El senador morenista, Alejandro Murat, se deslindó de los presuntos actos de corrupción en el Infonavit, que dirigió del 2012 al 2015 −durante la administración de Enrique Peña Nieto−, y culpó a su sucesor David Penchyna, de realizar pagos indebidos a una empresa (Telra Reality), que no entregó el servicio contratado y en lugar de ser penalizada, se le autorizo una indemnización de 5 mil millones de pesos.

Murat señaló que como director siempre trabajó apegado a la ley, “guiado por los principios de honestidad transparencia y buen gobierno”. Además, presumió que durante su gestión el Infonavit logró otorgar más de un millón y medio de créditos y mantener finanzas con las más altas calificaciones.

Sus declaraciones ocurren a unos días de que el gobierno federal exhibiera una serie de casos de presunta corrupción para justificar la reforma que, entre otras cosas, permite al gobierno usar los ahorros de trabajadores para construir viviendas.

Octavio Romero Oropeza, actual director del Infonavit, indicó que en la red de corrupción están involucrados trabajadores del Instituto, notarios, despachos y peritos valuadores, que permitieron indemnizaciones injustificadas a empresas que incumplieron con contratos, triangulación de recursos, e incluso la reventa de una propiedad hasta 4 mil veces.

Según lo expuesto por el funcionario, se han identificado al menos 22 proyectos autorizados entre el 2017 y el 2018 que no han sido concluidos y presentan un adeudo vencido al Infonavit por 575 millones de pesos. Además, sin haber construido las viviendas se les otorgó el crédito a los trabajadores y se les empezó a descontar para pagarlo.

“Durante mi gestión ninguna obra realizada por ese programa tuvo denuncia alguna y el actuar de particulares, despachos, empresas y notarios involucrados en el proceso de formalización de los créditos siempre fue auditado por las áreas del Instituto, cualquier anomalía que fue detectada tuvo la sanción correspondiente”, aseguró.

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Aunque Murat se deslindó de los presuntos actos de corrupción, Romero Oropeza sí hizo referencia a casos que ocurrieron durante su gestión, por ejemplo, entre el 2013 y el 2015, los despachos en contubernio con funcionarios del Poder Judicial y notarios de Nayarit realizaron juicios fraudulentos en contra de 60 mil derechohabientes.

Además, entre el 2013 y el  2014, también durante su gestión, funcionarios del Infonavit contrataron un seguro de vida colectivo con la firma Mapfre Tepeyac por 550 millones de pesos para los derechohabientes con crédito, adicional al que se cubre por ley. Su contratación fue de forma fraudulenta y sin el consentimiento de los trabajadores acreditados.

Hasta ahora, por los presuntos actos de corrupción, que se centran solo en señalamientos en contra de la administración del gobierno del expresidente Enrique Peña Nieto (2012-2018), y excluye al gobierno de Andrés Manuel López Obrador, no hay ninguna denuncia presentada.

El exgobernador de Oaxaca por el PRI dijo estar a favor de la reforma a la Ley del Infonavit ya que “tiene una visión más humanista y social”, mantiene su espíritu tripartita con la representación de los sectores empresarial y de los trabajadores, pero incorpora mayor vigilancia de la Auditoría Superior de la Federación para evitar futuras prácticas indebidas.