Tres personajes cercanos al exministro Arturo Zaldívar y al expresidente Andrés Manuel López Obrador se apuntaron en las listas del Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo para dirigir el Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), el nuevo órgano del Poder Judicial de la Federación que será en encargado de investigar y sancionar a ministros, magistrados y jueces.
Los magistrados Jaime Santana Turral y José Artemio Zúñiga Mendoza son los personajes cercanos al exministro que aspiran a ocupar uno de los cinco cargos de magistrados que tendrá el nuevo Tribunal, pero que en el pasado también fueron señalados en la investigación abierta contra Zaldívar por presuntamente haber participado en actos de corrupción dentro del Poder Judicial de la Federación (PJF).
Celia Maya García, actual consejera de la Judicatura Federal (CJF), es el personaje cercano a López Obrador y al partido de Morena, que incluso está registrada dos veces para participar en la elección judicial de junio de 2025.
Se trata de uno de los puestos de más alto rango que tendrá la nueva integración del Poder Judicial, pues los magistrados del Tribunal de Disciplina tendrán que conocer, investigar y sancionar no sólo a jueces y magistrados del país, sino también a las y los ministros de la Corte y a cualquier persona servidora pública del Poder Judicial.
La reforma judicial incluso establece que estos nuevos magistrados podrán ordenar oficiosamente o por denuncia el inicio de investigaciones, atraer procedimientos relacionados con faltas graves o hechos que las leyes señalen como delitos, ordenar medidas cautelares y de apremio y sancionar a las personas servidoras públicas que incurran en actos u omisiones contrarias a la ley, a la administración judicial o a los principios de objetividad, imparcialidad, independencia, profesionalismo y excelencia.
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El pasado 9 de abril de 2024, la ministra Norma Piña recibió una denuncia anónima mediante la cual se denunció a diversos funcionarios, entre ellos el exministro Arturo Zaldívar, por supuestos actos de corrupción. Por este motivo ordenó que se abriera una investigación sobre el caso.
El magistrado Jaime Santana Turral, que había sido encargado de la Secretaría Ejecutiva de Disciplina del CJF, fue mencionado en la denuncia por supuestamente haber dirigido una de las “áreas de Consejo más usadas para presionar a jueces y magistrados”. Es decir, fue uno de los cuatro altos mandos del Poder Judicial que supuestamente presionaron a jueces y magistrados temas emblemáticos para el Gobierno Federal.
En la denuncia incluso se menciona que uno de los temas en los que participó Santana Turral tenía relación a Emilio Lozoya, exdirector de Pemex, por los casos conocidos como AgroNitrogenados y Odebrecht, en los que supuestamente se presionó a magistrados y jueces para que resolvieran conforme a los intereses del gobierno.
“A la magistrada Cristina Porras, de nuevo bajo el mismo modus operandi descrito en párrafos anteriores, Alpízar la presionó para que resolviera en el caso Lozoya conforme a los intereses que en ese momento tenía el Ejecutivo al respecto, insistiéndole que si hacia eso se le exoneraría de una queja administrativa que tenía junto al magistrado Trujillo Salceda”, señala la denuncia.
Ante la negativa de la magistrada, se indica que el ministro Zaldívar, por conducto de Jaime Santana, Carlos Alpízar, exsecretario general de la Presidencia del CJF, y Arturo Guerrero, “hicieron su vida imposible, llegando al punto de ser readscrita en múltiples ocasiones buscando someter su voluntad”.
Pese a lo anterior, el magistrado Santana Turral se apuntó para dirigir el nuevo Tribunal de Disciplina Judicial tanto ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo como del Poder Judicial, por lo que deberá pasar por los exámenes que aplicarán en el Poder Judicial para acceder a este cargo.
Por su parte, el magistrado José Artemio Zúñiga Mendoza fue mencionado en la denuncia anónima por supuestamente formar parte de los juzgadores que aceptaron la presión ejercida por el exministro Arturo Zaldívar.
“Pasó de resolver los asuntos de Lozoya, Videgaray, Genaro García Luna e Ignacio Ovalle a ser readscrito para librar órdenes de cateo al hermano del “Mencho”, todas las resoluciones dictadas atendiendo a las instrucciones del exministro”, señala la investigación abierta por el caso.
El magistrado Zúñiga Mendoza se apuntó para contender por un cargo en el Tribunal de Disciplina Judicial solo ante el Comité de Evaluación del Poder Ejecutivo, pero no ante el Comité del Poder Judicial, lugar al que pertenece.
