En un mensaje a medios el 2 de agosto de 2022, el vocero de la fiscalía capitalina, Ulises Lara, informó ―después de más de una década de denuncias ciudadanas― que las autoridades capitalinas investigaban la corrupción inmobiliaria en la alcaldía Benito Juárez y que ya contaban con orden de aprehensión en contra dos exfuncionarios de la demarcación: Luis Vizcaíno, exdirector de jurídico y gobierno, y Nicias René Aridjis, exdirector de obras y desarrollo urbano.

Aquel mensaje confirmó lo que los vecinos denunciaron desde inicios de la década de 2010, cuando advirtieron que en sus colonias había un “boom inmobiliario” y que se estaban construyendo edificios ilegalmente, es decir, que se levantaban en colonias donde lo tenían prohibido o construían más niveles de lo que la ley les permitía.

Las conexiones eléctricas y de gas en el inmueble eran deficientes, por lo que la fiscalía capitalina comenzó a indagar quién había autorizado la construcción y ocupación del inmueble.

“Las indagatorias permitieron establecer que Aridjis posee un par de departamentos de ese inmueble, mismos que pudieron haberle sido entregados como contraprestación a cambio de las facilidades que la alcaldía ofrecía para la construcción de obras nuevas, lo que aduciría un claro conflicto de interés”, reveló el funcionario en aquel mensaje.

Durante las primeras indagatorias se encontró, además, que de 2017 a 2021 en la alcaldía Benito Juárez se autorizaron más de mil manifestaciones de construcción para obras nuevas, lo que prendió más alertas a las autoridades que han ido robusteciendo la investigación con decenas de denuncias de ciudadanos quienes, a partir del anuncio, solicitaron que revisaran sus casos particulares.

Es decir, del 100% de las nuevas construcciones que se edificaron en la capital del país en 12 años, el 27% se realizó en la alcaldía Benito Juárez.

Ahí se han concentrado las indagatorias de la fiscalía, y esto, a decir del PAN, partido que tiene más de 20 años gobernando la demarcación, es muestra de que la institución lleva a cabo una “persecución política” contra militantes panistas, con miras a las elecciones de 2024.

Expansión inmobiliaria en Benito Juárez

En materia de desarrollo urbano, el artículo octavo de la Ley de Desarrollo Urbano vigente señala que las alcaldías son las instancias encargadas de recibir y registrar las manifestaciones de construcción, por lo que deben velar que se dé cumplimiento al Programa General de Desarrollo Urbano, así como a los Programas Delegacionales y Parciales de Desarrollo Urbano; se conserve el suelo urbano y, en los casos que lo contemple, se dé cumplimiento a los procedimientos de publicitación vecinal antes de otorgar la manifestación.

Teniendo como base esta disposición, Animal Político solicitó vía transparencia a las 16 alcaldías conocer cuántas manifestaciones de construcción de obra nueva se habían registrado entre enero de 2010 y abril de 2023.

Luego de sistematizar todos los datos fue posible confirmar que en los últimos 12 años en la Ciudad de México se autorizaron un total de 14 mil manifestaciones de construcción para obras nuevas, de las cuales 3 mil 788 corresponden a la alcaldía Benito Juárez, seguida de Álvaro Obregón con mil 553, Miguel Hidalgo con mil 516, Coyoacán con mil 393, Cuauhtémoc con mil 165 y Tlalpan con mil.

Las alcaldías Tláhuac, Venustiano Carranza e Iztapalapa no entregaron toda la información desde 2010, pues argumentaron que ya no contaban con esos datos en sus archivos, mientras que la alcaldía Milpa Alta dijo que en este lapso ellos no han entregado ninguna manifestación de construcción porque “la totalidad de la superficie de la alcaldía se encuentra clasificada dentro del suelo de conservación de la Ciudad de México, donde los registros de manifestación de construcción no son procedentes”.

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Patrones de la corrupción inmobiliaria en CDMX

De acuerdo con Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, participar en este esquema de corrupción inmobiliaria, conocido como Cártel Inmobiliario, “llevó a varios exfuncionarios de esa demarcación a hacerse, presuntamente de forma ilícita, de un patrimonio que no corresponde a sus ingresos y que fue obtenido a costa de sus encargos como servidores públicos”, por lo que el delito principal por el que se les persigue es enriquecimiento ilícito.

Detalló que los exfuncionarios presuntamente intercambiaban favores con constructoras y desarrolladores inmobiliarios a quienes presuntamente concedían el registro de manifestaciones de construcción a cambio de entregar propiedades como contraprestación, una acción de la que, sostuvo, sus superiores, es decir, los delegados en funciones, debieron estar al tanto.

