La relación entre el gobierno y la Comisión de la Verdad está en fase crítica, luego de que los expertos que forman parte de ese equipo advirtieron que en México persisten factores por los que se siguen cometiendo graves violaciones a derechos humanos, tal como ocurrió en la llamada Guerra Sucia, registrada entre 1965 y 1990.

La Comisión de la Verdad fue creada por iniciativa del presidente Andrés Manuel López Obrador en octubre de 2021. Al principio contó con todo el apoyo del presidente, al menos en el discurso, pero las cosas fueron cambiando con el pasar de los años.

El MEH no se quedó ahí y, como parte de su investigación, también consideró pertinente escribir un volumen referente a los factores de persistencia que provocan que todavía en la actualidad se cometan abusos en contra de la población.

De acuerdo al informe publicado esta semana, y que se titula Fue el Estado (1965-1990), el racismo, la discriminación, la pobreza y la desigualdad son algunos de los factores de persistencia que provocan que en el presente se sigan cometiendo graves violaciones a derechos humanos.

Si bien en la Guerra Sucia las violaciones a derechos humanos provenían de autoridades, ahora también se cometen por grupos del crimen organizado que tienen buena presencia en el país. Y aún persisten los abusos cometidos por el Ejército, una institución que es señalada por el MEH debido a la protección que recibe de parte de las autoridades del gobierno.

“Factores de persistencia es hablar de las violaciones cometidas por el Ejército mexicano que continúan impunes porque no se ha transitado hacia un fuero civil para procesar esos crímenes. Es hablar también de cómo esa impunidad es la que mantuvo la puerta abierta para que elementos del ejército participaran en masacres, desapariciones forzadas, ejecuciones arbitrarias y tortura contra población civil después de 1990”, señala el informe del MEH sobre el Ejército.

Alertan riesgo de que el gobierno no reconozca el informe del MEH

La tensión entre el gobierno y la Comisión de la Verdad ha crecido a tal grado que los integrantes del MEH temen que las autoridades actuales no acepten su informe, el cual en mayor medida se refiere a hechos ocurridos entre 1965-1990.

“Nuestro mismo informe tenemos la sensación de que no va a ser aceptado en su totalidad, ya lo entregamos al menos a la Subsecretaría de Derechos Humanos y por ahí tememos que no quieran hacer suyo todo el informe”, lamenta Abel Barrera, integrante del MEH.

El activista, quien también es director del Centro de Derechos Humanos de la Montaña Tlachinollan, relata que desde la Subsecretaría de Derechos Humanos, primero a cargo de Alejandro Encinas y luego de Félix Medina, el mensaje siempre fue que “los factores de persistencia no tenían que ver en el decreto (con el que se creó la Comisión)”.

“Eso ha dado pie a un desencanto hacia nosotros”, reconoce Abel Barrera, quien defiende que el capítulo de factores de persistencia sirve para entender el presente a partir de las graves violaciones a derechos humanos cometidas en el pasado, pues los mecanismos con los que se cometen dichas vulneraciones son similares.

El activista señaló que aunque en un principio la Comisión de la Verdad fue anunciada con bombo y platillo por autoridades federales, en los hechos se fue perdiendo el apoyo a sus actividades. No solo se trataba de falta de recursos, sino de falta de colaboración de otras instituciones que también formaban parte del equipo, como la Comisión Nacional de Búsqueda (CNB), la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) y el Archivo General de la Nación. 

“La prioridad fue darle atención a los planteamientos de Ayotzinapa, tiempo, recursos, personal, todo se concentró en Ayotzinapa. Eso fue en detrimento de nuestra comisión, nosotros quedamos supeditados”, insiste Abel Barrera.

Falta de colaboración de otras dependencias con la Comisión de la Verdad

El día de ayer, en la presentación del informe Fue el Estado (1965-1990), tres de los expertos que forman parte del MEH reclamaron la falta de apoyo del gobierno para hacer su trabajo, incluyendo a la CNB y la CEAV.

