Alejandro Gertz Manero, el nuevo embajador de México en Gran Bretaña que dejó la FGR con casos pendientes y críticas a su gestión
Alejandro Gertz Manero será el nuevo embajador de México en Gran Bretaña, luego de haber renunciado a la Fiscalía General de la República (FGR) entre críticas por las investigaciones relacionadas con el huachicol fiscal, el caso Ayotzinapa y casos conocidos como el de Israel Vallarta y Hugo Alberto Wallace.
Gertz Manero se desempeñó como secretario de Seguridad Pública del Distrito Federal, durante el gobierno del experredista Cuauhtémoc Cárdenas; secretario de Seguridad federal, en la administración del panista Vicente Fox Quesada, y primer fiscal general de la República, durante la gestión de Andrés Manuel López Obrador.
De acuerdo con su perfil, Gertz Manero es abogado y doctor en derecho, fue fundador y primer director del Instituto Técnico de la extinta Procuraduría General de la República, se desempeñó también como oficial mayor en la dependencia, y como coordinador de la campaña contra el narcotráfico.
También ocupó una curul como diputado federal, por el partido Convergencia, en la LXI Legislatura, en la que se desempeñó como presidente de la Comisión de Marina. Es miembro de la Barra Mexicana, Colegio de Abogados; del Ilustre Colegio de Abogados de México y de la Academia Mexicana de la Educación.
Tras su llegada a la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador, designó a Gertz Manero como subprocurador Jurídico y de Asuntos Internacionales, en suplencia del Procurador General de la República.
El 18 de enero de 2019, con 91 votos a favor, el pleno del Senado lo ratificó como fiscal general de la República para un periodo de nueve años. Organizaciones civiles acusaron una “simulación” en este proceso, luego de que Morena acordó impulsar su candidatura.
Durante su gobierno, Andrés Manuel López Obrador expresó tener plena confianza en el fiscal y dijo al cierre de su sexenio que se encontraba “muy satisfecho” con el trabajo de la Fiscalía General de la República. 
Foto: Cuartoscuro / Archivo
Estado de salud y casos pendientes
En enero de 2023, Gertz Manero, de entonces 84 años, fue operado de la columna vertebral. El expresidente López Obrador consideró como una “actitud inhumana” que se especulara sobre su posible reemplazo en la FGR.
“Él se hizo (una) intervención quirúrgica en la espalda, en la columna, una infiltración, vamos a decir. Entonces está en su casa, está bien, en recuperación, incluso está trabajando”, dijo. “Como todos”, añadió, “necesitamos a veces de alguna reparación, ¿no?, pero está muy bien”.
El fiscal dejará la dependencia con uno de los grandes pendientes de los gobiernos morenistas: el caso Ayotzinapa. Las investigaciones de la extinta PGR y de la actual fiscalía siguen sin arrojar información sobre el paradero de lo estudiantes de la Escuela Normal Rural Raúl Isidro Burgos.
Aunque la presidenta Claudia Sheinbaum inició su sexenio con la promesa de renovar el diálogo y avanzar en la investigación con nuevos métodos y tecnologías, las familias advierten —tras varias reuniones con la mandataria— un posible retorno a la “verdad histórica”.
Los casos Morán y Cuevas
Durante su gestión en la FGR, Alejandro Gertz Manero acusó a Laura Morán por la muerte de su hermano Federico Gertz “por no cuidar de su salud”. Alejandra Cuevas, hija de Morán y quien también estaba presuntamente implicada, fue detenida y recluida en Santa Martha Acatitla.
El motivo de su detención fue porque Alejandro Gertz Manero acusó a ambas mujeres, sin pruebas, del presunto homicidio de su hermano, Federico Gertz Manero, quien falleció tras haber sufrido una caída en 2015.
El caso se volvió tan mediático que incluso, a solicitud del propio fiscal, la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió ejercer su facultad de atracción para conocer dos amparos que se interpusieron en defensa de ambas mujeres.
La Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN) resolvió en marzo de 2022 otorgar un amparo liso y llano a Laura Morán y a su hija, Alejandra Cuevas, quienes eran acusadas por el fiscal general.
Con ese amparo, ambas quedaron absueltas de la acusación por presunto homicidio y, en el caso de Cuevas, se ordenó su liberación inmediata. Morán, quien era la pareja de Federico Gertz Manero, estaba en libertad.
Israel Vallarta y caso Wallace
Recientemente, la Fiscalía General de la República enfrentó críticas por la “caída” de dos casos que fueron considerados como emblemáticos, el de Israel Vallarta y el de Hugo Alberto Wallace. El primero fue señalado por presuntamente pertenecer a “Los Zodiaco” y se encontraba recluido en el Altiplano desde diciembre de 2005.
En 2021, la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) emitió una recomendación a la FGR por la tortura en contra de Israel Vallarta y el “montaje” de Televisa sobre la detención ocurrida el 8 de diciembre de 2005, junto con la francesa Florence Cassez.
La FGR anunció que apelará la sentencia absolutoria que fue dictada por una jueza en el caso de Vallarta Cisneros, quien obtuvo su libertad tras casi 20 años en prisión por delitos de delincuencia organizada, secuestro y posesión de armas de uso exclusivo del Ejército.
En este caso también estuvo implicado Luis Cárdenas Palomino, exdirector de seguridad de la extinta Policía Federal. El exfuncionario estaba en prisión por el caso de tráfico de armas “Rápido y Furioso” y enfrentaba un proceso por la presunta tortura en agravio de cuatro integrantes de la banda de “Los Zodiaco”.
En junio, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ordenó la “inmediata y absoluta libertad” Juana Hilda González Lomelí, una de las personas acusadas por el llamado caso Wallace, al concluir que no existen pruebas suficientes para acreditar que ella secuestró y asesinó al hijo de la activista Isabel Miranda de Wallace.
A favor de la liberación de Juana Hilda votaron las ministras Margarita Ríos Farjat y Loretta Ortíz Ahlf, así como los ministros Juan Luis González Alcántara Carrancá y Alfredo Gutiérrez Ortiz Mena, ponente del asunto. Mientras que el único voto en contra fue el del ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo.
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En 2006, Juana Hilda fue detenida luego de que la entonces PGR la señaló como presunta responsable de los delitos de secuestro, delincuencia organizada y portación de armas de uso exclusivo del Ejército, cometidos en perjuicio de Hugo Alberto Wallace Miranda.
Años más tarde, fue sentenciada a 78 años y nueve meses de prisión por el secuestro de Hugo Alberto, una resolución que se basó en la supuesta confesión que hizo del crimen, misma que fue obtenida bajo tortura, sin acceso a una defensa adecuada y sin contar con una resolución con perspectiva de género.
La presidenta Claudia Sheinbaum consideró que la fiscalía debe revisar el caso Wallace ante la reciente resolución de la Suprema Corte que permitió esta liberación y que pone en duda la culpabilidad del resto de las personas detenidas desde hace casi 20 años.
