Una veintena de organizaciones agrupadas en el Consejo Civil Mexicano para la Silvicultura convocó este martes a las nuevas autoridades ambientales federales a poner en marcha una política forestal que atienda la “grave problemática” de los bosques comunitarios, amenazados, por ejemplo, por el avance del crimen organizado en estas áreas.
El Consejo lanzó este llamado a la Secretaría de Medio Ambiente y Recursos Naturales (Semarnat), la Comisión Nacional Forestal (Conafor) y la Procuraduría Federal de Protección al Medio Ambiente (Profepa) en el nuevo gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.
“Convocamos a las nuevas autoridades federales que tendrán a su cargo el desarrollo de las políticas forestales del país, a reunirse con las comunidades y ejidos para abrir un diálogo permanente que permita poner en marcha una política forestal que aborde de manera seria las grave problemática que enfrentan los territorios forestales comunitarios”, indicó el Consejo.
En el Gobierno de Sheinbaum, Alicia Bárcena es la secretaria de Medio Ambiente y Recursos Naturales, Sergio Humberto Graf Montero, titular de la Comisión Nacional Forestal (CONAFOR); y Mariana Boy Tamborrell, titular de la Procuraduría Federal de Protección al Ambiente (Profepa).
En su diagnóstico, las organizaciones consideraron que en los últimos diez años la problemática en las regiones forestales es más compleja y en algunos lugares es crítica ante diversos problemas.
“Hoy día se están enfrentando problemas que amenazan seriamente la permanencia de los bosques y la viabilidad de muchos proyectos comunitarios. El avance del crimen organizado y el control de los territorios es alarmante”, expuso el Colectivo en un comunicado.
Las organización expusieron que no hay una estrategia gubernamental “clara” para enfrentar al crimen organizado que extorsiona a los ejidos y comunidades con pagos de derecho de piso y toma el control del territorio.
Para enfrentarlo, el Consejo propone que se implemente una coordinación y acción institucional “eficaz para frenar el crimen organizado que hostiga a las empresas forestales comunitarias y arrebata a las comunidades el control del territorio”.
El gobierno de Sheinbaum plantea que como parte de sus acciones para sus primeros 100 días buscará enfrentar la extorsión en el “ciclo productivo del limón” en Michoacán, particularmente en los municipios de Nueva Italia, Amntunez, Buenavista, Tepalcatepec, Aguililla y Apatzingán.
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Esto es debido a que el cobro de piso de diversos grupos delictivos en la entidad abarca a cada una de las etapas productivas de este producto como lo es la producción, el empacamiento, el transporte y la comercialización.
Desde el pasado mes de agosto de 2024, productores de limón de los municipios de Apatzingán y Buenavista, en Michoacán, anunciaron que realizarían un paro debido a que continuaban las extorsiones y amenazadas en su contra por parte del crimen organizado.
En su análisis, el gobierno de Claudia Sheinbaum señala que cada municipio de Michoacán “tiene grupos delictivos distintos que compiten por la extorsión”, pero ya tiene identificados al menos a 11 cabecillas de estos grupos.
Mientras que en su discurso del 1 de octubre en el Zócalo de CDMX sobre sus 100 compromisos de Gobierno en el número 96 dijo que “seguiremos reforestando y rescatando bosques, selvas, garantizando el cuidado del medio ambiente, nuestra biodiversidad y recursos naturales”.