Más de 40 mil llamadas se requerirán para verificar cartas de recomendación de los aspirantes al Poder Judicial
El aspecto más relevante dentro de la evaluación de los 49 mil 408 aspirantes a ocupar algún cargo en la elección del Poder Judicial a través del voto popular, son las cinco cartas de recomendación que cada una de las personas debió integrar en su postulación. Esto es: 247 mil 40 páginas de recomendaciones en total.
De acuerdo con la magistrada Maribel Méndez de Lara, integrante del Comité de Evaluación del Legislativo, que junto con los Comités del Ejecutivo y del Judicial evaluará a los candidatos, para verificar las cartas de recomendación harán “una muestra científica” y realizarán llamadas telefónicas a cada persona que firmó la recomendación.
Quienes hicieron las recomendaciones deben adjuntar sus credenciales de elector, que serán confrontadas con el Registro Nacional de Electores y el Registro Nacional de Población para verificar su autenticidad.
Hasta el momento no se ha informado cuál es esa “muestra científica”, ni el número de personas que están revisando los documentos, salvo que en el Comité Legislativo hay 50 personas asignadas a ello.
Sin embargo, si solo se realizara una llamada telefónica por una sola de las cartas de recomendación para los 49 mil 408 postulantes, sería un número igual de llamadas telefónicas.
Si se le dedicaran 2 minutos por cada una de esas llamadas, implicaría 1,646 horas de conversación, o 68 días de llamadas telefónicas. Aunque el comité sólo tendrá 20 días para revisar, verificar cada documento y elegir a los postulantes más “idóneos”, toda vez que el plazo de esta etapa concluye el 15 de diciembre.
Si se considerara verificar las cinco cartas significarían 343 días de llamadas telefónicas de dos minutos.
En el Comité Legislativo hay 50 personas asignadas a la revisión de la documentación de cada uno de los 27 mil 146 aspirantes que recibieron sólo en dicho comité. Esto significa que a cada persona revisora le corresponde hacer 542 llamadas telefónicas, por al menos dos minutos, serían 1085 minutos, o 18 horas, exclusivamente a esta actividad. Aún considerando que en un primer intento logren hablar con la persona que busquen.
El peso de este requisito, insiste Méndez de Lara en entrevista con Animal Político, es fundamental. “No es un requisito de trámite, es un elemento sustancial para determinar la honestidad y la buena fama pública”.
“Los seleccionados deben gozar de buena fama pública y honorabilidad. Que sean absolutamente incorruptibles, transparentes y bajo ninguna circunstancia se presten a actos de corrupción. Que cumplan con los principios éticos del Derecho: la imparcialidad, la independencia de influencias políticas, la secrecía, la objetividad. (Por eso) Vamos a hacer una muestra científica para hacer la revisión, la llamada y verificación de las personas”.
Méndez de Lara asegura que está siendo “un trabajo intenso, pero será una metodología cuidadosa. Porque creemos que las personas que confían merecen respeto y también un proceso riguroso, transparente. No menos”.
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Por eso llama a “tener confianza en el procedimiento”. Lo estamos haciendo con profesionalismo, un equipo comprometido. El tiempo irá juzgando cada una de las etapas”.
Sin embargo, no es lo único que deben revisar.
Cada uno de los 49 mil 408 postulantes debió entregar 5 documentos de comprobación de su profesión y experiencia, cinco cartas de recomendación y 3 páginas de un ensayo. Esto significa 13 documentos por cada persona, que suman 642 mil 304 páginas.
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La revisión de los requisitos la está haciendo cada uno de los tres comités en los que las personas se inscribieron: el Legislativo, donde hubo 27 mil 146 aspirantes; el Ejecutivo, con 18 mil 447 y el Judicial, con 3 mil 815.
En el Comité del Legislativo hay al menos 50 personas asignadas a ello. Esto significa que de los más de 27 mil aspirantes hay 352 mil 898 páginas. Esto es, cada persona tendría que revisar 7 mil 57 páginas. Aún considerando que sólo le dedicara un minuto de lectura a cada página, significa leer durante 117 horas, o 5 días.
Sin embargo, tres de esas páginas son un ensayo que cada postulante debió redactar para justificar por qué aspira al cargo; por lo tanto, la evaluación de un material como ese, llevaría más de tres minutos de lectura.
“Tenemos sus identificaciones y confrontar con el registro nacional de electores, de población, con la dirección de profesiones, con el DIF, para el registro nacional de deudores alimentarios. Haremos varios cruces de información. Vamos a pedir el cruce con el sistema nacional anticorrupción. Después de la primera selección del 15 de diciembre vamos a checar que no tengan sanciones”, explicó la magistrada.
El procedimiento que han seguido, explicó Méndez de Lara, consistió en primero hacer un “check list interno para verificar que tuvieran todos los documentos solicitados. Todo en automático”. En la siguiente etapa que inició este 25 de noviembre y concluirá el 14 de diciembre son “las valoraciones de quienes cumplen los requisitos. Todo con bases de datos bien integradas”.
También aplicarán un software para verificar que no haya plagio en el caso de los ensayos, pero luego las personas del comité los leerán.
“El ensayo es sobre los motivos que se postula, pero también en cómo mejoramos el sistema de justicia en México donde tengamos un robusto estado de derecho, donde se respeten los derechos humanos y haya igualdad de derechos y oportunidades”.
Los documentos que debieron presentar son: título profesional de licenciado o licenciada en derecho expedido legalmente; promedio general de calificación de cuando menos ocho puntos o su equivalente, y de nueve puntos o su equivalente en las materias relacionadas con el cargo al que se postula.
Comprobantes de práctica profesional de cuando menos cinco años en el ejercicio de la actividad jurídica para aspirantes a ministros de la Corte, magistrados del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), o de las Salas Superior o Regionales del TEPJF, y de tres años para quienes buscan ser magistrados de circuito.
Comprobante de residencia en el país durante los dos años anteriores al día de la publicación de la convocatoria.
Comprobante de no haber sido secretario de Estado, Fiscal General de la República, senador, diputado federal, ni titular del Poder Ejecutivo de alguna entidad federativa, durante el año previo al día de la publicación de la convocatoria.
