Delia ha buscado a su hermano desaparecido, Roberto, desde 2014. Hoy aspira a ser jueza de distrito por elección popular, de acuerdo con el listado publicado por el Comité de Evaluación del Ejecutivo Federal tras el primer filtro rumbo a la próxima elección judicial, con la idea de mejorar la impartición de justicia en casos como el de su familia.

En entrevista, confiesa que en un inicio no estaba segura de participar porque, de entrada, no está de acuerdo con la forma en la que se llevó a cabo la reforma al Poder Judicial. “La forma en que la están haciendo creo que es incorrecta; sí se necesitaba la reforma judicial, pero no así”, sostiene.

Aún frente a ese panorama, Delia evalúa al mismo tiempo los sinsabores que le ha dejado hasta ahora su propia experiencia con el Poder Judicial. Ante ello, personas cercanas le sugirieron proponerse, “porque si no, les vamos a dejar ahora sí todo”, señala. Desde su perspectiva, esos cargos en realidad tendrían que ser ocupados por personas a las que realmente les interese qué México va a heredar su familia.

“Yo no estoy afiliada a ningún partido político, pero sí me parece incorrecto que un solo partido quiera dominar todo, y hacer y deshacer, y ese fue un motivo, no dejarle todos los puestos a un solo poder, y otra porque cuando uno tiene un problema legal, vas a denunciar, acudes a las autoridades y te tratan muy mal: te hacen sentir como que no mereces la ‘ayuda’ que ellos tienen que darte, pero por obligación”, reclama.

En cambio, asegura que si ella llega a ser jueza y a recibir amparos por violaciones a derechos humanos, estará del lado de las víctimas para ayudarlas a hacerle entender a las autoridades que es su obligación atenderlas y respetar sus derechos, y apoyarlas a que, como muchas veces sucede, solo con una orden judicial se vean orilladas a cumplir con su deber.

En su opinión, los jueces tienen que contribuir a prevenir, actuando y sumándose a las actividades de búsqueda. Con la dimensión del fenómeno, que en los registros oficiales asciende a 120 mil 072 personas desaparecidas, cualquier autoridad que pueda colaborar en la búsqueda de personas desaparecidas tiene que ejercer sus funciones y tratar de ayudar para reparar o aminorar la problemática.

“Por amor a mi hermano”

Su hermano Roberto desapareció en Reynosa, Tamaulipas, el 10 de marzo de 2014. A partir de su desaparición, se iniciaron dos denuncias, una por secuestro y otra por desaparición forzada. En aquel momento, su caso estaba estancado justo porque el juzgado no había librado las órdenes de aprehensión correspondientes para los presuntos responsables que podrían conocer el paradero de su hermano.

Te puede interesar: Magistrados cuestionan errores en lista de aspirantes a elección judicial; “fue por alta demanda”, dice Comité de Evaluación.

Además, explica ahora, actualmente ella es desplazada interna del estado de Tamaulipas, hace 10 años que tuvo que salir de su casa, por lo que debe pagar una renta. Ante su petición de apoyo a la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas, no recibió respuesta. A los tres meses interpuso un amparo para exigir a las autoridades que cumplieran con su deber. El juez se negó a darle trámite, argumentando que la CEAV ya le había contestado mediante un correo electrónico.

“Si te estoy dando, juez, el escrito, donde tiene un sello, donde ya se lo pedí y no me contestaron conforme a derecho, ni de acuerdo a la ley ni nada, por qué sobreseer el amparo, y ni siquiera me das chance de ampliar mi demanda, como debería de ser. Ahorita ya concluyó, ya quedó firme y lo que me toca es irme a la Corte Interamericana”, explica.

Ante ello, reitera que lo negativo es que siempre sean las mismas figuras políticas las que ocupan cargos públicos, sin darle oportunidad a gente más joven que se ha capacitado. “Vamos a ver qué pasa, porque de muchos ya conocemos su trayectoria y no es muy buena”, añade la buscadora, quien forma parte del Colectivo Nacional de Víctimas Diez de Marzo y la Unión de Colectivos de Madres Buscadoras en Tamaulipas.

Quiroa pasó ya el filtro de elegibilidad, pero aún se enfrenta a las etapas siguientes, que vendrán el 31 de enero de 2025, cuando los comités de evaluación de los tres Poderes de la Unión seleccionarán a los finalistas con los perfiles idóneos. Después, el 5 de febrero se llevará a cabo una tómbola para determinar las candidaturas postuladas por cada poder, y el 12 de febrero se conocerán las listas definitivas de quiénes se someterán al voto popular.

Sin embargo, la desconfianza de Delia persiste de alguna forma, pues tiene dudas sobre el proceso, e incluso adelanta que desde su perspectiva, sería muy factible que en la recta final para definir a los candidatos a jueces en la tómbola, “ellos van a hacer mano negra”. “Si dejaran el proceso ser realmente justo, igual y sí, pero no creo, ya será cosa de Dios”, se resigna.

Lo que sí sabe desde ahora es que en caso de llegar a ocupar ese cargo, quiere mantener los principios de imparcialidad, debida diligencia, no victimización secundaria, no discriminación y todos los que contempla el artículo quinto de la Ley General de Víctimas. Desde ahora, sostiene que será un gran compromiso, por el que sacrificará a su familia, a sus hijos y todo lo necesario para hacer lo correcto y estar de parte del ciudadano.

“Que valoren eso y que no me dejen sola, que no nada más es ir a votar, sino que hay que respaldar al candidato y más como están ahorita las cosas. Entonces yo me voy a echar un compromiso que voy a cumplir por amor al prójimo, por amor a mi hermano, porque yo también quisiera que si yo ayudo a otras personas, se me conceda el milagro de encontrarlo; con esa convicción voy a estar siempre y voy a hacer un juzgado de puertas abiertas”, promete.