El Comité sobre Trabajadores Migratorios de la Organización de las Naciones Unidas (ONU) celebrado en Ginebra, Suiza, evaluó a los gobiernos de México mostrando el poco avance en temas de justicia y reparación para las familias de migrantes que han sido víctimas de desapariciones y de masacres.
En un comunicado de la Fundación para la Justicia (FJEDD), señaló que dicho comité destacó la ausencia de la Fiscalía General de la República y del Instituto Nacional de Migración (INM), pues son las instituciones claves para atender dichos temas.
En ese sentido, la ONU exigió al gobierno de Claudia Sheinbaum información sobre las acciones que se han realizado para investigar delitos y violaciones a derechos humanos contra migrantes, además de cómo se fortalecerá la búsqueda de migrantes desaparecidos y sobre la instalación de una Mesa de búsqueda, la cual se encuentra pendiente desde hace tres años.
“Es enorme la deuda en la atención básica a las familias de víctimas migrantes, con ausencia de políticas de atención diferenciada, con enfoques de género, niñez, interseccionalidad y transnacionalidad. La discriminación institucional sigue imperando cargando a las víctimas con responsabilidades que no les corresponden, y sin desarrollar coordinaciones bilaterales o regionales con los gobiernos de los países de origen”, añadió.
Por otro lado, la ONU indicó que el Estado reconoció pendientes en el diseño de política pública para atender la crisis de desapariciones en el país y la necesidad de fortalecer el Mecanismo de Apoyo Exterior de Búsqueda e Investigación, principalmente en El Salvador, para que las familias de personas migrantes puedan acceder a mecanismos de justicia transnacional.
“Durante las sesiones, varias organizaciones y redes de derechos humanos, destacaron los principales pendientes del Estado mexicano en materia de desaparición, masacres y trata de migrantes, detenciones y expulsiones, revisiones migratorias inconstitucionales, militarización, discriminación, racismo y xenofobia, regularización migratoria, atención y derechos de niñez migrante, falta de acceso a derechos, otorgamiento de tarjetas de visitantes por razones humanitarias, entre otros. Previamente, enviaron informes sombra al Comité, en los cuales detallaron la información expuesta”, expuso la fundación.
La Fundación indicó que la ONU pidió también que se informen los detalles sobre la falta de verdad y justicia para los familiares de las víctimas de las masacres de 72 migrantes que fueron localizados y sobre los 196 restos de personas que fueron hallados en 48 fosas clandestinas también en el municipio de San Fernando, Tamaulipas
“Lamentablemente la delegación del Estado Mexicano sólo mencionó los largos juicios iniciados por las víctimas y la Fundación para la Justicia para poder acceder a la información de los expedientes de investigación, sin informar resultados de las investigaciones de la FGR, ni avances en la identificación y sanción de responsables”, indicó.
Recordó que México no mencionó la masacre de 72 migrantes y el caso de las fosas clandestinas de San Fernando.
“El Estado mexicano reconoció el bajo índice de judicialización de casos de delitos contra migrantes, y señaló que durante el período de 2019 a 2025 se emitieron 53 sentencias, 10 absolutorias y 43 condenatorias. Asimismo, refirió que del 2018 al 2023, tan solo se han obtenido 15 sentencias condenatorias por desaparición forzada, sin especificar que las víctimas fueran migrantes”, recordó.
Otros casos sobre los que fue cuestionado el Estado mexicano fueron la masacre de 17 migrantes en Camargo, Tamaulipas en 2021, el caso del cubano Cristóbal Cobreiro, asesinado por la Guardia Nacional en Chiapas en el mismo año, el caso de la migrante salvadoreña Victoria Salazar quien fue asesinada por policías municipales en Quintana Roo y el caso del incendio de la estación migratoria en Ciudad Juárez donde fallecieron 40 migrantes (2023).
“Casos que permanecen en la impunidad, salvo el de la masacre de Camargo, en el cual se dictó sentencia condenatoria en contra de 12 policías estatales de Tamaulipas”, pronunció.
El Comité destacó la preocupación por los efectos de la militarización del control migratorio y los casos donde personas migrantes han sido asesinadas a manos de fuerzas militares como la Guardia Nacional.
Pablo Ceriani, el Relator del Comité para México, destacó que el enfoque securitista afecta todos los ámbitos de derechos de los migrantes.
Las organizaciones junto a la ONU destacaron que no se ha adoptado una política pública para evitar “la repetición de graves violaciones a derechos humanos contra migrantes, a pesar de la situación generalizada de extorsión, secuestro y trata de personas migrantes y la permanencia de situaciones de homicidio y desaparición de migrantes en México, el mayor corredor migratorio del mundo”.
El próximo martes 15 de abril, el Comité publicará su informe y recomendaciones para México.
