Denuncian que siete candidatos al Poder Judicial están relacionados con crimen organizado o violencia de género
El abogado Miguel Alfonso Meza, presidente de la organización Defensorxs, informó que diversas ciudadanas y ciudadanos del país denunciaron que al menos siete personas candidatas que competirán en las próximas elecciones por un cargo en el Poder Judicial de la Federación (PJF) están presuntamente relacionados con actividades vinculadas al crimen organizado o con denuncias por violencia de género y acoso.
Se trata de cuatro candidatos que competirán por ser jueces o magistrados en materia penal que fueron denunciados por estar supuestamente vinculados a la delincuencia organizada y tres candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que podrían aparecer en las boletas para la próxima elección judicial a celebrarse el próximo 2 de junio de 2025.
La organización que dirige Alfonso Meza presentará una queja en contra de estos perfiles ante el Instituto Nacional Electoral (INE), para solicitar que el organismo electoral retire estas candidaturas antes de que aparezcan en la boleta electoral.
“De hecho esta denuncia la vamos a presentar el lunes, para que el INE cancele, digamos, o retire estas candidaturas antes de que aparezcan en las listas definitivas”, señaló Alfonso Meza en entrevista con Animal Político.
¿Quiénes son los candidatos denunciados?
Dentro de las lista de candidatos presuntamente relacionados a actividades del crimen organizado están Fernando Escamilla Villarreal, candidato a juez penal y quien ha defendido al menos a dos integrantes del cártel de los Zetas para evitar su extradición a los Estados Unidos: Eleazar Medina Rojas, “El Chelelo”, extraditado en 2023, y Miguel Ángel Treviño Morales, el “Z40”, quien forma parte de la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado que México entregó a EU.
“Además de este posible conflicto de interés, Fernando Escamilla fue sentenciado en primera y segunda instancia por el delito de portación de arma de fuego sin licencia, que amerita de 2 a 7 años de prisión”, señaló Alfonso Meza en una publicación compartida en su cuenta de X, antes Twitter.
En esta lista de candidatos está también Andrés Montoya, exadministrador penitenciario de una cárcel en Sonora y candidato a magistrado en Sonora, quien es señalado por la desaparición del periodista José Alfredo Jiménez Mota.
“El 2 de abril, se reunió con José Alfredo Jiménez Mota, un periodista de 25 años del periódico @elimparcialcom, que en ese momento investigaba el trasiego de droga de los Beltrán Leyva. Andrés Montoya fue la última persona en ver al periodista Alfredo Jiménez”, señaló Alfonso Meza en otra publicación.
También está Jesús Humberto Padilla Briones, quien fue detenido en Nuevo León con 15 bolsas de cristal y un arma de fuego, después de darse a la fuga, y que ahora es candidato a juez penal por la lista del Poder Legislativo, así como Nicollino Cangiamilla, candidato a magistrado federal en el estado de Sonora y que fue administrador penitenciario señalado por presuntas violaciones a derechos humanos.
En la lista de candidatos denunciados por violencia de género y acoso, que incluso ya han recibido algún tipo de sanción, pero que van a aparecer en la boleta están Francisco Martín Hernández Zaragoza, Edgar Agustín Rodríguez Beiza y otro cuya identidad es reservada por petición de las víctimas del caso.
“Uno de ellos es un juez que fue destituido en 2015 por una denuncia de abuso sexual y esta resolución ya es una sanción definitiva, incluso fue confirmada por la Suprema Corte y a pesar de eso, el Comité de Evaluación del Poder Legislativo no hizo una revisión adecuada y aprobó su candidatura entonces va aparecer en la boleta”, señaló Meza.
La queja ante el INE
El próximo lunes, la organización prestará una queja ante el INE en contra de los siete perfiles antes mencionados, en búsqueda de que sus nombres no aparezcan en la boleta electoral de las elecciones a celebrarse el próximo 2 de junio.