En este esquema de corrupción inmobiliaria habrían participado de forma directa los titulares de las direcciones Jurídicas y de Gobierno, así como la de Obras y Desarrollo Urbano, todo esto con la anuencia de los jefes delegacionales quienes si bien no expiden ni firman las manifestaciones de construcción, sí deben estar al tanto que las nuevas construcciones que se llevan a cabo en el territorio que gobiernan cumplan con la ley.

Según ha explicado el vocero de la Fiscalía capitalina, al momento de recibir propiedades a cambio de las autorizaciones para construir, los funcionarios implicados ponían a nombre de sus familiares dichos departamentos que, en muchos de los casos, rentaban, lo que significaba una entrada de dinero permanente además de tener posesión de la propiedad.

Los vecinos de Benito Juárez tenían razón

En 2010 y 2011, en promedio, la alcaldía Benito Juárez registró 250 manifestaciones de construcción anuales; sin embargo, a partir de 2012 y hasta 2017 —durante las administraciones de Jorge Romero y Chistian Von Roerich— se observa un importante incremento en el otorgamiento de las mismas.

Sólo en 2016 se autorizaron 435 manifestaciones de construcción en la alcaldía, es decir, en promedio cada día se autorizó la construcción de un inmueble nuevo en la demarcación. En 2014 se liberaron 421 manifestaciones, 412 en 2017 y 410 en 2015.

Fuera de Benito Juárez, la alcaldía que mayor número de manifestaciones avaló de forma anual es Álvaro Obregón que, en contraste, autorizó 217 en 2011.

Tras revelarse que había una investigación abierta en contra del llamado ‘Cártel Inmobiliario’, y ante la solicitud permanente de vecinos que querían exponer sus casos, la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi) habilitó una mesa de atención en sus oficinas en donde recibió las quejas y se dio a la tarea de verificar la legalidad de las construcciones que decenas de personas les informaron se habrían construido ilegalmente.

El resultado: se confirmó que 130 inmuebles construidos entre 2008 y 2022 violaban la normativa al contar con niveles excedentes que, en conjunto, sumaban 264 pisos que habían sido construidos por encima de los niveles máximos permitidos de acuerdo a la zonificación establecida en los programas de desarrollo urbano.

De acuerdo con una estimación hecha por las autoridades, a precio comercial, estos niveles construidos por encima de los máximos permitidos representan un lucro de más de 7 mil 142 millones de pesos. 

La confirmación de que los inmuebles en donde familias rentaban o habían comprado un departamento eran parte de un esquema de obras irregulares generó preocupación entre la población, que temía perder su patrimonio. En respuesta, las autoridades capitalinas informaron que buscarían regularizar el estatus legal de cada inmueble. Incluso, descartaron que fueran a demoler los pisos excedentes.

Lo que sí hicieron fue ingresar una denuncia en contra de cada una de las empresas constructoras de estos 130 inmuebles que violaron la normatividad en materia de desarrollo urbano y si bien el proceso ha sido muy largo, un par de estas empresas ―de las cuales no se ha dado a conocer su nombre― se han acercado a las autoridades para ofrecer pagar el valor comercial del excedente contraído a fin de evitar se continúen con las investigaciones.

Tras el fenómeno mediático generado por las indagatorias, la mesa de atención fue retirada y la plataforma en la que se vaciaron todos los datos y se muestra geográficamente cada una de las obras construidas en la ilegalidad dejó de actualizarse.

A pesar de ello, las denuncias ciudadanas sobre la construcción de obras ilegales no han parado y alcanzan, incluso, a la actual administración encabezada por el panista Santiago Taboada, pues de acuerdo a las investigaciones que realizó Seduvi, de los 130 inmuebles que se confirmó se construyeron en la ilegalidad, 40 corresponden a obras que se autorizaron por la presente administración.

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El alcalde ha sostenido que las investigaciones que lleva a cabo la Fiscalía capitalina son solo una estrategia política rumbo a la elección del 2024 porque solo se ha concentrado en investigar a la oposición y ha omitido perseguir a las autoridades del Gobierno capitalino desde la Secretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda (Seduvi), la Secretaría de Finanzas, el Registro Público de la Propiedad, hasta la propia oficina de la Jefatura de Gobierno.

“No hay manera de que en la Ciudad se levante un ladrillo si el Gobierno de la Ciudad no lo autoriza. Punto”, sostuvo Taboada en una entrevista con el portal Latinus.

