Martí Batres Guadarrama, director general del ISSSTE, publicó en el Diario Oficial de la Federación (DOF) un acuerdo por el que se establece el procedimiento para verificar que las pensiones no rebasen el monto máximo establecido por ley.
“El objetivo es continuar corrigiendo excesos e injusticias”, dijo en un mensaje en redes sociales.
El acuerdo que entrará en vigor a partir del sábado 9 de noviembre detalla el procedimiento que seguirá el instituto para verificar y en su caso, la modificar o revocar las pensiones que rebasen el monto límite establecido en el artículo 17 de la Ley del ISSSTE.
Dicho artículo señala que el límite superior de las pensiones equivale a diez veces el salario mínimo del Distrito Federal, es decir, a poco más de 74 mil pesos mensuales.
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Una vez implementado el acuerdo, la Dirección de Prestaciones Económicas, Sociales y Culturales identificará las pensiones a cargo del instituto que rebasen el monto máximo establecido y procederá a verificar datos como las dependencias donde laboró la persona trabajadora; los años de servicio cotizados; el sueldo básico que percibió, así como los elementos que sirvieron para determinar la cuantificación de la pensión inicial, sus incrementos anuales y el factor de actualización.
La persona involucrada será notificada para que en un término de 15 días hábiles presente los documentos que acrediten el monto recibido y presente sus alegatos.
La dirección valorará los elementos presentados y deberá emitir una resolución en un plazo no mayor a tres meses a partir de la notificación.
A partir de ello, el instituto podrá reducir el monto de la pensión por debajo del límite si las pruebas resultan procedentes o revocarla en caso de que se determine lo contrario.
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La resolución podrá ser impugnada dentro de los 15 días contados a partir de que surta efecto la notificación de la misma.
Si el instituto detecta que las personas involucradas presentaron documentos falsos, presentará la debida denuncia ante el Ministerio Público para los efectos que procedan. En caso de identificar irregularidades en el expediente, éstas serán investigadas por el Órgano Interno de Control y sancionadas de acuerdo a lo establecido en la Ley General de Responsabilidades Administrativas.
Durante el sexenio pasado, el gobierno identificó un “modelo criminal” que, en complicidad con trabajadores en activo, exservidores públicos, abogados particulares y la Junta Federal, incrementaba ilegalmente las pensiones del ISSSTE a través de laudos, provocando pérdidas al erario por más de 15 mil millones de pesos.
De acuerdo con Armando Ocampo Zambrano, exprocurador de la Defensa del Contribuyente (Prodecon), como resultado de las investigaciones sobre este caso, se logró frenar el pago ilegal de pensiones por 7 mil 153 millones de pesos, así como el cobro de éstas en mil 398 cheques que en conjunto sumaban mil 188 millones de pesos.
Lo anterior implicó un ahorro y protección al patrimonio del instituto de alrededor de 8 mil 341 millones de pesos, según datos del gobierno.
Además, se presentaron 57 denuncias penales ante la Fiscalía General de la República (FGR) en contra de 3 mil 233 personas que incurrieron en esta falta.
Estas medidas son parte de la estrategia de rescate del ISSSTE que se implementó durante el gobierno de López Obrador y a la que la presidenta Claudia Sheinbaum busca dar continuidad.
La estrategia tiene por objetivo revertir el abandono del instituto, su desmantelamiento y la corrupción que se encontraba al interior para, de esa forma, mejorar la atención médica oportuna a los usuarios.