Durante el pasado sexenio de López Obrador se registró un “retroceso” en la investigación e impartición de justicia en México, especialmente en lo referente al desempeño de la Fiscalía General de la República (FGR).
Así lo señala la organización civil México Evalúa en su informe ‘(In)seguridad pública en México 2018-2024, un balance de la gestión’, en el que, a partir del análisis de datos oficiales, subraya que en la administración pasada hasta 9 de cada 10 delitos quedaron sin castigo, luego de que la Fiscalía experimentara un retroceso en el ejercicio de presupuesto público y en el número de elementos que integran la instancia, y que, por el contrario, aumentara el número de casos que se quedaron ‘atorados’ sin ser investigados.
De acuerdo con los datos oficiales, a nivel presupuestario la FGR ejerció menos recursos públicos que en gobiernos anteriores.
Por ejemplo, en el último año de Peña Nieto en 2018, la institución gastó 10 mil 200 millones de pesos, por los 7 mil 300 que gastó en el último año de López Obrador en 2024; un 28.4 % menos. Asimismo, las estadísticas apuntan que en todo el sexenio de Peña Nieto, la FGR ejerció 57 mil 900 millones de pesos, por los 45 mil 400 mdp de AMLO, un 21 % menos.
El personal adscrito a la FGR también se redujo: el sexenio de AMLO comenzó con 119 mil 672 elementos, por los 109 mil 731 con los que terminó, una reducción de casi 10 mil elementos; un 8 % menos.
También hubo una reducción en el personal que trabaja en las unidades administrativas de la FGR y de las fiscalías en los estados: de mil 520 en 2018, se pasó a mil 176; una reducción de 344 elementos, el 22.6 %.
Lo anterior se vio reflejado en la carga de trabajo que afrontó la Fiscalía federal y también las estatales durante el sexenio pasado.
De 2018 a 2023, las investigaciones iniciadas por FGR y las FGE en los estados apenas se incrementaron 12 %, pero las que quedaron pendientes de investigación se dispararon: en 2018, la cifra de pendientes era 1 millón 655 mil 813 casos, mientras que para 2023 había más de 2 millones 600 mil casos pendientes, casi 1 millón más; es decir, hubo una subida de casos pendientes del 60 %.
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Estos datos se dan, además, en un contexto marcado por nuevos posibles recortes en 2025 a áreas importantes para la investigación de la corrupción y la investigación forense en México.
De acuerdo con el documento del proyecto de egresos para el próximo año, el gobierno de Claudia Sheinbaum solicitó para la FGR 20 mil 125 millones de pesos. Esta cifra, en números absolutos, es muy cercana a los 19 mil 333 millones de este año. Sin embargo, en términos reales, es decir, ya quitándole el efecto de la inflación, es incluso inferior en un 0.2 % a la del año pasado.
Dentro de la FGR habrá recortes, de aprobarse el presupuesto, en áreas clave como la Fiscalía Anticorrupción (2.20 % a la baja en términos reales), la Agencia de Investigación Criminal (3 % a la baja), y el Centro Federal Pericial Forense (0.3 % a la baja).
Por otra parte, pese a que una de las promesas clave del entonces candidato López Obrador fue acabar con la corrupción, los datos muestran que en el combate a la impunidad tampoco hubo avances significativos.
Por ejemplo, de 2018 a 2022, la impunidad en delitos del fuero federal incrementó incluso un 0.5 %: al término del gobierno de Peña Nieto en 2018, un 94.6 % de los delitos del fuero federal quedaban impunes; en 2023, con AMLO, el porcentaje era de 95.1 %.
En cuanto a los delitos del fuero común, en 2023 hubo una ligera reducción: de nuevo, en el último año de Peña Nieto el 96.1 % de los delitos quedaban en la impunidad, mientras que en 2023, con AMLO, el porcentaje se redujo a 93.6 %; un descenso de apenas 2.5 puntos manteniéndose por arriba del 90 %.
Por tipos de delito, el homicidio doloso tuvo un porcentaje de impunidad del 96.5 % en promedio, la misma cifra que en el sexenio de Peña Nieto. Es decir, antes como ahora, más de 9 de cada 10 asesinatos en el país se quedan impunes.
En el caso del feminicidio, el promedio de casos en la impunidad es del 91.2 %, 8.8 puntos más que en el sexenio de Peña. De hecho, este fue uno de los delitos cuyo nivel de impunidad aumentó más con López Obrador.
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En el delito de desaparición, el promedio de impunidad es del 97.3 %, una leve reducción del 2.4 %; en el secuestro, 84.1 %, un aumento de 4.68 puntos; en la extorsión, 97.7 %, 0.2 puntos más; la violación, 94.9 %, una reducción de 1.9 puntos; y en el narcomenudeo, 93.9 %, una caída de 3.78 puntos.
“Bajo la administración de López Obrador, 9 de cada 10 delitos quedaron sin castigo. Y en delitos específicos se aprecian más retrocesos que avances”, subraya el informe de México Evalúa, que apunta además que “el estancamiento de la impunidad en niveles altísimos muestra que AMLO no cumplió con su promesa de justicia, justicia transicional y reconciliación social”.
Asimismo, en el sexenio de López Obrador la población privada de la libertad se mantuvo en los mismos niveles a lo largo de todo el sexenio.
En promedio, de acuerdo con las cifras oficiales recabadas en el informe, desde el último año de Peña Nieto en 2018 hasta 2023, por cada persona que ingresa a prisión apenas sale libre una.
“Esto refleja un estancamiento de la política de despresurización que se buscó con la implementación del nuevo sistema penal acusatorio”, apunta la investigación de México Evalúa, la cual también indica que lo anterior se explica “porque, desde 2018, más de un tercio de la población privada de la libertad no cuenta con sentencia, porcentaje que alcanzó su pico máximo con AMLO en 2021”.
“Con AMLO, el sistema de procuración de justicia perdió eficiencia”, concluye al respecto México Evalúa, que señala además que “las capacidades operativas de la procuración de justicia se deterioraron claramente con AMLO”.