“Yo no me voy a quedar con un señalamiento de algo que es completamente atribuible al Gobierno de Claudia Sheinbaum”, agregó el alcalde el 16 de junio pasado, un día después de que Claudia Sheinbaum se separará de la Jefatura de Gobierno para contender por la candidatura presidencial por Morena.

Al parecer estas líneas de investigación no han sido agotadas por la fiscalía capitalina, ya que dichas secretarías figuran hasta ahora dentro de la “red de complicidades” que ha presentado la fiscalía en los diversos mensajes y posicionamientos emitidos por el vocero Ulises Lara.

A un año de darse a conocer que ‘el Cartel Inmobiliario’ era investigado, once exfuncionarios están privados de su libertad, entre ellos el exdelegado de Benito Juárez Christian Von Roehrich, quien fue detenido el 20 de abril de 2023 cuando buscaba cruzar la frontera por Tamaulipas. Otros cuatro señalados se encuentran prófugos de la justicia.

Detenidos por presunta corrupción inmobiliaria en CDMX

Luis Vizcaíno Carmona, exdirector general de jurídico y de gobierno en la Benito Juárez entre 2009 y 2016, fue el primer ex funcionario de alto nivel que fue detenido por su presunta participación en este esquema de corrupción inmobiliaria y el delito que se le imputó fue enriquecimiento ilícito.

Su detención se llevó a cabo en las inmediaciones de la colonia Del Valle, en Benito Juárez, el 30 de julio de 2022 y a pesar de los esfuerzos que hizo su defensa, Vizcaíno Carmona fue ingresado al Reclusorio Norte.

En un mensaje a medios, en donde se informó la detención del exfuncionario, el vocero de la FGJ, Ulises Lara, expuso que las indagatorias -hasta ese momento- apuntaban a que Vizcaíno Carmona, “a través de posibles extorsiones y supuestos intercambios de favores al margen de la ley, probablemente habría logrado enriquecerse al someter a la alcaldía Benito Juárez a sus propios intereses”.

De hecho, el vocero señaló que el exfuncionario es copropietario de un inmueble cuyo valor comercial superaría los 30 millones de pesos y que en 2014 la mitad del mismo le fue vendido en 1.4 millones de pesos, lo cual resultaba inexplicable.

El 19 de octubre de 2022, la Fiscalía capitalina informó que Nicias René Aridjis, exdirector de obras y desarrollo urbano de la Benito Juárez entre 2006 y 2018, había sido detenido.

Al igual que Vizcaíno Carmona, el delito que se le imputó fue enriquecimiento ilícito, sin embargo, él no pisó la cárcel pues un juez instruyó que estuviera en prisión domiciliaria como medida cautelar.

Ya en 2011 la Contraloría capitalina había destituido e inhabilitado a Nicias René Aridjis luego de detectar que el servidor público poseía una riqueza notoriamente superior a los ingresos lícitos que pudiera obtener como servidor público, sin embargo, el señalado impugnó la resolución y en 2012 regresó al cargo. 

De hecho, en uno de los episodios más dolorosos en la CDMX, como lo fue el sismo del 19 de septiembre de 2017, se pudo confirmar que el exfuncionario autorizó la habitabilidad del inmueble ubicado en la avenida Emiliano Zapata 56 que a nueve meses de haber sido terminado y ocupado, colapsó cobrando la vida de dos mujeres.

Presuntos responsables en fuga

Quien buscó evadirse de la justicia fue el exdelegado de Benito Juárez, Chistian Von Roehrich, luego de que el 19 de febrero su hermana Sofía Soraya fuera detenida por elementos de la policía de investigación en el estado de Querétaro.

Según la investigación de la Fiscalía capitalina, la hermana del exdelegado habría participado como apoderada legal de empresas vinculadas con Nicias René Aridjis a través de las cuales triangulaba millones de pesos en efectivo que después aparecían en la cuenta familiar de los Von Roehrich.

Según ha detallado la Fiscalía capitalina, las empresas en las que participaba la hermana de Von Roehrich expedía facturas por trabajos no realizados, mismas que eran pagadas por los desarrolladores inmobiliarios. 

A pesar de ser diputado capitalino en funciones, tras estos hechos Von Roehrich dejó de asistir al Congreso capitalino, a pesar de formar parte de la Junta de Coordinación Política y ser coordinador de la bancada panista.

Durante dos meses no se supo nada de él, hasta que el 20 de abril autoridades norteamericanas lo detuvieron en la frontera con Tamaulipas cuando buscaba ingresar ilegalmente a Estados Unidos. Contaba con una ficha roja de Interpol, por lo que era buscado en más de 190 países.