El 19 de septiembre de 2023, el Pleno del Senado nombró a Celia Maya García, cercana al presidente López Obrador y Morena, como nueva integrante de la Judicatura Federal.
Su nombramiento fue respaldado por los entonces senadores Manuel Añorve, Claudia Edith Anaya y Verónica Martínez, del PRI; y José Alfredo Botello, Roberto Moya y Estrella Rojas, del PAN.
Sin embargo, debido a la cercanía de Maya con el oficialismo es que panistas como Damián Zepeda y Kenia López Rabadán se inconformaron y aseguraron que la designación de Celia Maya rompía con la independencia del Poder Judicial.
“Quieren nombrar a una persona que no cumple con el elemento principal: la autonomía e independencia. El perfil para este cargo no debe ser, solamente, el de una persona honesta: tiene que ser una persona independiente”, dijo Zepeda.
En respuesta, la propia consejera Maya antes de tomar protesta como miembro de la Judicatura, negó ser una imposición por parte del presidente López Obrador al asegurar tener los méritos suficientes para el cargo, e incluso aseguró que su militancia en Morena nunca ha interferido en su trabajo.
Su relación con López Obrador data del 2006, año en el que conoció al político tabasqueño y en el que comenzó a respaldar sus propuestas y aspiraciones.
Maya intentó ser consejera del INE, pero fue descalificada debido a que en 2018 fue candidata al Senado y la ley impide postulaciones de personas que fueron, tres años antes, candidatas o líderes de algún partido.
Celia Maya también ha intentado llegar a la Corte dos veces; sin embargo, nunca ha obtenido los votos suficientes: La primera vez fue en 2018, cuando el mandatario federal presentó la terna para elección de un ministro de la SCJN que entraría en sustitución de José Ramón Cossío Díaz. El segundo intento fue en 2019, pero el pleno del Senado eligió Yasmín Esquivel Mossa. En ese entonces Maya no obtuvo ningún voto.
También ha intentado ser gobernadora de Querétaro dos veces, la primera en 2003, de la mano del PRD, y la segunda en 2020, de la mano de Morena. Perdió ante el candidato del PAN, Mauricio Kuri.
Actualmente el Consejo de la Judicatura Federal es el máximo organismo encargado de la administración y el actuar de todos los jueces y magistrados del país, mismo que desaparecerá debido a la reforma judicial para convertirse en el máximo organismo encargado de la disciplina de todo el Poder Judicial.
Para llegar a ese puesto la consejera presentó su postulación ante el Comité de Evaluación del Ejecutivo, no así ante el Comité del Judicial.
En términos generales, la reforma judicial establece que se abrirán cinco vacantes para ocupar un cargo de ministro dentro del nuevo Tribunal de Disciplina Judicial, puesto para el que se espera postular a 45 candidatos.
La reforma judicial abrió un espacio para que los interesados en participar en la elección judicial pudieran hacerlo a través de los tres Comités de Evaluación de los Poderes de la Unión y así aumentar su probabilidad de participación.
No obstante, al emitir su convocatoria de participación, el Comité de Evaluación del Poder Judicial fue el único que señaló que realizaría un examen escrito de conocimientos a los aspirantes, considerando la especialidad y funciones del cargo al que se registraron las personas aspirantes.
“Todas las personas elegibles presentarán un examen escrito de conocimientos, el cual será determinado por el Comité a partir de las propuestas que, en su caso, formulen la Escuela Federal de Formación Judicial (EFFJ) y diversas instituciones y centros de investigación”.
Desde el 5 y hasta el 24 de noviembre del 2024, el Poder Judicial recibió 64 postulaciones a estos cargos, mientras que el Poder Ejecutivo recibió 459. El Poder Legislativo es el único que no ha transparentado sus listados.
Del análisis de los datos publicados se puede concluir que sólo 30 de las 359 personas que aspiran a dirigir el nuevo Tribunal de Disciplina buscaron pasar por los exámenes que aplicará la Corte.
La convocatoria del Comité de Evaluación del Poder Judicial habla de la evaluación de idoneidad, que consiste en un 40 % calificación de evaluación curricular y un 60 % de calificación de idoneidad técnica mediante examen escrito de conocimientos.
Mientras que para las personas elegibles que requieran acreditar la evaluación técnica mediante entrevista pública, el examen escrito de conocimientos representará un 40 % de la calificación correspondiente a la evaluación de idoneidad.