Ocho organizaciones de la sociedad civil solicitaron a diversas autoridades revisar la candidatura de Francisco Herrera Franco, exfiscal regional de Michoacán que competirá en la próxima elección judicial para ser juez en materia penal, pese a haber sido señalado por presuntos vínculos con el crimen organizado y el asesinato de dos periodistas. 

A través de un comunicado, las organizaciones Defensorxs, Artículo 19, Laboratorio Electoral, Mexicanos Contra la Corrupción y la Impunidad, Práctica: Laboratorio para la Democracia, Observatorio Sonora por la Seguridad y Politiklab solicitaron al Instituto Nacional Electoral (INE) y al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) revisar su perfil, así como a la Fiscalía General de la República (FGR) y la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) reanudar las investigaciones sobre las denuncias en su contra.

“En un intento por hacer que las autoridades revisen estos perfiles y garanticen que se cumplan los requisitos para personas juzgadoras previstos en nuestra Constitución, manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a Juez Federal en materia penal, dentro del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación”, señalaron. 

Esta mañana Animal Político publicó el caso de Francisco Herrera Franco, quien en la administración del exgobernador Silvano Aureoles fue señalado por supuestamente extorsionar a comunidades para obligarlas a trabajar para organizaciones criminales, fabricar delitos, así como por su posible involucramiento en el asesinato de los periodistas Roberto Toledo y Armando Linares, del portal Monitor Michoacán. 

A ello, se suma el hecho de que Herrera Franco fue destituido de su cargo en la Fiscalía General del Estado (FGE) de Michoacán en mayo de 2022, luego de que se filtraron unos audios donde se le escuchaba presuntamente pactando con un líder criminal de la entidad. 

Pese a este historial, Herrera Franco aparecerá en la boleta electoral en el estado de Michoacán, circuito 11, postulado por el Poder Legislativo para ocupar un cargo como juez federal en materia penal, de acuerdo con el listado definitivo de candidaturas, aprobado el pasado 21 de marzo por el INE. 

Durante esta elección judicial, varias organizaciones civiles y periodistas han detectado candidatos a puestos judiciales que representan un riesgo para la impartición de justicia y los derechos humanos. 

Entre estas organizaciones está Defensores A.C.  quienes detectaron el caso de Herrera Franco mediante una denuncia ciudadana, mismo que se suma a cuatro candidatos más del Poder Judicial que podrían estar relacionados con el crimen organizado que ya fueron denunciados. 

“Manifestamos nuestra profunda preocupación y rechazo ante la postulación de Francisco Herrera Franco como candidato a Juez Federal en materia penal dentro del proceso de renovación del Poder Judicial de la Federación”, señaló Artículo 19, organización internacional defensora de derechos humanos por la defensa de la libertad de expresión y el derecho a la información mediante una publicación en su cuenta de X, antes Twitter. 

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En Michoacán, Francisco Herrera era apodado “el fiscal del terror” por su historial de violaciones a derechos humanos, cooptación institucional y presunto pacto con grupos criminales, como quedó documentado en grabaciones filtradas donde se le escucha presuntamente colaborando con un líder del crimen organizado en la región de Zitácuaro.

Diversas comunidades indígenas mazahuas también lo denunciaron públicamente por presionar a sus habitantes para integrarse a un grupo criminal, hecho que derivó en el levantamiento de autodefensas y la denuncia pública contra su agresor.

Por lo anterior, las organizaciones exigieron al INE y el Tribunal Electoral que revisen de inmediato la idoneidad del perfil de Francisco Herrera Franco y que, en caso de que no cumpla con los requisitos para ocupar el cargo establecidos por la Constitución, se retire su candidatura de la elección judicial por representar un riesgo para la impartición de justicia y para los derechos humanos.

También solicitaron a la FGR y a la CNDH que atraigan las investigaciones relacionadas con los asesinatos de los periodistas de Monitor Michoacán, así como todas las denuncias pendientes en contra de Francisco Herrera Franco, a fin de garantizar una indagatoria independiente, imparcial y con perspectiva de derechos humanos.

“Como sociedad, no podemos permitir que quienes cuentan con serias acusaciones de corrupción, violencia y complicidad con el crimen organizado intenten ser ahora los principales responsables de la impartición de justicia. Por el contrario, consideramos que el derecho debe ser utilizado como una herramienta de pacificación, sobre todo en un país con un grave problema de violencia e inseguridad como lo es México. Por la memoria de las y los periodistas asesinados, por la voz de las comunidades indígenas ignoradas y por la dignidad de nuestras instituciones”.