La Cámara de Diputados recibió una reforma a la Ley Orgánica de la Administración Pública Federal en la que se propone crear la Secretaría de la Mujer; la Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación; la Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, y transformar la Secretaría de la Función Pública en Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que absorbería las facultades y funciones del Instituto Nacional de Transparencia y Acceso a la Información (Inai).
La reforma, que deberá ser aprobada por el Senado y por la Cámara de Diputados antes de que empiece la discusión del presupuesto el 15 de noviembre, incluye modificaciones para que las nuevas dependencias se hagan cargo del acceso a la información pública, además de impulsar la creación de un sistema de servicio nacional de identificación personal.
Con la llegada de Claudia Sheinbaum a la presidencia se inició también una reestructuración del gobierno federal con la creación de nuevas secretarías, subsecretarías y hasta una Agencia de Transformación Digital, sin embargo, los titulares de estas áreas han despachado un mes sin nombramiento formal.
Ese es el caso del Instituto Nacional de las Mujeres (Inmujeres), que dejará de existir para convertirse en la secretaria de las Mujeres, y que estará a cargo de Citlalli Hernández.
Aun sin el nombramiento formal por parte de Sheinbaum, la exsecretaria general de Morena ya enfrentó su primer reto al tener que intervenir ante la Fiscalía General de Querétaro que buscaba encarcelar a una joven a quien señalaron de haber abortado luego de ser violada.
A través de la mediación de Citlali Hernández, la Fiscalía presentó el desistimiento de toda acción penal en contra de la niña de 14 años quien era acusada de homicidio doloso.
Otra de las funcionarias que ha estado despachando sin un nombramiento formal es Rosaura Ruiz quien será la próxima secretaria de Ciencias, Humanidades y Tecnología, dependencia que sustituirá al Conahcyt.
A lo largo del primer mes de trabajo la funcionaria ha mantenido reuniones con los titulares de los distintos centros públicos del país, así como autoridades de la SEP.
Dentro de la reorganización al gobierno también se encuentra la creación de la Agencia de Transformación Digital, un símil de la Agencia de Innovación Pública (ADIP) que Sheinbaum impulsó mientras fue la Jefa de Gobierno de la CDMX y a través de la cual se logró la digitalización de la mayoría de los trámites.
Esta agencia estará a cargo de José Peña Merino quien en el primer mes de gobierno de Sheinbaum no ha encabezado algún evento público ni tampoco ha participado en las conferencias matutinas o al menos en el presidio, pues sí se le ha visto tras bambalinas.
La cuarta dependencia que se estrenará en el gobierno de Claudia Sheinbaum será la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno, que sustituirá a la Secretaría de la Función Pública. Raquel Buenrostro, exsecretaria de Economía, será la encargada de la institución.
Entre las nuevas dependencias destaca la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno.
La reforma de Claudia Sheinbaum ya incluye que esta dependencia se haga cargo de garantizar el derecho de acceso a la información pública, ante la intención de Morena de eliminar el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai).
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Entre otras cosas, la propuesta de reforma señala que la Secretaría Anticorrupción y de Buen Gobierno deberá “ejercer las atribuciones que le correspondan en materia de transparencia, acceso a la información pública y protección de datos personales, de conformidad con las disposiciones jurídicas aplicables”.
A esto se suman otras atribuciones que la Secretaría tendrá, por ejemplo, en procesos de contratación, en la emisión de reglas de investigación y fiscalización para las instituciones de gobierno, en la negociación de tratados comerciales y en la evaluación de la confiabilidad de personas que vayan a ocupar “cargos estratégicos”.
La Agencia de Transformación Digital y Telecomunicaciones, una institución que Claudia Sheinbaum ya utilizó en su jefatura de Gobierno de la CDMX, es otra de las instituciones novedosas dentro de la administración federal.
Entre otras funciones, la Agencia deberá integrar el sistema de servicio nacional de identificación personal, así como el mecanismo único de autenticación digital basado en la Clave Única de Registro de Población, en coordinación con la Secretaría de Gobernación.
La Agencia también definirá los protocolos de seguridad de la información y comunicaciones de la administración pública federal, además de conducir la política de soberanía tecnológica.
Esta dependencia, que estará a cargo de José Peña Merino, también presidirá el Consejo Nacional de Mejora Regulatoria y propondrá al titular de este organismo.
Otra nueva dependencia dentro del gobierno federal será la Secretaría de las Mujeres, que sustituirá al Instituto Nacional de las Mujeres.
Esta nueva Secretaría estará a cargo, entre otros temas, de la prevención, atención y erradicación de las violencias contra las mujeres, adolescentes y niñas.
Además, la Secretaría de las Mujeres deberá desarrollar un sistema de cuidados para que esta tarea ya no se recargue exclusivamente en las habitantes del país, así como promover programas en materia de salud integral para garantizar los derechos sexuales y reproductivos de todas ellas.
La institución también tendrá que proponer la integración de México a tratados internacionales en esta materia; promover estudios sociales, económicos, políticos y económicos de las mujeres, y firmar acuerdos con todos los niveles de gobierno, sectores sociales y privados en favor de las habitantes del país.
La Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación será otra dependencia nueva en el sexenio de Claudia Sheinbaum.
Según la reforma enviada por la presidenta, esta institución tendrá entre sus principales tareas administrar la Universidad Rosario Castellanos y la Universidad de la Salud, las apuestas de Claudia Sheinbaum para garantizar los estudios de nivel superior en México.
Aunado a esto, la Secretaría deberá garantizar el derecho de toda persona a gozar de los beneficios del desarrollo de la ciencia, el progreso humanístico y la innovación tecnológica.
Para lograr esto, la dependencia tendrá que estar en coordinación con las autoridades educativas para mejorar la investigación científica y tecnológica; diseñar programas de cooperación y movilidad nacional e internacional; proponer el otorgamiento de recursos para impulsar proyectos relacionados a esta materia, y fomentar la constitución de empresas de base científica tecnológica.