Confirman audios presiones en la Corte de Zaldívar para modificar resoluciones
Un magistrado federal presentó una nueva denuncia en contra Arturo Zaldívar, expresidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), en la que con grabaciones telefónicas y su testimonio probó presiones y castigos de círculo cercano del exministro a su persona y de otros jueces y magistrados, según una investigación de N+Focus.
Carlos Alpízar, secretario general del Consejo de la Judicatura y mano derecha del exministro, es presuntamente la voz que escucha intervenir para favorecer a Frida Martínez Zamora, exsecretaria general de la Policía Federal, acusada por su presunta responsabilidad en un fraude de cerca de 2 mil 500 millones de pesos.
El pasado 9 de abril el Consejo de la Judicatura Federal (CJF) recibió una denuncia contra Zaldívar y otros exfuncionarios por supuestamente presionar a jueces y magistrados para que cambiaran el sentido de las resoluciones de los casos que llevaban.
Días después, el martes 16 de abril de 2024, cuando Zaldívar anunció que promovería un juicio político en contra de la ministra Norma Piña por supuesta “intervención en el proceso electoral”, aseguró que sus colaboradores no se reunieron nunca con jueces ni magistrados para presionarlos o tratar asuntos particulares.
“Yo no tengo conocimiento de que haya habido ninguna reunión de ese tipo, es lo único que puedo decir, no puedo afirmar cosas que no sé, simplemente tengo confianza en ellos y no tengo conocimiento que se haya hecho nada indebido”, respondió cuestionado por Animal Político.
Pero en la nueva denuncia el magistrado Alberto Roldán relató que fue presionado entre 2020 y 2021 por Carlos Alpízar y el magistrado Constancio Carrasco para emitir una resolución en un amparo en el caso de Frida Martínez, acusación que fue acompañada por las grabaciones.
De acuerdo con la investigación de N+Focus, en esos años, Roldán era Juez Quinto de Distrito en materia de amparo y recibió el caso de la exsecretaria general de la Policía Federal, quien estaba acusada junto con 18 funcionarios por un presunto fraude.
En noviembre de 2020, Roldán acudió a la oficina de Alpízar en el CJF por invitación de Constancio Carrasco para hablar del caso. En total fueron cinco reuniones en las que supuestamente llevó una grabadora oculta.
“No te estamos pidiendo que hagas algo indebido, jamás lo haríamos, y jamás te lo pediríamos, simplemente nosotros lo hemos estudiado, lo hemos platicado con el presidente de la SCJN, hemos debatido esto con el presidente. Trae muy claro el tema, lo conoce muy bien; inclusive él dijo: ‘Oye, pudiera ser por acá’, o sea, honestamente, como lo está diciendo Constancio y coincide con el presidente. Entonces, no es bajar una línea, por supuesto que no, jamás lo haríamos, está muy claro el tema y que nos ayudaras un poquito a sensibilizar ese tema, de esa manera te lo pido yo encarecidamente. Es un tema trascendental para la institución”, dice uno de los audios revelados por el equipo de N+.
En los audios se entiende que el tema era importante para el Poder Judicial.
“Dependen las reformas de eso. A ese grado te lo digo, dependen de verdad muchos temas: los fondos, o sea, te lo digo de amigos y es un tema que dices tú ¿qué tiene que ver? Más de lo que nos podemos imaginar, o sea, no es un interés particular, es un interés institucional; entonces, sí, ayúdanos”, mencionan en otro de los audios.
En otra de las evidencias, hacen referencia a la familia del entonces juez Roldán y le mencionan que esperan que no haya “sorpresas negativas”.
En otro momento, Alpízar señala que la presión fue porque se trató de un encargo del entonces presidente de la Corte, Arturo Zaldívar.
“No hay presión, sé que hubo algún momento a lo mejor que por la premura, por la necesidad, por el nerviosismo, es que cuando te encarga el presidente de la Corte, es como con el presidente de la República, entonces la necesidad de poder sacar las cosas lo mejor”.
De acuerdo con la investigación, tras las reuniones y no resolver el caso, Alberto Roldán fue cambiado de adscripción a Morelia. Posteriormente, en dos meses un secretario de juzgado negó la orden de aprehensión contra Frida Martínez.
Loyola Zosa, el juez acusado por nepotismo que ascendió a magistrado
Pese a las grabaciones y la negación del exministro Zaldívar, existen otras pruebas que demuestran la intervención de Alpízar Salazar en casos que eran de interés particular del entonces presidente de la Suprema Corte, documentos que demuestran no solo sus reuniones con jueces y magistrados, sino que estás corrían por cuenta de los gastos del Poder Judicial Federal.
