un total de 606 expedientes cuyos procedimientos de investigación no han concluido con la imposición de sanciones firmes a las personas denunciadas”, detalló la Secretaría de la Función Pública.

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En su búsqueda de ayuda, los padres de familia han acudido hasta las Fiscalías estatales en donde también se han abierto carpetas de investigación. 

La Fiscalía de San Luis Potosí, por ejemplo, informó vía transparencia que cuenta con 46 carpetas de investigación relacionadas con el programa La Escuela Es Nuestra por los delitos de fraude, robo, abuso de confianza, amenazas, violencia familiar y hasta lesiones.

En Baja California, Baja California Sur, Michoacán, Oaxaca y Zacatecas las fiscalías locales informaron que cuentan, cada una, con al menos un expediente por el delito de abuso de confianza.

En tanto, la Fiscalía General de la República (FGR) vía transparencia contestó no contar con esa información pues en sus archivos no tiene el nivel de detalle solicitado. 

Sin intermediarios, pero sigue la corrupción en programas

A finales de 2019 el gobierno de Andrés Manuel López Obrador puso en marcha el programa La Escuela Es Nuestra con el objetivo de dar mantenimiento a las poco más de 198 mil escuelas de educación pública del país.

Para ello dispuso que se formaran comités de padres de familia quienes recibirían los recursos y decidirían en qué ocuparlos. Podrían ser obras mayores como construcción de nuevas aulas, techos, patios, bardas, etc, o bien, la compra de mobiliario como mesas, pupitres, pizarrones y demás.

Los recursos que se entregaron -dependiendo de la matrícula de cada escuela- oscilaban entre los 200 mil y los 600 mil pesos, dinero que se transfería directamente a una cuenta que se abría a nombre de la tesorera del comité de padres de familia en el Banco del Bienestar.

A través de este mecanismo se evitarían los intermediarios, sin embargo, a la postre se confirmó que la eliminación de los intermediarios no significó la eliminación de las prácticas de corrupción.

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Aunque solo la tesorera del comité tiene acceso a los recursos, los servidores de la nación se adjudicaron responsabilidades que no les corresponden y que se ha traducido no solo en el mal uso de los recursos públicos de este programa social, sino también, en la fractura de las comunidades escolares y hasta de las comunidades.

Animal Político habló con miembros de comités escolares en distintos estados del país y en todos los casos coincidieron en que haber participado en el programa no fue como lo esperaban porque rápidamente comenzaron las presiones por parte de los servidores de la nación, los directores y hasta los maestros de las escuelas.

La señora Hortensia levantó la mano para ser parte del comité de padres de familia en una escuela en Monterrey luego que en una junta la servidora de la nación les informó que si no se hacía el comité ya nunca les llegarían más apoyos.

A los meses, reconoció, fue la peor decisión que pudo tomar. 

Ahora teme salir de su casa, cuando lo hace pide en todo momento estar acompañada de su esposo porque la comunidad escolar, azuzada por la servidora de la nación y la directora de la escuela, la acusan de malos manejos de los recursos públicos.

“El día de la graduación de mi niño varias mamás me fueron a decir que la directora anda diciendo que hubo un desfalco y yo les dije, ‘¿qué no será que ellos se querían robar el dinero y no los dejé?’”, cuestionó.

Aunque ella cuenta con todos los recibos de los gastos hechos, cuando recibió la tarjeta con los 600 mil pesos que les correspondió del programa, la directora y la servidora de la nación le estuvieron pidiendo dinero para hacer obras y comprar materiales que ellas querían y que no habían sido consensuados con la comunidad escolar.

Al negarse a entregar el dinero es que comenzó el acoso y hasta una supuesta demanda ante el jurídico de la delegación del Bienestar.

En Durango, la señora Virginia a diario recibe mensajes escritos y de voz de la servidora de la nación y de otras madres de familia pidiendo que les entregue la tarjeta con los recursos para que ellas la manejen, aún sin que se haya aprobado en la asamblea de padres de familia el proyecto que se realizará en la escuela.

“Te queria pedir un favor, si no te llevas la tarjeta, es que mi esposo anda malo de un oído y queremos ir al pueblo al doctor (…) y quería decirte a ver si no me prestas la tarjeta, yo retiro el dinero y te traigo el dinero y el ticket, así para yo aprovechar la vuelta y sacar el dinero”, es uno de los mensajes que la madre de familia ha recibido y que compartió a este medio.

Desconocen autoridades en qué se gastaron 89 mmdp

Además de las denuncias por malos manejos de los recursos públicos, el programa La Escuela Es Nuestra se ha caracterizado por ser una política pública carente de mecanismos de transparencia y rendición de cuentas, pues a la fecha se desconoce el destino de los 89 mil millones de pesos que se invirtieron durante la administración del presidente Andrés Manuel López Obrador.

Recursos que seguirán creciendo, ya que la presidenta electa, Claudia Sheinbaum, anunció que este programa continuará durante su gobierno.

Vía transparencia, Animal Político solicitó a la SEP conocer en qué se utilizaron los recursos públicos dispersados directamente a los comités de padres de familia: cuáles fueron las obras y qué mobiliario se adquirió en los planteles educativos que, de acuerdo al Sexto Informe de Gobierno suman 128 mil 668 centros educativos en todo el país.

Sin embargo, la dependencia respondió que no tiene la obligación de contar con esa información.

Para obtener información sobre las obras realizadas y los montos erogados en cada plantel educativo —dado que no existe un diagnóstico de las condiciones de infraestructura de las escuelas— se pueden visitar los más de 128,000 planteles beneficiados y consultar físicamente la memoria de obras y la rendición de cuentas, que está bajo resguardo de los directores.

En 2022, el Gobierno de AMLO decidió eliminar el programa Escuelas de Tiempo Completo y dejar sin servicio de comida y horario extendido a 3.6 millones de estudiantes que para entonces eran beneficiarios, y se instruyó —a través de la modificación de las reglas de operación— que los apoyos dispersados para La Escuela Es Nuestra también se pudieran utilizar para comprar alimentos y pagar horas extra a los maestros. 

Sin embargo, con el argumento de que los padres de familia son los únicos que deciden cómo usar el dinero, obviando la rendición de cuentas de los recursos públicos, la SEP también informó vía transparencia desconocer si algunos niños del país recibieron servicio de alimentación o clases en horario extendido con estos recursos.

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