La jueza Sexto de Distrito en Materia Administrativa, con sede en Zapopan, Jalisco, concedió el primer amparo que echaría atrás los afectos de la reforma judicial, impulsada por el expresidente Andrés Manuel López Obrador y que ya está en vías de aplicación, con las convocatorias para que aspirantes a jueces, magistrados y ministros se inscriban para la elección judicial.
En su sentencia que concede el amparo, la jueza considera que hubo diversas irregularidades en el proceso legislativo que se llevó en el Senado. Se refirió concretamente a un “efecto corruptor” que “hace presumir vicios” en la voluntad de algunos legisladores para votar la reforma.
“(La discusión de la reforma) se desarrolló en un clima de ataques sistemáticos del Ejecutivo en contra del Poder Judicial, como parte de una narrativa tendente a deslegitimarlo. Esto produjo un ‘efecto corruptor’, en la forma en que lo denomina la parte quejosa, o un condicionamiento de la percepción global e individual de las personas integrantes del cuerpo legislativo, que provoca la nulidad del procedimiento legislativo, al tratarse de un ilícito constitucional que afecta el respeto de las minorías”, señala la sentencia.
La jueza destacó en su sentencia que el Congreso no comprobó la finalidad legítima de que la reforma busque garantizar un Poder Judicial autónomo, abonando a la división de poderes, “sino todo lo contrario, basta dar lectura la integridad de la exposición de motivos, así como asomarse al fondo de la reforma, para advertir que la sustitución constitucional no encuentra ninguna clase de justificación, más allá de la retórica”, señaló.
En ese sentido, la jueza destacó el “exceso” de facultades del Congreso, a su decir, porque el no poder justificar genuinamente esa intención con la reforma, “representa un desbordamiento de la competencia del órgano reformador”.
“En ejercicio de una facultad legítima, (el Congreso) fue más allá de lo constitucionalmente permitido, al desconocer un elemento que el Constituyente impregnó en la Constitución como un elemento esencial y fundacional del Estado, exento de modificación por parte de cualquier poder constituido, como lo es la división de poderes y la garantía de los derechos humanos, manifestados mediante la independencia judicial”.
La jueza ordenó dejar sin efecto los actos del proceso de reforma constitucional. La reforma judicial entró en vigor el pasado 15 de septiembre y actualmente su aplicación está generando incluso negociaciones a nivel presupuestario en la Cámara de Diputados.