David Fernández señaló que el MEH venía trabajando de la mano con la CNB en la búsqueda de las personas desaparecidas durante la llamada Guerra Sucia, sin embargo, esa institución dejó de colaborar cuando renunció Karla Quintana y llegó en su lugar Guadalupe Reyes, una funcionaria sin experiencia en temas de desapariciones.

Fernández relató el caso de unas posibles fosas clandestinas que el MEH solicitó revisar en Ocosingo, Chiapas. La comunicación con la CNB venía fluyendo para llevar a cabo esa acción, pero cuando Reyes Sahagún llegó en 2023 ese proyecto se cayó.

“Nosotros veníamos trabajando muy bien con la Comisión Nacional de Búsqueda, que ya había incluso exhumado siete cuerpos en Guerrero y se hicieron trabajos de exhumación en un par de sitios más, pero el gran pendiente fue este de Ocosingo. A raíz del cambio en la dirección de esa institución ya no hubo trabajo conjunto”, criticó el sociólogo.

En su momento, la salida de Karla Quintana de la CNB cimbró al sistema de búsqueda de personas desaparecidas en México. Fueron muchos los cuestionamientos de colectivos de familias de víctimas, quienes acusaron que Reyes Sahagún tenía más experiencia en temas de educación para personas mayores que en asuntos de desaparición de personas.

Otra institución que no colaboró con el MEH en los últimos años fue la CEAV, que también forma parte de la Comisión de la Verdad. David Fernández critica que de esa dependencia se quedaron esperando un programa especial de reparación de daños relacionado con la Guerra Sucia, el cual sí les fue anunciado, pero no se terminó por concretar.

El Ejército y el Centro Nacional de Inteligencia dieron más problemas, pues no permitieron al MEH acceder a sus archivos. Incluso la Oficina de la Presidencia de la República negó información sobre el Estado Mayor Presidencial, un grupo formado por militares que en el pasado habría cometido abusos contra la población.

Rupturas al interior de la Comisión de la Verdad

Al mismo tiempo que la Comisión de la Verdad sufría una relación menos cercana con el gobierno, dos de sus equipos de trabajo se metieron en conflictos internos que dificultaron realizar su labor de mejor manera.

Ese fue el caso del MEH, que en un principio era conformado por cinco especialistas, de los cuales una renunció en septiembre de 2022 y luego los cuatro restantes se dividieron en dos grupos, lo cual derivó en que se elaboraran dos informes distintos de la Guerra Sucia.

De esa forma, el informe Fue el Estado (1965-1990) fue coordinado por el sociólogo David Fernández, el activista Abel Barrera y el politólogo Carlos Pérez Ricart.

Mientras que un segundo informe que aún no se presenta de manera pública, titulado Verdades Innegables. Por un México sin impunidad, fue coordinado por la historiadora Eugenia Allier.

El choque entre ambos equipos se dio porque no hubo un acuerdo entre los temas a discutir. Por un lado, Allier quería dar seguimiento a los temas clásicos de la Guerra Sucia, como organizaciones político-militares, movimientos estudiantiles y movimientos laborales-sindicales.

Mientras los otros tres comisionados expandieron su investigación a sectores de la sociedad que fueron afectados durante la Guerra Sucia, pero de los cuales comúnmente no se habla, como los periodistas, las personas de la diversidad sexual, el movimiento urbano o la disidencia religiosa.

Los tres comisionados también añadieron a su informe los factores de persistencia, el capítulo que le ha generado un conflicto con el gobierno y por el cual temen que su documento no sea aceptado.

Aleida García Aguirre, la investigadora que renunció al MEH en septiembre de 2022, señala que desde casi un año antes, en diciembre de 2021, se marcó la división de Eugenia Allier con los otros tres investigadores con los que ella también trabajó.

La experta recuerda que los problemas iniciaron por “roces individuales entre personas, que son una dinámica muy propia de la academia de la Ciudad de México, en el que se quiere marcar terreno de temas, metodologías y etcétera”.

La renuncia de García Aguirre representó el primer gran golpe a la Comisión de la Verdad, pues el trabajo se tuvo que redistribuir en los cuatro especialistas que se quedaron.

