La ministra Lenia Batres Guadarrama llevó su diferendo con la ministra Yasmín Esquivel Mossa al Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), al pedirle oficialmente retirar de la lista de asuntos el proyecto de sentencia contradictorio que presentó ante el Máximo Tribunal del país, asunto referente al cobro de impuestos para empresas, para no facilitar una “evasión fiscal a gran escala”.

“La resolución del asunto que usted ha enlistado para la sesión de hoy debe tomarse con el estudio minucioso, que atienda su naturaleza y complejidad de manera responsable para no afectar el interés público facilitando la evasión fiscal a gran escala”, señaló esta mañana la ministra Batres, mediante un oficio enviado a la ministra Esquivel que también leyó en la sesión del Pleno.

“Si piensan que el pago de un solo IVA implica una ‘evasión fiscal de gran escala’ o una ‘evasión fiscal a favor de las empresas’, tampoco tendría inconveniente en agregar tales calificativos; sin embargo, les adelanto que yo votaré en contra de estos adjetivos, primero porque no es mi estilo dañar la reputación de nadie, mucho menos de las partes, y segundo porque estaríamos adelantando una posible responsabilidad penal sin juicio previo para algunas de las justiciables”, respondió.

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El conflicto interno entre ambas ministras, cercanas al oficialismo, ocurre en medio de la lucha por la presidencia de la Suprema Corte, de cara a las elecciones del próximo domingo 1 de junio. En dicho proceso electoral no solo se elegirá a los próximos ministros, magistrados y jueces del país, sino que también a la persona que encabezará al Máximo Tribunal para el periodo 2025-2027.

Batres pide retirar asunto para no facilitar “evasión fiscal a gran escala”

En su nueva solicitud enviada esta mañana, la ministra Batres explicó que el proyecto de la ministra Esquivel pretende resolver sobre la constitucionalidad de las Reglas Generales en Materia de Comercio Exterior, en relación con la enajenación de mercancías que, tras haber ingresado al país bajo un régimen de importación temporal, son vendidas en territorio nacional mediante una figura jurídica conocida como “retorno virtual”.

De acuerdo con la ministra Batres, el perjuicio sería tal que, por ejemplo, en un caso promovido por la empresa Samsung, pendiente de resolver en la Segunda Sala, el fisco federal podría enfrentar una pérdida de 9 mil 184 millones de 265 mil 260 pesos, lo que constituiría una “condonación ilegal que comprometería la continuidad de políticas públicas y programas sociales en perjuicio de la población más vulnerable del país”.

Por este motivo, antes de iniciar la sesión, la ministra Batres envió un escrito a la ministra Esquivel solicitando el retiro del asunto “hasta que este Pleno tenga conocimiento del impacto material que puede causar a nuestro país”.

Ministros entran en conflicto por retiro de proyecto

Al arrancar la sesión, la ministra Norma Piña puso a consideración de las y los ministros la petición de la ministra Lenia Batres, al señalar que este tipo de requerimientos se debe someter ante el Pleno de la Corte.

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El primero en hablar fue el ministro Alberto Pérez Dayán que apoyó la idea de retirar el asunto, aunque por motivos diferentes: “la respuesta que demos tiene que dar satisfacciones a las interrogantes que se plantearon cada uno de los colegiados y con las que decidieron […] expresarle que por ahora tengo muchas dudas de ello y que quizá pudiera influir en la eventual resolución de esta caso, en tanto que no está perfectamente definida no alcance la votación de satisfacción para dar un veredicto”.

Por su parte la ministra Loretta Ortiz Ahlf, cercana al oficialismo, señaló no estar de acuerdo con aplazar el asunto, al asegurar que el asunto a discutirse se enmarca dentro de los acuerdos comerciales celebrados por México, tanto el T-MEC, así como el Asía Pacifico, entre otros, lo que obliga al país a garantizar un esquema determinado para el tema de importaciones y exportaciones temporales de mercancías entre los tres países comerciales, en este caso Canadá, EU y México.

“Nosotros tenemos la capacidad suficiente. Nosotros fuimos nombrados ministros de la Suprema Corte, para resolver este asunto y, en el caso particular, yo sí tengo la capacidad y la competencia para resolverlo ahorita”, dijo.

En contraste, el ministro Javier Laynez Potisek se pronunció en contra de la petición de la ministra Batres, señalando precisamente que no se debe considerar un “análisis financiero o presupuestario” para tomar una decisión constitucional.

