Sexenio de AMLO deja inconclusos instrumentos contra desaparición; colectivos urgen acciones a Sheinbaum
Pese a que la Ley General en materia de desaparición entró en vigor en enero de 2018, el sexenio de Andrés Manuel López Obrador terminó sin que se pusieran en marcha tres de sus principales instrumentos, y con un Centro Nacional de Identificación Humana en la incertidumbre.
Así lo concluye la Red Lupa, integrada por diversos colectivos de familiares de personas desaparecidas y organizaciones acompañantes, en una revisión ciudadana del desempeño institucional federal de la administración pasada en el tema, que también contempla recomendaciones para la que arrancó este martes con la toma de posesión de la presidenta Claudia Sheinbaum.
El Programa Nacional de Búsqueda y Localización, responsabilidad de la Comisión Nacional de Búsqueda; el de Exhumaciones e Identificación Forense, a cargo de la Fiscalía General de la República (FGR), y el Registro Nacional de Fosas Comunes son los instrumentos que permanecen como letra muerta.
Aunque, por un lado, las organizaciones agrupadas en la Red Lupa se quejan de que la nueva comisionada nacional de Búsqueda, Teresa Guadalupe Reyes Sahagún, no ha mantenido interlocución suficiente con las familias, también destacan que convocó durante este año a tres sesiones del Sistema Nacional de Búsqueda, en febrero, mayo y septiembre, mediante las que se incorporó a la FGR y a la totalidad de las fiscalías locales, lo que no había sucedido antes.
“Sin embargo, el Sistema Nacional de Búsqueda (SNB) sigue sin cumplir con el objetivo que establece la ley: diseñar y evaluar de manera eficiente y armónica los recursos del Estado mexicano para fijar las bases generales, políticas públicas y procedimientos entre todas las autoridades de todos los órdenes de gobierno para la búsqueda, localización e identificación de personas”, señala el documento.
A esto se suma que casi la totalidad de los integrantes del Consejo Nacional Ciudadano de la CNB concluyeron su periodo en abril pasado, y hasta ahora el Senado no ha convocado a elegir a nuevas personas consejeras, por lo que el Sistema ha sesionado sin la participación de familias y organizaciones.
Por otro lado, la Red acusa que el censo o Estrategia Nacional de Búsqueda Generalizada, indicada por López Obrador el 9 de junio de 2023, no ha aportado mayor certeza respecto del número de personas desaparecidas ni ha mejorado los procesos de búsqueda. Mientras, el acuerdo firmado en junio de este año entre la CNB y el Conahcyt para la revisión y mejora del Registro Nacional de Personas Desaparecidas y No Localizadas (RNPDNO) solo ha impactado en modificaciones a su página web.
Otro incumplimiento, apunta el documento, tiene que ver con la creación del Centro Nacional de Identificación Humana (CNIH). Aunque este había arrancado, incluso con una sede propia, en agosto de 2022, tras la llegada de la actual comisionada “no se renovaron contratos o bien las personas fueron despedidas, de manera que el equipo del CNIH y la CNB carece de capacidad para realizar trabajos de identificación humana”.
Además, hasta ahora la FGR no ha presentado avances claros en torno al Banco Nacional de Datos Forenses que supuestamente puso en marcha el año pasado. A esto se suma que de acuerdo con solicitudes de información referidas por el documento, la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas (CEAV) cuenta solo con 814 víctimas de desaparición en el Registro Nacional de Víctimas, cuando oficialmente en el país hay más de 116 mil personas desaparecidas.
“Luego de más de diez años, la CEAV es incapaz de ofrecer reparaciones integrales que puedan permitir a las víctimas restablecer sus proyectos de vida. Las mujeres buscadoras también señalan la falta de diligencia y oportunidad en la atención, más grave aún, las barreras y restricciones que en materia de atención en salud operan cuando sufren graves enfermedades que no se reconocen como derivadas del hecho victimizante”, señala el documento.
Adicional a todo lo anterior, el riesgo para las personas buscadoras ha incrementado, pues entre 2010 y febrero de 2024 han sido asesinadas 21 personas que buscan y una más permanece desaparecida. “Frente al número creciente de amenazas recibidas por las buscadoras y sus colectivos, se requiere implementar estrategias que generen garantías de seguridad”, añade.
