Durante cinco años de gobierno, el presidente Andrés Manuel López Obrador ha insistido una y otra vez en la desaparición de los órganos autónomos, aunque sin éxito, pues al tratarse de organismos constitucionales su partido requiere de mayoría calificada en el Congreso para eliminarlos y no la tiene.

A 20 días de que acabara 2023, Andrés Manuel López Obrador arremetió una vez más contra los organismos autónomos e hizo latente su deseo de desaparecerlos. Durante su conferencia matutina del 11 de diciembre pasado anunció que pretende enviar al Congreso de la Unión una iniciativa de ley para eliminar estos organismos, entre los que destacan el Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) y el Instituto Federal de Telecomunicaciones (IFT), antes de que termine su sexenio en septiembre de 2024. 

La novedad es que el presidente espera, como lo ha expresado en actos públicos y desde la propia mañanera, que tras las elecciones de 2024 Morena logre la mayoría en la Cámara de Diputados y el Senado. La nueva integración del Congreso de la Unión arrancará el 1 de septiembre de 2024 para celebrar el primer periodo de sesiones ordinarias y López Obrador estaría enviando la iniciativa antes de concluir su mandato el 30 de septiembre de ese año debido a la reforma político electoral de 2014.

“Tenemos que hacer una reforma administrativa y tienen que desaparecer todos esos organismos supuestamente autónomos, porque no le sirven al pueblo, están al servicio de las minorías”, mencionó el mandatario. 

El ejecutivo federal mencionó, entre los organismos que pretende desaparecer, al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales; la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece); el Instituto Federal de Telecomunicaciones y la Comisión Reguladora de Energía (CRE). Aunque no especificó la fecha exacta en la que  enviará su iniciativa, aseguró que no le importa si es rechazada, pues lo que quiere es “dejar huella” de que “no es cómplice” de la existencia de estos organismos. 

Los órganos a los que la Constitución les concede autonomía son diversos y cumplen funciones importantes en la política del país. Por ejemplo, la Comisión Federal de Competencia Económica, a la que el presidente acusa de estar al servicio de empresas privadas, se fundó en 1992 y tuvo su autonomía hasta 2013. Su objetivo es garantizar condiciones de libre competencia de los mercados.

Por otro lado, el Instituto Federal de Telecomunicaciones, que también obtuvo su autonomía en 2013, se encarga de regular la competencia en las comunicaciones para evitar monopolios.

En mayo pasado, el presidente acusó una vez más al Inai de ser un organismo costoso que “no combate la corrupción”, aunque su función radica en garantizar a los ciudadanos el acceso a la información pública y la protección de datos personales, y llamó a los legisladores de su partido a promover una reforma para desaparecer este organismo. Los embates del presidente hacia este organismo han sido múltiples desde la conferencia matutina, mientras que desde 2018 el presupuesto del Inai ha tenido una reducción del 22%.

En los últimos años, el presupuesto otorgado a los organismos autónomos ha disminuido drásticamente. El presupuesto de egresos para 2022 contempló una disminución de alrededor de 8 mil millones de pesos sobre los recursos destinados a los órganos autónomos.

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Para 2023 los legisladores de Morena y aliados del Verde y PT lograron aprobar el recorte de 7 mil 437 millones de pesos a estos organismos. En noviembre de este año, fue aprobado el presupuesto de egresos de 2024, con una reducción de al menos 13 mil millones al poder judicial y los organismos autónomos. En el caso del Inai se prevé un recorte de 71 millones y a la Cofece de 86.1 millones de pesos.

El bloqueo a los nombramientos en estos organismos también ha jugado un papel importante, al punto en el que este año el Inai quedó inoperante casi cinco meses por falta de comisionados. Actualmente este órgano opera con cuatro comisionados de los siete que están establecidos por ley, gracias al mandato de la Suprema Corte de Justicia de la Nación.  

Aunque recientemente se renovó la presidencia de este instituto todavía se requiere la designación de los comisionados faltantes para ocupar las vacantes que dejaron Rosendoevgueni Monterrey Chepov y Francisco Javier Acuña Llamas. Pero aunque la Suprema Corte le ordenó al Senado hacer los nombramientos, Morena y aliados rechazaron el 7 de diciembre pasado las propuestas y dejaron los nombramientos para el próximo periodo de sesiones, que inicia el 1 febrero de 2024.

De igual forma al IFT le han faltado tres comisionadas para que el organismo tenga un pleno completo y esta situación le ha impedido ejercer facultades en materia de la Ley Federal de Competencia Económica para los sectores de telecomunicaciones y radiocomunicación.

Desde el inicio de su sexenio, López Obrador ha reiterado su propósito de desaparecer estos organismos, pues asegura que “no sirven para nada” y son “onerosos”. Al extinguirlos propone que sus funciones sean asumidas por secretarías de Estado. Sobre el Inai ha dicho que sería la Secretaría de la Función Pública la encargada de realizar su labor, pero se trata de un órgano subordinado al poder ejecutivo y tiene una tarea distinta: fiscalizar, evaluar y ejercer control interno, de auditoría y vigilancia de la administración pública federal.