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Las organizaciones que estuvieron presentes durante las sesiones con la ONU fueron:
Fundación para la Justicia, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de la Guadalupe – COFAMIGUA, Comité de Familiares Migrantes Desaparecidos de El Progreso – COFAMIPRO, Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Honduras – AFAMIDEH, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos del Centro de Honduras – COFAMICENH, Colectivo Justicia y Esperanza, Comité de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Pespire – COFAMIDEPE, Asociación de Familiares de Migrantes Desaparecidos de Guatemala – AFAMIDEG
Además, la Asociación Hondureña de Familiares de Migrantes Desaparecidos Amor y Fe – AHFAMIDEAF, Asociación Comité de Familiares de Migrantes Fallecidos y Desaparecidos de El Salvador – COFAMIDE, Sin Fronteras IAP, Instituto para la Mujeres en la Migración, Formación y Capacitación A.C., Red Mesoamericana Mujer Salud y Migración, Casa Monarca, Ayuda humanitaria al migrante, A.B.P., Grupo de Trabajo sobre Política Migratoria, RacismoMX, Centro de Derechos Humanos Fray Matías de Córdova A.C., Coalición México por los Derechos de las Personas con Discapacidad – Coamex, Centro de Atención a la Familia Migrante Indígena
Y, por último, también participaron el Colectivo de Federaciones y Organizaciones Mexicanas Migrantes, Pueblos y Comunidades Indígenas Transfronterizos A.C., Bloque Latinoamericano sobre Migración y la Red Regional de Organizaciones Civiles para las Migraciones.
El caso de Juan Cuatrecasas no solo llegó a la justicia, prensa y cine españoles, sino que el máximo jerarca de la Iglesia católica se encargó de que fuera juzgado en el Vaticano.
Es una mañana soleada en Roma. Vemos al papa Francisco sentado en el centro de un taller de arte que tiene piso de madera y ventanales enormes.
A su alrededor, en forma de media luna, están diez jóvenes que viajaron desde diferentes países para conversar con él sobre aborto, racismo, diversidad sexual, xenofobia, pederastia y más.
Todos hablan español.
– Pelota al centro, empieza el partido, dice el Papa con su acento argentino, mientras sonríe.
Así arranca una intensa conversación que quedó retratada en el documental “Amén: Francisco responde”, estrenado en 2023.
El clímax ocurre cuando el español Juan Cuatrecasas toma la palabra y confronta al Papa sobre la pederastia en la Iglesia.
El joven, que en ese momento tenía 25 años, fue abusado sexualmente por un numerario (miembro que opta por el celibato y se dedica a la formación) cuando era niño y estudiaba en un colegio católico de Bilbao.
Sus padres, además de llevar el caso a la justicia española, que condenó al agresor, lograron enviarle una carta al papa Francisco en la que le pedían ayuda para que la Iglesia también investigara.
El Papa accedió y les respondió con un escrito de su puño y letra.
Pero pasaron varios años y el proceso canónico se estancó, así que aquel día de verano en Roma, Juan cuestionó al Papa frente a las cámaras, le mostró la carta que el pontífice había escrito y logró destrabar la investigación.
BBC Mundo conversó con Juan y con sus padres sobre su dolorosa historia de abuso, sobre su largo camino denunciando la pederastia, sobre la hazaña de haber conseguido comunicarse directamente con el máximo jerarca de la Iglesia católica, y sobre lo que ocurrió después de confrontarlo en un documental que dio la vuelta al mundo.
Juan Cuatrecasas Cuevas estudió sus primeros años de secundaria, desde los 11 a los 13, en el Colegio Gaztelueta Bilbao, perteneciente al Opus Dei y ubicado en el País Vasco, en el norte de España.
Fue allí donde ocurrieron los hechos que ha denunciado contra José María Martínez Sanz:
“El numerario (un fiel en celibato apostólico) era mi tutor y abusó sexualmente de mí en repetidas ocasiones. Ocurrió en su despacho.
“En ese momento yo entendía que lo que estaba pasando no era algo bueno. Pero era un niño y no tenía, digamos, idea de lo que era un abuso sexual, de lo que implicaba, ni siquiera de que esa persona, que era una autoridad para mí, estuviese actuando con un abuso de poder o de superioridad”.
Con el tiempo, los compañeros de estudio de Juan empezaron a notar que algo estaba ocurriendo y la situación empeoró.
“Sufrí bullying porque compañeros míos veían que el tutor me trataba distinto, me sacaba de clase y me metía en el despacho mucho tiempo.
“A raíz de eso acabé colapsando. Me hizo mucho daño el rechazo de mis amigos, sentirme solo”.
Pasaron tres años sin que Juan hablara con nadie sobre lo que le estaba pasando.
Ya con 15 años volvió a recibir amenazas por parte de excompañeros en redes sociales y no pudo callar más.
“Las víctimas de pederastia no cuentan cuando quieren, cuentan cuando pueden”, explica el padre de Juan.
“En mayo de 2011, él le contó a su madre sobre el acoso escolar de sus compañeros y que sufrió abusos sexuales progresivos por parte del [profesor] numerario de Religión en sus cursos de 2008, 2009 y 2010”, relata.
“Me encerré en mí mismo y dejé de ir al colegio. Estuve así bastantes años”, explica el hijo.
