En menos de tres años y medio, el Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi) pasó de ser la institución a la que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador apostaba para cumplir su promesa de garantizar el acceso universal a servicios médicos y medicinas a convertirse en un organismo que el Ejecutivo y Morena consideran innecesario.

Ayer, de forma exprés, la Cámara de Diputados aprobó una reforma impulsada por el partido del presidente para modificar la Ley General de Salud y desaparecer al Insabi, de manera que sus tareas ahora sean absorbidas por IMSS-Bienestar.

Emmanuel Reyes Carmona, el diputado morenista que presentó la propuesta, señaló que el objetivo originalmente trazado para el Insabi se vio obstaculizado por la pandemia de COVID-19 y que ahora lo mejor es desaparecerlo para fortalecer a IMSS-Bienestar.

“Mucho se ha dicho aquí del Insabi, y lo cierto es que cuando se empujó este proyecto, antes de la pandemia por el COVID, el propósito era transitar hacia un modelo universal que garantizara salud plena para todas y todos los mexicanos. Lo que nunca tuvimos en cuenta fue la terrible pandemia que azotó a nuestro país”, dijo.

Pero si bien la reforma para desaparecer al Insabi quedó aprobada, diputadas y diputados de oposición no perdieron oportunidad ayer para señalar el “fracaso” de este organismo, cuya creación ellos originalmente habían rechazado.

Uno de ellos fue Salomón Chertorivski, diputado de MC, exsecretario de Salud y extitular del Seguro Popular, quien en tribuna enlistó cifras de personas atendidas por el Insabi y expuso que son menos de las que atendía el Seguro Popular.

Con la aprobación de esta reforma a la Ley General de Salud —que ya solamente necesita el visto bueno del Senado—, se da un giro a los argumentos que el propio presidente López Obrador había expuesto en 2019 para proponer la creación del Insabi.

“Queremos garantizar el derecho a la salud y que al final del gobierno podamos decir que la atención médica en México y los medicamentos se van a entregar, van a ser gratuitos, se va a garantizar en la práctica el derecho a la salud. Eso va a ser una hazaña”, señaló entonces.

Meses después, la reforma correspondiente quedó aprobada en el Congreso —con el reclamo de los partidos de oposición, que criticaron que el Insabi sustituyera al Seguro Popular— y el decreto se publicó el 29 de noviembre de 2019.

El Insabi entró en operación el 1 de enero de 2020, poco antes de que la pandemia de COVID-19 llegara a México. 

A decir de especialistas en salud, la emergencia sanitaria efectivamente se atravesó en el trabajo del Insabi —al igual que representó un reto para todo el sector—, pero a ese factor se sumaron otros como lo que consideran un mal diseño institucional.

Dos años más tarde, en los primeros meses de 2022, el gobierno federal anunció la creación de otro organismo, IMSS-Bienestar, e informó que sería este y no el Insabi la instancia responsable de buscar la universalización de los servicios de salud, a través de convenios con los estados.

Investigadores de la organización México Evalúa dijeron a Animal Político entonces que el Insabi “no logró la talla de operación del Seguro Popular”, medido en consultas otorgadas o atenciones de urgencias, por lo que el Ejecutivo de López Obrador recurría a IMSS-Bienestar como un “plan B”.

El Insabi se quedó a cargo de tareas como las compras de medicamentos e insumos, aunque en estos mismos procesos enfrentó trabas y retrasos. 

Ahora, el instituto al que el gobierno de López Obrador apostó en 2019 para revolucionar el sistema público de salud está a un paso de desaparecer.