La mitad de los jueces y magistrados federales que se encuentran activos en el país han renunciado a participar en las elecciones establecidas en la reforma judicial. De mil 683 juzgadores activos, van 827 que decidieron declinar, lo que equivale al 49.14%.
De éstas, 333 renuncias fueron de jueces y 487 de magistrados, a quienes se sumaron ocho ministros y ministras de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.
De ellos, 68 fueron jueces y juezas cuyos cargos no estaban sujetos a insaculación hasta el año 2027, al igual que 146 magistradas y magistrados en la misma situación.
La cifra de personas juzgadoras que han formalizado su declinación es 14.7% mayor a las 721 plazas que fueron insaculadas para ir a las urnas en el proceso extraordinario para elegir por voto a quienes ocuparan los cargos en 2025.
Además, el Senado reporta que existen 7 declinaciones más, pero que llegaron fuera de tiempo.
Las personas juzgadoras tuvieron hasta el miércoles 30 de octubre para declinar formalmente ante el Senado de la República, y este lunes 4 de noviembre comienzan los trabajos del Comité de Evaluación de las candidaturas judiciales.
Con el inicio de los trabajos del Comité de Evaluación se publicará la convocatoria para participar en el proceso de selección de postulaciones, y las personas interesadas deberán inscribirse el martes 5 de noviembre.
Será el 15 de diciembre cuando se publique el listado de personas que cumplieron con los requisitos constitucionales, y posterior a ello, se calificará la idoneidad de los aspirantes, se depurarán las listas mediante insaculación y se enviará la lista final al poder correspondiente para que la aprueben.
La lista aprobada se remitirá al Senado, donde se integrarán los expedientes de las personas postuladas por cada poder, documentación que deberá enviar al Instituto Nacional Electoral (INE) el 12 de febrero de 2025, para que organice la jornada electoral el primer domingo de junio del mismo año.
Los cargos a elegir en el Proceso Electoral Extraordinario del Poder Judicial de la Federación son: 5 ministras y 4 ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación; 3 magistradas y 2 magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial; 1 magistrada y 1 magistrado de la Sala Superior del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF); 10 magistradas y 5 magistrados de las Salas Regionales de TEPJF.
También, 464 cargos a elegir para magistradas y magistrados de tribunales colegiados de circuito, y magistradas y magistrados de tribunales colegiados de apelación.
Además, 386 cargos a elegir para jueces y juezas de distrito.
Pese al centenar de impugnaciones presentadas en contra de la reforma judicial, la semana pasada el Tribunal Electoral otorgó al Instituto Nacional Electoral (INE) la certeza jurídica para continuar con los preparativos del proceso electoral extraordinario del Poder Judicial 2024-2025, en el que se elegirá por primera vez a personas juzgadoras en junio del próximo año.
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Sin embargo, por el momento las actividades se mantienen en pausa, debido a las diferencias entre consejeras y consejeros sobre los alcances de dicha sentencia.
Este 5 de noviembre, el pleno de la Suprema Corte discutirá el proyecto del ministro Juan Luis González Carrancá sobre las acciones inconstitucionales que impugnan la reforma judicial.
En un proyecto de sentencia, el ministro Alcántara Carrancá propone que la Suprema Corte de Justicia de la Nación avale aspectos clave de la reforma judicial, como la elección de ministros, la extinción de los fideicomisos y la creación del Tribunal de Disciplina Judicial, pero anula la elección de jueces y magistrados, y la figura de los llamados “jueces sin rostro”.
De esta forma, el ministro propuesto por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para formar parte del máximo tribunal del país, busca resolver no sólo las diversas impugnaciones emitidas en contra de la reforma judicial, sino además marcar “el final de la crisis constitucional actualmente en curso y la vuelta a la normalidad institucional de las relaciones entre los Poderes de la Unión”.
Acerca de este proyecto, la presidenta Claudia Sheinbaum comentó que el ministro no es legislador, y por lo tanto su propuesta no es correcta, por lo que insistió que se debe esperar a los resultados de la votación.
“La Corte no puede ser legisladora, es decir, se presenta una propuesta en donde están legislando frente a amparos de personas que no tiene personalidad jurídica, partido políticos”, señaló durante su conferencia matutina.
Con información de Andro Aguilar