En suma, la Red califica como pésimo el desempeño de la Comisión Nacional de Búsqueda, de la Fiscalía Especializada en Desaparición de Personas, de la Comisión Ejecutiva de Atención a Víctimas y de la Comisión Nacional de Derechos Humanos, y apenas un nivel arriba, como deficiente, la del Poder Legislativo y el Poder Judicial.
Peticiones inmediatas para la nueva administración de Sheinbaum
Ante las deficiencias en el desempeño de las instituciones durante el sexenio que acaba, las familias y colectivos piden a la nueva, encabezada por la presidenta Sheinbaum, que se nombre a una nueva persona titular de la CNB mediante un proceso de consulta pública, durante el último trimestre de 2024, para garantizar la participación de las familias.
De la misma manera, respecto al RNPDNO solicitan que se presente públicamente la metodología para revisarlo y depurarlo, se establezca un plazo preciso para el proceso de revisión, se asegure que la metodología cumpla con lo dispuesto por la Ley General, y se garantice la participación de las familias y organizaciones que acompañan. Después de esto, debe interconectarse con el Banco Nacional de Datos Forenses y otros registros.
Además, es necesario formular el Programa Nacional de Búsqueda con énfasis en el análisis de contexto, para lo cual la CNB tendría que integrar un equipo especializado. En tanto, el Programa Nacional de Identificación Humana debe establecer un diagnóstico, planificar la capacidad institucional, identificar vías de cooperación internacional y ajustar el proceso de subsidios a los estados.
La tarea de poner en marcha el Banco Nacional de Datos, que le corresponde a la FGR, debería estar cumplida en los primeros seis meses de esta administración. Además, todas las fiscalías deben trabajar en identificar casos que se pueden judicializar, además de aplicar efectivamente el Protocolo Homologado de Investigación.
Por otro lado, el documento enfatiza la necesidad de una política nacional de búsqueda e identificación de personas, encaminada a resolver el rezago forense que mantiene más de 50 mil cuerpos sin identificar en los servicios forenses de todo el país.
“Frente a la necesidad de avanzar en el combate a la impunidad en los casos de desaparición forzada de personas y desaparición cometida por particulares, se recomienda que la Suprema Corte de Justicia de la Nación elabore un Protocolo especializado en materia de desaparición de personas que sintetice los criterios y jurisprudencia relevante”, pide la Red.
El conjunto de organizaciones remarca que hasta el final de la administración de López Obrador no existió una política de prevención de la desaparición de personas, lo que se refleja en un incremento sostenido del número de personas no localizadas.
“Que la sociedad en general tenga información de la existencia de esta realidad y también de herramientas de prevención, por lo que se recomienda que se diseñe y ejecute una campaña nacional de información sobre la desaparición y las acciones de prevención que las personas pueden realizar”, recomiendan.
¿Cómo cerró el sexenio en materia de desaparición?
El informe de la Red Lupa recuerda que la desaparición de personas en México es generalizada y sistemática. Después de un año de llegar a 100 mil casos de personas desaparecidas el 16 de mayo de 2022, la cifra aumentó en un 7.3% durante el 2023 y siguió aumentando en el 2024, esta vez en un 6.3%. A la fecha los reportes de casos de personas desaparecidas siguen en aumento.
El año en el que se registró un mayor número de personas desaparecidas fue 2023, con 10 mil 315 casos. En el periodo comprendido entre 2000 y 2024 se ha concentrado el 88% de los casos de personas desaparecidas. Sin embargo, fue entre 2018 y 2024 que se registraron el 48% de los casos.
Los cinco estados que tienen el mayor número de casos de personas desaparecidas siguen siendo en 2024 Jalisco, Tamaulipas, Estado de México, Veracruz y Nuevo León; 48% de personas desaparecidas del país se concentran en estas cinco entidades. En contraste, la menor cantidad se ha registrado en Campeche, Tlaxcala, Yucatán, Aguascalientes y Tabasco. Sin embargo, Tlaxcala y Tabasco reportaron un incremento en el último año; en el caso del segundo, más del 80% en comparación con 2023 (de mayo a mayo).