Los delitos por los que se libró una orden de aprehensión en contra del exdelegado son uso ilegal de atribuciones y facultades cometidos por servidores públicos, además de asociación delictuosa, y es que las autoridades acusan que durante su administración desvió recursos que eran para los damnificados del sismo del 19 de septiembre de 2017.

Se trata, al menos, de 207 millones de pesos que se asignaron a presuntas empresas fantasmas para que demolieran inmuebles dañados por el sismo, lo cual nunca sucedió.

La detención de Christian Von Roerich puso la atención pública en el grupo panista del que forma parte, encabezado por el exjefe delegacional, Jorge Romero Herrera, actual coordinador de los diputados panistas, e integrado por sus principales colaboradores: Andrés Atayde, dirigente del PAN de la CDMX; Mauricio Tabe, alcalde de Miguel Hidalgo; Luis Mendoza Acevedo, diputado federal y aspirante a la alcaldía Benito Juárez en 2024, y Santiago Taboada, alcalde en funciones y aspirante a la jefatura de gobierno de la CDMX en los comicios del próximo año.

El poder de este grupo se ha ido incrementando desde que en 2009 Jorge Romero se convirtió en delegado, y actualmente ejerce una fuerte influencia no sólo en el PAN capitalino, sino en la dirigencia nacional encabezada por Marko Cortés, como ha sido documentado por Animal Político.   

Primeras sentencias por corrupción inmobiliaria

A la fecha, la Fiscalía ha obtenido dos sentencias condenatorias en contra de los señalados de participar en el esquema de corrupción inmobiliaria en la Benito Juárez, sin haberse agotado el juicio oral.

Se trata de Nicias René Aridjis y Luis Vizcaíno Carmona quienes accedieron a un procedimiento abreviado  ―que implica recibir penas más bajas― en el que renunciaron a su derecho a un juicio y aceptaron la responsabilidad penal de los cargos que se les imputan.

Los años de prisión que obtuvieron en ambas sentencias apenas rebasaron la pena mínima prevista en el Código Penal local para el delito de enriquecimiento ilícito, que es de dos años, dato que lleva a cuestionar la calidad técnica o el rigor de la acusación de la fiscalía. 

Nicias René Aridjis, quien se mantiene en prisión domiciliaria, se hizo acreedor a una condena de 3 años por los delitos de enriquecimiento ilícito ya que no pudo comprobar el origen lícito de su patrimonio económico.

Según informó la Fiscalía, su sentencia incluyó, también, el pago de una multa cuyo monto no ha sido revelado, así como el aseguramiento de al menos cinco propiedades del exfuncionario las cuales se ubican en las alcaldías Benito Juárez, Coyoacán y Álvaro Obregón.

Las indagatorias en contra de Nicias René Aridjis no han terminado. La Fiscalía capitalina presentó, en junio pasado, una nueva imputación en contra del exfuncionario público, ahora por el delito de uso ilegal de atribuciones y facultades.

Y es que el exfuncionario habría autorizado la construcción de un inmueble de ocho niveles en la colonia Portales Sur, en un predio en donde solo se podían edificar tres pisos.

En tanto, Luis Vizcaíno Carmona recibió una sentencia de cuatro años por el delito de enriquecimiento ilícito. Cabe mencionar que la sentencia la cumplirá en prisión domiciliaria, pues así lo determinó el juez.

Al igual que Aridjis, deberá cubrir una sanción pecuniaria, le decomisaron dos cuentas bancarias de empresas propiedad del exservidor público, así como seis propiedades.

“Uno de ellos ubicado sobre avenida Insurgentes Sur, colonia Guadalupe Inn, de la alcaldía Álvaro Obregón, del que es propietario al 50%; el referido inmueble lo tiene en copropiedad con otro servidor público en Benito Juárez que también se encuentra sujeto a investigación. Asimismo, fueron decomisados otros cinco departamentos de su propiedad ubicados en un edificio de la calle de Petén de la Colonia Narvarte Oriente”, informó Ulises Lara, vocero de la Fiscalía capitalina, el pasado 7 de septiembre cuando se informó de la sentencia al exfuncionario público de la alcaldía Benito Juárez.

* Este reportaje fue posible gracias al apoyo parcial del Departamento de Estado de los Estados Unidos y la Fundación Panamericana para el Desarrollo. Su contenido es responsabilidad de Animal Político, en colaboración con México Evalúa, y no necesariamente reflejan el punto de vista del Departamento de Estado o el Gobierno de los Estados Unidos ni de la Fundación Panamericana para el Desarrollo.