Tal es el caso del juez Javier Loyola Zosa, que por su “falta de profesionalismo y ejercicio indebido del cargo” fue suspendido y multado el 8 de enero de 2020, según lo informó el propio CJF mediante un comunicado.
“La posición de cero tolerancia del Pleno y su presidente, el ministro Arturo Zaldívar, ha sido tajante respecto a casos sobre igualdad y no violencia de género, así como el nepotismo dentro del Poder Judicial de la Federación”, señaló el CJF.
Loyola Zosa fue sancionado por “haber otorgado indebidamente nombramiento como secretaria de juzgado en el órgano de su adscripción a una servidora pública que no desempeñó el puesto, el juzgador abusó del cargo y falta de profesionalismo”, infringiendo así la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley Federal de Responsabilidades Administrativas de los Servidores Públicos, según pudo constar en registros públicos Animal Político.
Sin embargo, sin dar mayores explicaciones, el CJF decidió no suspenderlo, solo sancionarlo, aclarando que “no se cuenta con información sobre imposición o cobro de indemnizaciones por concepto de daños y perjuicios (se trata de sanciones distintas a la económicas)”, por lo que sólo podía conocerse la información anteriormente mencionada, además clasificó como confidencial dicha información.
No solo no fue inhabilitado, sino que además Loyola Zosa subió de puesto y consiguió convertirse en magistrado en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
Ya en este cargo, el 12 de noviembre de 2021, Loyola Zosa reportó un gasto de viáticos en “comisiones oficiales” por 11 mil 789.26 pesos para “asistir a una visita de carácter oficial con el magistrado Carlos Antonio Alpízar Salazar, secretario general de la Presidencia del Consejo de la Judicatura Federal”, reunión que sucedió en el edificio sede del CJF.
Un año después, el 29 de abril de 2022, volvió a reportar un gasto por comisión oficial de 19 mil 337 pesos para volver a reunirse con Alpízar Salazar en cuyo informe de la comisión señaló que como resultados obtenidos de dicha reunión consiguió concretar “próximas acciones tendientes a conservar la seguridad del titular”.
Recién el pasado 26 de febrero de 2024, un ciudadano solicitó -en versión pública- la determinación del CJF sobre la sanción administrativa contra Loyola en el expediente 29/2018, pero en respuesta a su solicitud (33003042401224) la Secretaría Ejecutiva de Disciplina informó que en dicho expediente “no se cuenta con una resolución definitiva; toda vez que la emitida en este asunto fue impugnada mediante recurso de revisión administrativa ante la Suprema Corte de Justicia de la Nación”.
De acuerdo con el directorio de magistrados y jueces del CJF, Javier Loyola Sosa actualmente funge como magistrado presidente del Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y Civil del Decimonoveno Circuito, en Ciudad Victoria, Tamaulipas.
La investigación contra Zaldívar y excolaboradores
El 12 de abril se dio a conocer que la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña, ordenó iniciar investigaciones en contra del exministro Arturo Zaldívar y excolaboradores por presuntos actos de corrupción y por supuestamente “vulnerar la autonomía e independencia” del Poder Judicial.
De acuerdo con el expediente de investigación J/108/2024, Zaldívar fue acusado, a través de una denuncia anónima presentada el 9 de abril, de “vulnerar la autonomía e independencia de titulares de órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con la intención de satisfacer intereses personales y de terceros”.
Según el escrito, Zaldívar ejerció presión sobre los titulares de órganos jurisdiccionales a través del entonces secretario general de Presidencia del consejo, Carlos Antonio Alpízar Salazar, con el objetivo de que resolvieran a favor de sus intereses, prometiendo beneficios políticos y económicos a cambio.
Carlos Antonio Alpízar Salazar es acusado a su vez de enriquecimiento ilícito, corrupción y/o extorsión.
El 17 de abril, Animal Político informó que la denuncia anónima presentada en contra del exministro Arturo Zaldívar señala a cuatro altos mandos del Poder Judicial de la Federación y el gobierno federal de presionar a más de 70 jueces y magistrados para conseguir una resolución favorable en al menos 18 casos emblemáticos para el gobierno del mandatario Andrés Manuel López Obrador.
Además de Carlos Antonio Alpízar Salazar, quien es el actual titular de la Unidad de Desarrollo Democrático en la Secretaría de Gobernación, la acusación incluye a Julio Scherer Ibarra, exconsejero jurídico de la Presidencia de la República; Édgar Manuel Bonilla del Ángel, exdirector del Instituto de Concursos Mercantiles y Netzaí Sandoval Ballesteros, exdirector del Instituto Federal de Defensoría Pública (IFDP) y actual secretario de Estudio y Cuenta en la ponencia de la ministra Lenia Batres.