“Estoy totalmente en contra de una solicitud en los términos que ha planteado la ministra Batres. No me refiero a que se pueda aplazar o retrasar un asunto sino a las razones. El que se requiera un análisis financiero o presupuestario, señala ella, para tomar una decisión adecuada… con todo respeto ¿qué significa eso? Entonces, si hay un gran impacto ¿la norma es constitucional? o si el impacto es menor o en otro grado ¿pudiéramos declararla inconstitucional? Con todo respeto yo nunca compartiría como juez constitucional una decisión y un razonamiento de este tipo”, dijo.

En respuesta, la ministra Batres criticó al ministro Laynez, al asegurar que recientemente formó parte de un grupo de ministros que votaron en contra de amparar a un estudiante de posgrado de la Universidad Nacional Autónoma de México (UNAM), que impugnó el pago de su nivel superior.

“Él dice que en función de medidas presupuestales no tenemos que poner en duda disposiciones o la constitucionalidad de una disposición y apenas ayer votó justamente en contra de un amparo que ya se había concedido a un estudiante de un posgrado en la UNAM justamente que interpuso una demanda por su derecho a la salud pública gratuita a nivel superior y pagó cinco mil pesos, entonces resulta que le negamos el amparo, le negamos la devolución de cinco mil pesos que pagó justamente por una razón exclusivamente presupuestal”, señaló, argumento que fue desmentido por el ministro Laynez.

Al finalizar los posicionamientos, la ministra Esquivel dijo no estar de acuerdo con ninguno de los argumentos ni los motivos para retirar el asunto de la lista, aunque sí para el efecto de que se pueda continuar analizando algunos puntos y dudas de las y los ministros.

“Por esas razones yo no tengo inconveniente en aplazar para analizar esos puntos técnicos del proyecto, pero no por las razones que dice la ministra Lenia Batres, porque para mí considero que la única forma de saber si es indispensable llevar a cabo un análisis de impacto económico del proyecto es precisamente sometiéndolo a debate, donde es mi obligación atender las opiniones de las ministras y ministro y no solo la de una posición”.

Los dos proyectos contradictorios de la ministra Esquivel Mossa

Esta mañana Animal Político dio a conocer que el asunto que cayó en manos de la ministra Esquivel Mossa trata de una contradicción de criterios (8/2025) suscitada entre el Pleno Regional en Materias Administrativas y Civil de la Región Centro-Norte, con residencia en la Ciudad de México, y el Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito, con residencia en Mérida.

En este caso el Pleno de la Corte tiene que resolver si es constitucional o no que se cobre el Impuesto al Valor Agregado (IVA) por importación y por enajenación a las empresas, cuando se da el supuesto de retorno virtual de mercancías, que es una facilidad otorgada a las empresas residentes en México que importan temporalmente mercancías, para el efecto de que se consideren retornadas al extranjero sin salir físicamente del país.

Sin embargo, a la hora de presentar su propuesta, la ministra Esquivel Mossa presentó dos propuestas de resolución: la primera declarando la constitucionalidad de la regla de comercio exterior y en la otra su inconstitucionalidad, según ambos proyectos de sentencia a los que tuvo acceso Animal Político.

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Ambos proyectos fueron listados por primera vez el 6 de febrero de 2025, pero luego de la queja de la ministra Lenia Batres los asuntos fueron retirados para volver a ser enlistado el 20 de febrero de 2025, está vez solo el proyecto que propone la constitucionalidad del cobro de impuesto, al considerar que es “congruente” y por “apegarse al contexto normativo que la rige”.

Por este motivo, luego de la presentación de ambos proyectos, la ministra Lenia Batres envió un oficio dirigido a la ministra presidenta Norma Piña bajo el asunto “abandono de práctica en la función jurisdiccional”, fechado el lunes 17 de febrero de 2025.

“El objetivo de que se vote un solo proyecto y sea returnado en caso de no alcanzar la votación para que en una siguiente sesión se discuta, se encuentra expreso en la misma norma: retomar los argumentos vertidos en el debate del primer proyecto para la formulación del siguiente. Ello se hace imposible cuando se anticipa la elaboración de un proyecto alternativo sin conocer los argumentos del resto del órgano colegiado”, señala el oficio.

En resumen, la ministra Batres señaló que presentar varios asuntos contradictorios “confunde los términos de la discusión y obstaculiza simultáneamente alcanzar una decisión colegiada. Es más, ignora los razonamientos del órgano colegiado”, por lo que pidió revisar estas prácticas al interior de la Corte.

Ahora, el asunto fue retirado para que la ponencia de la ministra Esquivel Mossa pueda reelaborar una propuesta de solución que tome en cuenta las observaciones de sus compañeros, quienes no entraron a discutir el fondo del asunto.