La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP, por sus siglas inglés) publicó las estadísticas del mes de febrero en las que señaló que la Patrulla Fronteriza detuvo a 8 mil 347 migrantes que buscaban cruzar la frontera sur, una disminución del 94% respecto al mismo mes del año pasado, cuando registró 140 mil 641 detenciones.
Este cifra de detenciones en el segundo mes del año también representó una baja del 71% frente a enero de este año, cuando sumaron 29 mil 101 casos. De acuerdo con un comunicado, las detenciones de la Patrulla Fronteriza a nivel nacional llegaron a un promedio de 330 por día, la media más baja de la historia de este cuerpo policial.
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En tanto, la Oficina de Operaciones sobre el Terreno (OFO) del CBP detectó 3 mil 362 migrantes inadmisibles en los puertos de entrada a lo largo de la frontera en febrero, según autoridades. Esto representa un descenso del 90% respecto al mes previo, cuando fueron registrados 32 mil 346 migrantes.
“Bajo la dirección de la administración, nos mantenemos inquebrantables en nuestra misión de priorizar la seguridad de los estadounidenses, asegurar la frontera y aplicar las consecuencias para aquellos que violan la ley de los Estados Unidos”, dijo Pete Flores, comisionado en funciones.
El comunicado resaltó que CBP puso en marcha la aplicación móvil CBP Home que permitirá a los migrantes en situación irregular o con libertad condicional revocada notificar al gobierno de Estados Unidos su intención de partir.
“Esta característica es vital para cumplir con la Orden Ejecutiva 14159, ‘Proteger al pueblo estadounidense contra la invasión’, asegurando un proceso ordenado para que los extranjeros comuniquen sus planes de salida”, señaló el comunicado.
Las autoridades migratorias resaltaron que el presidente Trump y la secretaria Noem han dejado claro que los migrantes irregulares deben salir voluntariamente para tener la oportunidad de regresar y “vivir el sueño americano”.
“Si no, los individuos serán encontrados, deportados y se les prohibirá permanentemente la reentrada. La elección es clara”, destacó CBP.
Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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