“La legislación electoral es bien rara, pero digamos… Si se presenta una queja, el INE puede desplegar todavía sus facultades de investigación y si determina que no se cumple uno de los requisitos para ser candidato, como es el tener una buena reputación, que ese es un requisito, no tener antecedentes penales y no tener sanciones por violencia de género, entonces el INE podría de oficio cancelar una de estas candidaturas antes de que saque los listados definitivos”, señala Meza.
Hasta ahora el organismo electoral ha publicado solo el listado definitivo para las personas que competirán por un cargo como ministra o ministro de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), así como el listado de las personas que aspiran a ocupar un cargo como magistrada o magistrado del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial.
Por lo que aún falta que publique los listados definitivos de las personas candidatas para la elección de los cargos de las Salas Regionales del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), de las personas candidatas a cargos de magistraturas de circuito o juzgados de distrito.
Si el INE no saca estas candidaturas antes de la presentación de las listas definitivas, Alfonso Meza informó que presentarán un juicio electoral intentando invalidar las candidaturas ya publicadas por el órgano electoral.
“Nosotros hemos recibido 28 denuncias que nos han dado un indicio interesante, por así llamarlo, sobre alguna irregularidad relacionada con una candidatura. Recibimos cientos, en realidad, porque todos los días están mandando, por ejemplo, publicaciones en redes sociales de campaña anticipada, cosas por el estilo”, señala.
Defensorxs: Vigilancia ciudadana en la elección judicial
Hace un año, Alfonso Meza y demás abogados y activistas del país decidieron crear la organización Defensorxs A.C. para tener una plataforma en dónde litigar, de manera conjunta, temas de interés para la sociedad, enfocados en hacer litigio estratégico, activismo y “construcción comunitaria”.
Desde su creación, han llevado casos como “Operación Transparencia”, con el cual intentaron salvar mediante diversas solicitudes de información y recursos legales la existencia de la Plataforma Nacional de Transparencia (PNT), ante la inminente desaparición del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Más tarde, junto con diversos legisladores federales, comenzaron un litigio contra la reforma judicial, a través del cual consiguieron una suspensión provisional y luego una suspensión definitiva contra la implementación de la reforma judicial, batalla que culminó cuando la Suprema Corte de Justicia de la Nación determinó que no se podían interponer amparos en materia electoral.
La última acción que llevó a cabo la organización fue la prestación de una denuncia en contra de las ministras Yasmín Esquivel, Lenia Batres y Loretta Ortiz Ahlf por la supuesta realización de actos anticipados de campaña, uso de recursos públicos con fines electorales y empleo de propaganda gubernamental personalizada, pero tanto el INE como el Tribunal Electoral rechazaron investigar dichos actos.
Ahora, desde la organización Defensorxs comenzaron a realizar actividades de “vigilancia ciudadana de la elección judicial” en el que, mediante cuatro grupos de vigilancia, un total de 700 personas ayudan a monitorear, revisar e “identificar puntos de riesgo en la elección judicial”.
“Sobre todo para identificar candidatos que los ciudadanos que nos denuncian conocen que han incurrido en abusos sexuales, que han incurrido en casos de corrupción, que están relacionados con el crimen organizado. Y, de hecho, gracias a esta organización comunitaria es que nosotros hemos podido detectar los perfiles preocupantes que hemos publicado”.
Una vez que reciben la denuncia, el equipo de litigio estratégico de la organización realiza la investigación que puede ser usada, como en este caso, para presentar quejas o denuncias formales ante las autoridades competentes.
“Nuestra organización va a sacar un micrositio sobre las y los candidatos de riesgo en la elección judicial. Ahí van a estar concentrados en un solo lugar las investigaciones que hemos hecho sobre estas candidaturas relacionadas con el crimen organizado, que son cuatro federales y una local, hasta el momento, y […] las candidaturas que tienen denuncias o incluso sanciones por violencia de género, por acoso, por abuso sexual o incluso por violación”.