Uno de los motivos de su salida, señala la experta, fue por el constante apoyo que López Obrador dio al Ejército en su sexenio. “Ahí supe que íbamos a estar a contracorriente”, señala García Aguirre en entrevista.

La experta añade que al menos en el tiempo que ella estuvo dentro de la Comisión, el MEH no contaba con plena autonomía, pues sus planes de viaje para hacer entrevistas o revisar archivos tenían que ser avalados por la Subsecretaría de Derechos Humanos y Félix Santana, funcionario designado como secretario técnico de la Comisión.

“La razón fundamental por la que yo renuncié fue porque crearon una comisión sin presupuesto, crearon una comisión para imponer sus agendas, diciendo que iba a ser autónoma y no lo fue en el tiempo que yo estuve”, señala la experta.

El MEH tuvo que luchar por su independencia al estar adscrita a la Subsecretaría de Derechos Humanos. Al final el gobierno no se metió en los temas que investigó, pero que vaya a aceptar el contenido de los informes elaborados es muy diferente.

El Comité de Justicia también enfrentó problemas

No solo el MEH enfrentó estas complicaciones mientras hacía su labor. El Comité de Impulso a la Justicia, una área destinada a hacer una revisión de las carpetas de investigación abiertas por crímenes ocurridos en el pasado, también acusó falta de recursos económicos para hacer su labor y la renuncia de dos de sus tres integrantes.

Ángela Buitrago, actual ministra de Justicia y Derecho en Colombia, fue la única sobreviviente del Comité de Impulso a la Justicia de la Comisión. Pese a las dificultades, y antes de volver a su país, la experta dejó hecho un breve informe con recomendaciones para que México pueda hacer justicia a las decenas de miles de víctimas de la Guerra Sucia.

El informe del Comité de Impulso a la Justicia fue integrado al último volumen de Anexos del documento que el MEH presentó en el Centro Cultural Universitario Tlatelolco este viernes.

Carlos Pérez Vázquez, uno de los dos investigadores que renunció al Comité de Impulso a la Justicia en 2023, señaló que los motivos por los que salió fue porque la Subsecretaría de Derechos Humanos nunca garantizó que hubiera recursos para esta oficina.

El abogado, quien es académico de la Universidad Nacional Autónoma de México, relata que Félix Santana, el secretario técnico, siempre dio largas a los integrantes del Comité. Eso los llevó a paralizar sus actividades en los primeros meses de 2023, que en ese entonces constaban de tener reuniones con familiares de víctimas y tratar de esbozar algunas de las recomendaciones que podrían hacer al gobierno en su informe final.

Frenar sus actividades tampoco funcionó, pues las autoridades les siguieron dando largas con sus peticiones.

“Nos estuvieron dando largas en lo político y en lo material. Entonces dijimos ya es suficiente porque si no nos va a tocar a nosotros darle una explicaciones a las víctimas de las omisiones del gobierno y preferimos separarnos después de hablar con las víctimas por supuesto”, señala Pérez Vázquez, quien renunció al Comité junto a su compañero Fabián Sánchez Matus.

El exintegrante de la Comisión de la Verdad asegura que en sus casi dos años de trabajo en la Comisión, el gobierno nunca les proveyó de recursos materiales y humanos para trabajar. Tampoco les dio una oficina y, lo más importante, la Subsecretaría de Derechos Humanos no buscó hacer convenios con las fiscalías para que les permitieran revisar sus averiguaciones previas relacionadas con la Guerra Sucia.

Para Carlos Pérez Vázquez, el problema central estuvo en en que la Comisión de la Verdad no gozó de independencia desde un inicio, sino que se conformó dentro de la Secretaría de Gobernación, una de las instituciones que suma más acusaciones por violar derechos humanos en el pasado.

“Yo concluí que, al menos en el Comité de Justicia, no era conveniente que la Comisión de la Verdad estuviera supeditada a un órgano político, al Poder Ejecutivo federal. Eso le restó movilidad, impulso, capacidad de trabajo”.