El Consejo General del Instituto Nacional Electoral (INE) aprobó los modelos y lista de materiales electorales para la elección judicial, misma que se realizará en junio de 2025.
Parte del acuerdo avalado por el INE es que se proporcionen bolígrafos en cada centro de votación que se instalará en el país y no el tradicional crayón que se utiliza en las elecciones ordinarias.
“Derivado de las características de las boletas electorales para la elección de las personas juzgadoras del Poder Judicial, no se utilizarán los marcadores de boletas, sino que se dotará a las casillas de bolígrafos de punto mediano para que la ciudadanía marque las boletas electorales”.
Entre los modelos de papelería electoral que avaló el INE están los del cancel electoral, la caja paquete electoral, las etiquetas de identificación de caja paquete, la urna electoral, la marcadora de credenciales, el dado marcador, la cinta de seguridad y mampara especial.
El presidente de la Comisión Temporal del Proceso Electoral Extraordinario 2024-2025, el consejero Jorge Montaño Ventura, aseguró que, pese al recorte de la Cámara de Diputados al presupuesto solicitado por el INE para 2025, “el Instituto se encuentra listo para hacer frente a los retos y vicisitudes” del proceso.
“Confiamos plenamente que sabremos salir exitosos con un proceso electivo ejemplar”, dijo, “con un gran esfuerzo adicional y decisiones de austeridad, racionalidad y disciplina presupuestaria”.
Este viernes, el Consejo General del INE avaló cuatro acuerdos referentes a le elección judicial, en pleno recorte presupuestal que le hizo la Cámara de Diputados:
Originalmente, el INE había pedido 40 mil millones de pesos para el siguiente año a la Cámara de Diputados, tomando en cuenta que organizará la primera elección de ministros, magistrados y jueces.
Sin embargo, los diputados avalaron el Presupuesto de Egresos de la Federación con un recorte de 33 % a ese presupuesto solicitado.
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De los 40 mil millones de pesos que había pedido el INE, 15 mil millones serían para su gasto operativo; 7 mil 354 millones para financiar las prerrogativas de los partidos políticos.
4 mil 620 millones de pesos más eran para celebrar una consulta popular, en caso de que la hubiera, y 13 mil 205 millones para organizar la primera elección de jueces, magistrados y ministros.