La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) pospuso la discusión de la Ley General de Comunicación Social, un día después de que organizaciones civiles advirtieron que persisten riesgos para la libertad de expresión con el proyecto de sentencia. 

El proyecto de la ministra Loretta Ortiz Ahlf propone declarar una “omisión legislativa relativa” y ordenar al Congreso de la Unión subsanar las deficiencias, manteniendo la ley vigente. 

Aunque no hicieron públicos los motivos para posponer el debate, fuentes del máximo tribunal del país refirieron que el aplazamiento se da para realizar un análisis más exhaustivo, lo que prolonga la incertidumbre jurídica sobre las reglas que deben regir el gasto en publicidad oficial. 

La Suprema Corte se encuentra en la etapa final para resolver la validez de la Ley General de Comunicación Social (LGCS), un ordenamiento que ha protagonizado una de las trayectorias jurídicas más accidentadas de la última década. 

El conflicto se remonta a una reforma constitucional de 2014, la cual impuso al Congreso de la Unión la obligación de crear una ley que regulara el gasto en publicidad oficial para evitar el uso de recursos públicos en la promoción personalizada de funcionarios. 

Sin embargo, apenas un mes después de su publicación, una minoría de la Cámara de Senadores, el partido Movimiento Ciudadano y la CNDH presentaron las acciones de inconstitucionalidad 52/2018, 53/2018 y 55/2018 denunciando que la ley era deficiente, permitía un manejo discrecional del gasto público y funcionaba como un mecanismo de “censura indirecta” contra medios críticos. 

La batalla legal se complicó aún más en 2021, cuando la Primera Sala de la Corte determinó que, aunque ya existía una ley, ésta persistía en una “omisión legislativa relativa”, al no establecer criterios claros ni procedimientos específicos para garantizar la transparencia y la honradez en el gasto. 

No obstante, el Pleno de la SCJN invalidó totalmente dichas reformas en mayo de 2023 por violaciones graves al procedimiento legislativo, lo que provocó la “reviviscencia” del texto original de 2018. 

Hoy, la Corte planteaba retomar el análisis de las demandas iniciales contra esa versión de la ley que ha vuelto a la vida, con el fin de determinar si el Congreso de la Unión debe, de una vez por todas, subsanar los vacíos normativos que han mantenido bajo sospecha el uso de la publicidad oficial en México.

Ministra Loretta Ortiz busca obligar al Congreso a subsanar vacíos en la Ley de Comunicación Social 

Al analizar el asunto, la ponencia de la ministra Loretta Ortiz Ahlf ha presentado un proyecto de sentencia en la que plantea una decisión intermedia que busca mantener la vigencia de la ley actual, pero obligando a una reforma profunda y urgente por parte del Poder Legislativo.

Así, el proyecto de la ministra ponente propone reconocer la validez del procedimiento legislativo que dio origen a la Ley General de Comunicación Social (LGCS) en 2018, así como la legalidad de sus artículos analizados de forma individual. 

Esto significa que, bajo su óptica, la ley no debe ser expulsada del orden jurídico en su totalidad, ya que esto generaría una mayor incertidumbre. Sin embargo, el punto medular de la propuesta es la declaración de una omisión legislativa relativa.

La ministra retoma criterios previos de la Primera Sala para argumentar que la ley actual es insuficiente y deficiente, pues no establece reglas claras ni criterios objetivos para la asignación del gasto en publicidad oficial. 

Según el proyecto, esta falta de precisión permite que las autoridades actúen con excesiva discrecionalidad, lo que puede derivar en mecanismos de censura indirecta y afectar la libertad de expresión al premiar o castigar a medios de comunicación según su línea editorial. 

Como efecto principal de esta resolución, la ministra propone condenar al Congreso de la Unión para que legisle y subsane estas deficiencias en un plazo máximo de dos períodos ordinarios de sesiones. El objetivo es que el Legislativo emita finalmente un entramado normativo que garantice que el dinero público se gaste bajo principios de eficiencia, transparencia y honradez, tal como lo exige el artículo 134 de la Constitución

Organizaciones advierten persistencia de riesgos para la libertad de expresión 

Como se mencionó con anterioridad, el día de ayer 11 organizaciones de la sociedad civil y 25 periodistas emitieron un comunicado en el que si bien señalaron que el proyecto de la ministra Loretta Ortiz reconoce fallas legales previas, advierten que persisten elementos que vulneran la libertad de expresión y el derecho a la información en México. 

Uno de los puntos de mayor preocupación es la ausencia de un órgano autónomo que supervise la asignación de la publicidad oficial. Actualmente, esta facultad recae en la Secretaría de Gobernación (SEGOB), lo que genera un amplio margen de discrecionalidad y el riesgo de que los recursos públicos se utilicen con fines políticos. 

A pesar de esto, el proyecto de la Corte sostiene que la Constitución no obliga al Congreso a crear un ente independiente para esta tarea. 

Además, si bien la Suprema Corte señala que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) actúa como un mecanismo de control externo, las organizaciones argumentan que una fiscalización ex post (posterior al gasto) es insuficiente. 

Esto no permite corregir asignaciones arbitrarias en tiempo real, dejando desprotegidos a los medios de comunicación. 

Además, señalaron que la normativa actual también ha sido señalada por ser excluyente con los medios comunitarios e independientes. Organizaciones como Artículo 19 y Fundar sostienen que se requiere de una igualdad sustantiva que reconozca las desventajas estructurales de estos medios mediante acciones afirmativas que la ley actual no contempla. 

Ante este panorama, las organizaciones y decenas de periodistas han lanzado un exhorto a la Suprema Corte y al Congreso de la Unión para que la resolución final obligue a una reforma sustantiva que incorpore reglas objetivas y salvaguardas efectivas para evitar que la publicidad oficial sea utilizada como una herramienta de premio o castigo contra el ecosistema mediático.

Aunque se desconocen los motivos para posponer este debate, fuentes al interior del máximo tribunal del país refirieron que el artículo 10 fracción II del Reglamento Orgánico de la SCJN establece que es facultad de la Secretaría General de Acuerdos la organización de listas (incluyendo el retiro), mientras que el artículo 19 del Reglamento de Sesiones dice que se puede solicitar el retiro para fortalecer las consideraciones.

“Entonces esto puede suceder por diversas razones, entre ellas la necesidad de realizar un análisis más exhaustivo y enriquecer los proyectos”, señaló el equipo de Comunicación Social de la Corte.