Coneval pide al Senado considerar riesgos por traslado de sus funciones al Inegi
El Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) hizo un llamado al Senado a considerar los riesgos que implica su desaparición, así como el traslado de sus funciones al Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi).
A través de un pronunciamiento, el Coneval advirtió que trasladar fuera del ámbito de la administración pública federal las funciones de medición de pobreza y de evaluación de política social pone en riesgo la credibilidad de cifras que resultan fundamentales para la política de desarrollo social, así como la generación de información crucial para definir las zonas de atención prioritaria para los programas sociales y para el diseño de los planes de la nueva administración.
Esto ante la posible aprobación de la reforma propuesta por el expresidente Andrés Manuel López Obrador para eliminar siete organismos autónomos, entre los que se encuentra el Coneval y que será discutida esta semana en el Senado tras su reciente aprobación en la Cámara de Diputados.
La propuesta además contempla la fusión del Coneval con el Inegi, un organismo público autónomo que sólo se encarga de recopilar y difundir información estadística del país.
Lo anterior ha despertado críticas por parte de los propios integrantes del Consejo quienes han señalado, entre otras cosas, que dicha propuesta se contradice. Según argumentan, a través de esta medida se busca eliminar un órgano que depende de la Secretaría de Bienestar para que sus funciones sean absorbidas por un organismo autónomo que cuenta con el estatus legal que la propuesta rechaza. Además de que este proceso saldría más caro porque los salarios de los trabajadores del Inegi son más altos.
Coneval pide conservar información y tomar en cuenta plan para 2025
En su pronunciamiento, el Coneval señaló que en caso de aprobarse el dictamen en los términos actuales y aprobarse la transición, se deberán tomar en cuenta los plazos, presupuestos y mecanismos necesarios para el cumplimiento de las actividades programadas para el 2025.
Entre ellas se encuentran la presentación de las estimaciones de medición multidimensional de pobreza 2024; la preparación de la medición de la pobreza municipal 2025; la información que permita la asignación de los Fondos del Ramo 33, entre ellos el Fondo de Aportaciones de Infraestructura Social Estatal.
Además, para que el Estado mexicano pueda apuntalar de forma efectiva las acciones dirigidas a eliminar la pobreza, será necesario que en la definición de la legislación secundaria y en los artículos transitorios que definirán el traslado de sus funciones al Inegi, se priorice el modelo de gobernanza técnica e independiente “que ha asegurado la calidad y objetividad de la evaluación y monitoreo de políticas públicas que se ha consolidado en los 19 años de existencia de esa institución”, indicó.
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Asimismo, hizo un llamado a preservar la información, los sistemas y las metodologías que se han creado en las casi dos décadas en las que ha operado el Consejo y a brindar certidumbre en cuanto a los derechos laborales de los cerca de 200 trabajadores y trabajadoras que integran la institución.
Recordó que ha planteado a legisladores y funcionarios la posibilidad de que se cumpla el propósito de eliminar el órgano constitucional autónomo considerado en el artículo 26 constitucional, el cual afirma, nunca entró en operación, sin que el Ejecutivo federal pierda funciones directamente vinculadas con la política nacional de desarrollo social.
Sin embargo, reiteró su interés en mantener el diálogo con el Poder Legislativo para que el país pueda contar con una medición de la pobreza sólida y confiable.
