
Las comisiones unidas de Justicia y Estudios Legislativos en el Senado pospusieron la discusión de la reforma a la Ley General Federal contra la Delincuencia Organizada que permite la participación de “jueces sin rostro” en casos donde estén implicados grupos delincuenciales.
El presidente de la Comisión de Justicia, Javier Corral, señaló que si bien el tema está planteado en “muy buenos términos”, admitió que buscarán establecer reglas más específicas para atender las advertencias realizadas por organismos defensores de derechos humanos respecto tanto a la aplicación de la figura de “jueces sin rostro” como a la ampliación del catálogo de delitos que permiten la prisión preventiva oficiosa.

El legislador, sin embargo, enfatizó que esas figuras ya están contempladas en la Constitución.
“Prisión preventiva oficiosa está ya en la Constitución, esas son dos realidades constitucionales que la Comisión no puede modificar, lo que buscaremos en la ley es cómo plantearlo de mejor manera”, dijo Corral.
La decisión de posponer la votación fue respaldada por los grupos parlamentarios de oposición como PRI y PAN.
La iniciativa presidencial, presentada en junio pasado, propone resguardar la identidad de personas juzgadoras cuando exista un riesgo grave para su vida, principalmente en casos de delincuencia organizada.
Otro punto destacado es la ampliación del catálogo de delitos que ameritan prisión automática, en concordancia con el artículo 19 de la Constitución, y prohíbe interpretaciones para no aplicarla.
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Los delitos que se añaden son extorsión, delitos relacionados con drogas sintéticas y fentanilo, así como contrabando y cualquier actividad relacionada con comprobantes fiscales falsos.
Cuestionada al respecto, esta mañana, la presidenta Claudia Sheinbaum explicó que la finalidad de la reforma es proteger la vida de los jueces; pero advirtió que tiene que hacerse con pulcritud para que no se use para “otros temas”.
Organizaciones como el Centro Prodh advirtieron que usar esa figura contraviene los estándares internacionales, ya que es incompatible con los principios de idoneidad, competencia, legalidad, independencia e imparcialidad que deben regir la función judicial.
Otros de los planteamientos que advirtió la organización es la ampliación de los supuestos de detención en flagrancia y la extensión de excepciones al control judicial previo en actos de investigación relacionados con delitos de prisión preventiva oficiosa, lo que vulnera el debido proceso y las garantías judiciales.
La iniciativa fue pospuesta para su discusión hasta 2026.