En su revisión de la Cuenta Pública 2023, la Auditoría Superior de la Federación (ASF) detectó supuestas inconsistencias por 51 mil 979 millones de pesos, correspondiente al quinto año de gobierno del expresidente Andrés Manuel López Obrador.
Al entregar el tercer informe de la Cuenta Pública de 2023, David Colmenares, titular de la ASF, informó a los integrantes de la Comisión de Vigilancia de la Cámara de Diputados que esta última entrega de fiscalización incluye 1,623 auditorías; en ellas se identificaron inconsistencias por más de 43 mil 206 millones de pesos.
De las auditorias que se entregaron, se recuperaron en favor de la Federación más de 930 millones de pesos.
“La cifra de recuperaciones correspondiente a esta tercera etapa, sumada a las recuperaciones efectuadas durante nuestra gestión, da una cifra de más de 27 mil millones de pesos”, de acuerdo con el titular de la ASF.
Colmenares Páramo dio a conocer que en las auditorias al sector público federal se detectó un monto por aclarar por 8 mil 599 millones de pesos.
De ese total, más del 80 % corresponde a entes como Birmex, encargado de la compra consolidada de medicamentos y vacunas, el IMSS, y Fonatur, entre otros, mientras que el 16 % corresponde a empresas productivas y de control directo del Estado, como Pemex.
El titular de la ASF indicó que en esta revisión sólo el 4 % está relacionado con las secretarías del gobierno federal.
Respecto a la revisión a entidades federativas se determinó un monto por aclarar por más de 22 mil 700 millones de pesos, distribuidos en 30 estados, que resultaron con un posible daño patrimonial.
Colmenares destacó que los gobiernos de la Ciudad de México y Querétaro no tuvieron montos por aclarar en la fiscalización de la Cuenta Pública 2023.
Mientras que estados como Quintana Roo, Tamaulipas, Michoacán, Sinaloa, Sonora, Baja California, San Luis Potosí, Guanajuato y Zacatecas mostraron mejoras significativas en sus procesos administrativos.
Además, se detectaron probables inconsistencias en 139 instituciones de educación superior, donde el monto por aclarar supera los 900 millones de pesos.
Sobre las auditorias forenses -que se hacen en búsqueda de corrupción- se hicieron 29 revisiones especializadas a entes “que históricamente no habían sido auditados con este nivel de profundidad”, incluyendo a Lincosa, el Instituto Nacional de Migración (INM), el Seguro Social y el INAI. En total, estas auditorías identificaron un monto por aclarar de más de 6 mil 000 millones de pesos.
Colmenares destacó que cada una de las auditorías realizadas han sido ejecutadas en su totalidad por personal de la Auditoría Superior y no por despachos o terceros, como ocurría en el pasado.
Todos los resultados con posible daño patrimonial pasarán a una segunda etapa de fiscalización en la Auditoría Especial de Seguimiento, Informes e Investigación, en donde se podrían aclarar las observaciones determinadas durante el proceso de auditoría o se daría inicio a las investigaciones correspondientes, la presentación de denuncias penales y procedimientos resarcitorios en contra de los funcionarios responsables, según corresponda.