
Por mayoría de votos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) validó la creación de la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera en el Estado de Nuevo León, pero estableciendo que este nuevo órgano no tiene facultades para congelar cuentas bancarias por sí mismo.
El caso surgió tras una reforma realizada por el Congreso de Nuevo León a la Ley Orgánica de la Fiscalía General del Estado. El objetivo era crear una fiscalía dedicada a combatir delitos fiscales y operaciones con recursos de procedencia ilícita, más conocido como lavado de dinero.
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Esta reforma fue impugnada mediante dos acciones de inconstitucionalidad. Por un lado, un grupo de diputados locales argumentó que la reforma invadía las funciones del gobernador de Nuevo León, Samuel García Sepúlveda, y de la Tesorería estatal.
Por otro lado, la Comisión Nacional de Derechos Humanos (CNDH) señaló que el Congreso local no tenía derecho a legislar sobre el congelamiento de cuentas, ya que es un tema que corresponde exclusivamente a la Federación.
Al analizar la acción de inconstitucionalidad 58/2024 y su acumulada 67/2024, la Suprema Corte llegó a tres conclusiones principales.
La primera es que esta fiscalía no puede congelar cuentas directamente. En este caso, la Corte le dio la razón a la CNDH y declaró inválido el último párrafo del artículo 33 Bis de la ley impugnada.
En su proyecto de sentencia, la ponencia del ministro Arístides Rodrigo Guerrero García señaló que el Congreso de Nuevo León no tiene competencia para establecer reglas sobre el aseguramiento de bienes o cuentas financieras, ya que esto forma parte del procedimiento penal, el cual es facultad exclusiva del Congreso de la Unión.
En segundo lugar, estableció que la creación de la fiscalía sí es legal. La Corte rechazó los argumentos de los diputados que decían que el Congreso invadió las tareas del gobernador.

El proyecto de sentencia aclara que investigar delitos no es una función exclusiva del Poder Ejecutivo ni de la Tesorería. Por lo tanto, es válido que el Congreso local asigne la tarea de investigar delitos financieros a una fiscalía especializada.
Finalmente, en tercer lugar, concluyó que el proceso legislativo fue correcto. Se determinó que el procedimiento que siguieron los diputados para aprobar la ley no tuvo vicios que obligaran a anularla, a pesar de las quejas sobre cómo se convocó a las sesiones o la falta de estimaciones presupuestales iniciales.
Como resultado de esta decisión, la Fiscalía Especializada en Inteligencia Financiera podrá seguir operando en Nuevo León para investigar delitos, pero deberá hacerlo sin aplicar la norma que le permitía congelar cuentas bancarias de manera exclusiva.
La invalidez de esta norma sobre las cuentas bancarias tendrá efectos “retroactivos”. Esto significa que la anulación aplica desde el momento en que la norma original entró en vigor, es decir, desde febrero de 2024.