“No fue mi desempeño, fue por la austeridad”: extrabajadores de Gobernación denuncian despidos injustificados y sin indemnización
Por la política de austeridad del gobierno de Claudia Sheinbaum, la Secretaría de Gobernación (Segob) recortó 58 plazas, aunque de acuerdo con exfuncionarios, los despidos fueron injustificados e irregulares, ya que no se les indemnizó y a la fecha no cuentan con documentos en los que se formalice su baja.
Extrabajadores entrevistados perdieron entre cinco y 32 años de antigüedad, y ahora no saben cuánto tiempo les llevará por la vía jurídica lograr su reinstalación o el pago de liquidación, ya que han dejado de contestarles por teléfono cuando llaman para solicitar información de sus trámites en Segob y al acudir de manera presencial a las oficinas les niegan el acceso.
Según la información del Presupuesto de Egresos de la Federación, la eliminación de plazas de Segob, cuya titular es Rosa Icela Rodríguez, se dio ante el recorte de 214 millones 365 mil pesos para servicios de personal permanente, de 47 millones 914 mil pesos para quienes laboraban de manera transitoria y de 26 millones 996 mil para cubrir gastos adicionales y especiales.
Animal Político consultó a la Segob sobre las denuncias de despidos injustificados, sin que hasta el momento de la publicación haya recibido respuesta.
“Nos encontramos en total abandono de nuestros derechos laborales”, lamentan exfuncionarios
El pasado 13 de diciembre, Samuel, cuyo verdadero nombre se omite por temor a represalias, fue requerido para una junta en la que le avisaron que a partir de enero su plaza dejaría de existir por indicaciones de la Presidencia y que no había dinero para pagar alguna indemnización.
“Regresé el 2 de enero, ya que no recibí ningún documento donde se notificara o se explicara mi baja, pero el oficial que estaba resguardando el edificio dijo que habían indicaciones de no darme acceso, entonces ya no pude entrar a la oficina”, cuenta Samuel.
Ante esta situación, el extrabajador señala que acudió al Órgano Interno de Control y a la Subsecretaría de Gobierno para pedir información, “y al principio por teléfono se presentaron como gente muy humana que iba a dar acompañamiento para que el proceso fuera menos difícil, pero después dejaron de contestar las llamadas y actualmente nos encontramos en total abandono de nuestros derechos laborales; pedimos que nos expliquen qué está pasando y no ha habido respuesta”.
Después de 14 años de servicio, Samuel lamenta que “la Secretaría de Gobernación no está negociando y parece que no vamos a llegar a nada, estamos sin papeles, con problemas por créditos hipotecarios y bancarios, y no podemos activar nuestros seguros de desempleo”.
En el caso de Hilda, extrabajadora cuyo verdadero nombre se omite por seguridad, el despido se le notificó verbalmente al volver de unas vacaciones, y según quienes dieron el aviso en días próximos sería contactada por el área de recursos humanos para concluir con el papeleo, pero eso no ocurrió.
“Esperé la llamada, pero no se comunicaron conmigo, por lo que me presenté el 3 de enero a las instalaciones y me dijeron que tenían estrictas órdenes de no darme acceso al inmueble. Yo insistí que quería preguntar sobre un documento y la respuesta del personal de seguridad fue que no podía estar ni siquiera en el lobby del edificio”, recuerda Hilda.
Un mes después de que se le negó el acceso, aunque la exfuncionaria ha continuado con los requerimientos de documentación, “no ha habido nada, nos dejaron en el limbo y no sabemos qué hacer, porque aunque se han presentado oportunidades de concursar en otras convocatorias, no podemos integrarnos a otro empleo porque necesitamos la hoja de término laboral anterior”.
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“Estuve 4 años por honorarios, posteriormente obtuve mi plaza por servicio profesional de carrera, y es triste porque la coordinadora del área donde estaba me dijo que no se trató de mi desempeño, simplemente fue por la austeridad“, comenta.
Exfuncionarios con más de 30 años de antigüedad temen haber perdido jubilación
Con 30 años de antigüedad, Omar –quien pidió omitir su nombre real– recibió con sorpresa el anuncio de que era una de las personas afectadas por el recorte de personal en la Segob, aunque no le dieron un solo documento y tampoco tiene certeza de que vayan a pagarle liquidación o a reinstalarlo para poder jubilarse.
“Ya estaba próximo a terminar con mi tiempo laboral, y de hecho a mí me gusta mucho mi trabajo… Quisiera que me reinstalaran, sin embargo, no he tenido respuesta sobre cuál es mi situación, ni siquiera hay certeza sobre una liquidación“, detalla.
Aunque en tres décadas de trabajo Omar presenció cambios de personal, particularmente en periodos de transición de gobierno, “anteriormente se establecían convenios de terminación de relación laboral que implicaba una indemnización, pero ahorita no hay acuerdos ni diálogo, no sabemos si van a tardar en responder o no van a darnos más información de nuestra situación”.
En el caso de Carlos, quien también perdió tres décadas de antigüedad y pidió resguardar su identidad, actualmente se encuentra en la incertidumbre porque ya esperaba el momento para tramitar la jubilación que no sabe si la obtendrá, y porque al ser mayor de 50 años “no es sencillo encontrar algo más para ganarse la vida, y tampoco hay ofertas de trabajo en algo tan especializado como lo que sé hacer”.
“Tengo que resolver problemas con un crédito del FOVISSSTE y pagar cuentas, pero ni siquiera obtuve algún pago por indemnización. Gracias a eso estoy viviendo con ansiedad, porque a diario me lamento de que intento conseguir trabajo y no encuentro, además de que considero que es lamentable la forma en que se nos está tratando a pesar de que en el discurso dicen ser el gobierno del pueblo y muy humanistas”, reclama.
Exfuncionarios acudirán a tribunales para buscar justicia
Las personas entrevistadas señalan que ya se encuentran preparando la estrategia legal con la que exigirán el pago de indemnización y la reinstalación en sus puestos de trabajo, aunque saben que estos procesos pueden llevar años en los que se debe cubrir el pago de honorarios de abogados y gestiones administrativas.
Hilda apunta que ya investigó cómo se lleva el proceso de demanda, “pero ahorita no tengo los medios para pagar un abogado para ir al Tribunal de Conciliación y Arbitraje, ya cuando tenga un poco de estabilidad económica procederé”.
Omar y Carlos también están en vísperas de completar el papeleo necesario para dar inicio a sus demandas, en búsqueda de que les permitan concluir con su tiempo de trabajo para jubilarse, aunque temen que eso signifique que tengan que aguantar “malos tratos”.
Por su parte, Samuel considera que la posibilidad de volver a la secretaría no es tan atractiva, “porque a leguas se ve que la administración pública se está cayendo a pedazos y no hay garantía de nada”, por ello, aunque continuará con la exigencia de que se formalice su despido y se le dé alguna compensación, ya decidió que prefiere buscar nuevas oportunidades laborales en el sector privado.
*Todos los nombres fueron cambiados a petición de los entrevistados por temor a represalias
