“No podemos ocuparnos cuando ya los mataron”: Alicia Bárcena plantea uso de inteligencia para proteger a ambientalistas
Cali, Colombia- En el contexto de la COP16 de Biodiversidad, la secretaria de Medio Ambiente, Alicia Bárcena, detalló que durante su gestión al frente de la agenda ambiental federal de México buscará colaboración con el titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), Omar García Harfuch, para combatir la violencia contra defensores ambientales a través de seguridad preventiva.
“Yo estoy proponiendo una reunión con García Harfuch […] Lo primero que quiero conversar con él es un eje al que él ha dado mucha importancia y que a mí me parece fundamental, que es el de la inteligencia”, indicó Bárcena, en una reunión a puertas cerradas con periodistas nacionales e internacionales.
A pregunta expresa de Animal Político sobre una implementación efectiva en México del Acuerdo de Escazú -del que ella misma fue su principal promotora durante su gestión al frente de la CEPAL-, Bárcena reconoció que “el Acuerdo de Escazú está muy bien, el problema es cómo lo implementamos”.
“No nos podemos ocupar de los defensores ambientales una vez que ya los mataron o los secuestraron. Lo que tenemos que reforzar es cómo hacemos un ambiente apropiado para proteger a los defensores. Tenemos que hacer acciones preventivas y eso se logra con trabajo coordinado”, afirmó la secretaria, quien apenas cumple un mes al frente de Semarnat.
“A los defensores ambientales tenemos que garantizarles su integridad, su seguridad y eso lo tenemos que hacer en conjunto también con la Guardia Nacional, la Sedena y la Marina”, dijo.
En relación con la SSPC, Bárcena resaltó la experiencia acumulada por García Harfuch en inteligencia y coordinación policial. Durante su periodo como encargado de la seguridad de la Ciudad de México durante el sexenio pasado, Gacía Harfuch destacó estas estrategias como clave para la reducción del 60 % de los delitos de alto impacto en la capital, incluyendo un 50 % en homicidios dolosos.
Alicia Bárcena detalló que, antes de asumir el cargo, tuvo acceso y consultó a información recopilada por el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), que guarda un potencial importante para la atención de crímenes contra defensores y otros delitos ambientales.
“La información que manejan, que está bien detallada, es muy importante sobre los territorios mexicanos”, incluyendo datos para entender cuáles son los territorios más desprotegidos y con más conflictos socioambientales, pero también qué territorios son más vulnerables al cambio climático y cuáles tienen más estrés hídrico.
“Ese mapeo nos puede ayudar muchísimo para realmente generar protección en lugares críticos”, detalló Bárcena. “No podemos tener a la Guardia Nacional en todas partes porque hay muchas demandas y son pocos (elementos), pero creo que con una mirada estratégica en los conflictos más grandes, los territorios más delicados, podemos hacer un trabajo conjunto”.
Como ejemplo de este enfoque aplicado a temas y territorios específicos, Bárcena destacó que apenas la semana pasada se instaló un grupo de trabajo conjunto integrado por funcionarios de dependencias ambientales y de la SSPC para atender específicamente el problema de tala ilegal.
“En ese grupo, que es bien importante, participa la Profepa, la Conafor y el equipo de SSPC, y justamente lo que se está viendo es cuáles son los lugares complejos de tala ilegal, para ponerle atención, poner más vigilancia en esos lugares y proteger a las personas, por supuesto”, dijo.
Otro tema específico destacado por la secretaria es el uso ilegal del agua, “incluyendo el huachicoleo”, aunque no detalló más acciones específicas realizadas hasta el momento en ese sentido.
Qué es el Acuerdo de Escazú
El Acuerdo de Escazú, del que México forma parte, es el primer acuerdo ambiental regional en América Latina fue adoptado en 2018 con el objeto de garantizar el acceso a la información y a la justicia en asuntos ambientales, y es el primero en el mundo en plantear obligaciones vinculantes a los países firmantes para proteger a defensores de derechos humanos y del medio ambiente.
México y los demás países miembro están obligados por el Artículo 9 del Acuerdo de Escazú a “garantizar un entorno seguro” y “tomar medidas apropiadas, efectivas y oportunas para prevenir, investigar y sancionar ataques, amenazas o intimidaciones” contra defensores.
A contrapelo de este acuerdo internacional -jurídicamente al mismo nivel que la Constitución nacional-, México aparece regularmente entre los tres primeros lugares (junto con Colombia y Brasil) de los listados de países con más asesinatos de personas defensoras del ambiente y del territorio en el mundo. Solo en un año (2021) México registró 54 de estos crímenes, según un recuento de la organización Global Witness.
Entre estos casos destacan el asesinato de Homero Gómez y la desaparición de Irma Galindo, defensores de los bosques de sus territorios en Michoacán y Oaxaca, respectivamente.