“Entró en una crisis absoluta, de tener pesadillas, vómitos, dolores de tripa. Un cambio radical. Era un niño feliz, tenía sus amigos, su equipo de fútbol, hacía una vida completamente normal. Y de la noche a la mañana, llegó el cambio”, agrega su padre.
Juan Cuatrecasas Asua, abogado y asesor fiscal que llegó a ser parlamentario en España, comparte nombre y primer apellido con su hijo mayor.
Junto a su esposa, Ana Cuevas, y otras víctimas de pederastia en espacios religiosos y eclesiásticos en España crearon la Asociación Infancia Robada (ANIR) para brindar asesoría técnico-jurídica y buscar cambios en la legislación.
Ha sido el resultado de más de una década en un activismo que arrancó en 2011, cuando decidieron denunciar ante la Iglesia y las autoridades españolas al agresor de su hijo.
El primer paso fue informar al colegio.
“Se demoran en atendernos, hasta que nos recibe el subdirector de la época, le contamos todo lo que nuestro hijo ha relatado y él se lleva las manos a la cabeza y dice: ‘Si esto es así, pobre Juan’“, recuerda Cuatrecasas Asua.
“Luego nos llaman a una reunión y dicen que le creen a Juan.
“Según nos dicen ellos, al agresor lo envían a Inglaterra. Cuando preguntamos qué iban a hacer con él, nos dijeron que tenían que ponerlo en manos de un cura. Incluso nos llegaron a pedir que no le dijéramos a nuestro hijo que el profesor se había ido ‘por su culpa'”, agrega.
BBC Mundo contactó al Colegio Gaztelueta Bilbao para preguntarle por la postura de la institución frente a este caso, pero informaron que no se pronunciarían al respecto.
Después de reportar los hechos en el colegio, e indignados por la respuesta que obtuvieron, los padres de Juan decidieron ir a la Inspección de Educación de Bilbao.
Allí les recomendaron empezar por ir a la Fiscalía de menores para que denunciaran el bullying del que fue víctima Juan e intentaran encontrar algún testigo antes de acusar al agresor.
“Fue un proceso lamentable y patético en Fiscalía de menores. A mi hijo el psicólogo ni le atiende durante más de diez minutos, y archivan el caso. Eso sí, castigando a dos niños por amenazas e insultos, pero de ahí no pasa”, recuerda el padre.
Decidieron, entonces, escalar la denuncia dentro de la Iglesia católica y recurrieron a las autoridades canónicas en el País Vasco.
Fue así como en la primavera de 2013, los Cuatrecasas Cuevas se enfrentaron a un proceso que describen como atropellado y sin consenso dentro de la institución religiosa sobre cómo proceder frente a este tipo de denuncias.
“Hay una parte minoritaria de la Iglesia que sí entiende el tema de los abusos, que sí trabaja por la labor de dar respuesta, lo que pasa es que no es esa la que tiene el poder en la Iglesia de España”, explica Ana, la madre de Juan.
Ejemplo de eso, recuerdan, es que el obispo de Bilbao de ese entonces se negó a escucharlos, pero un vicario que les apoyó logró que accediera.
Varios años después del primer intento, el obispo los citó a una reunión. Los padres de Juan pidieron asistir con un testigo, pero él se negó: “Nos dijo que con un testigo no nos recibía”, agrega Ana.
Agotadas las instancias locales, con su hijo aislado en una crisis postraumática severa y con el agresor libre, ¿qué opción les quedaba? Pues, quizás, la máxima autoridad de la Iglesia en el mundo: el papa Francisco.
Parecía imposible, pero decidieron intentarlo.
“El papa Francisco es jesuita y yo he estudiado en un colegio de jesuitas, mi padre estudió en un colegio de jesuitas, mis tíos también. Profeso cierta empatía con el espíritu ignaciano. Entonces, si hubiese sido otro Papa, pues igual lo hubiese intentado pero con menos esperanza”, cuenta el padre de Juan.
El siguiente paso fue preparar la correspondencia.
“Escribimos una carta en la que le pedíamos ayuda y adjuntamos una serie de documentación para plasmar de alguna forma visual todo lo que había acontecido. También incluimos una foto de Juan antes y después”, agrega.
A los padres de Juan, bien conectados, les tomó tiempo gestionar citas y hacer intentos hasta que lograron enviar el sobre con la garantía de que el Papa lo recibiría en su propia mano. Al cabo de un mes y medio, recibieron respuesta.
“Me dejaron un papel debajo de la puerta de mi despacho que decía que el párroco de una iglesia cercana tenía que entregarme algo personalmente”, evoca el padre de Juan.
“Fui al día siguiente. El párroco me pasó a la sacristía y sacó una caja, luego otra más pequeña que estaba dentro. Después, un sobre que decía F en el remitente. Y me dijo con voz un poco temblorosa:
-¿Está usted esperando una carta del Papa?
– Pues sí, respondí.
“Me acuerdo que él hacía por mirar, cogí la carta, le di las gracias y me fui”.
Luego llamó a su esposa, Ana, para leerla juntos, y cuando abrió el sobre se le escurrieron las lágrimas.
Llevaban años esperando justicia y ahora sentían esperanza.
La carta, escrita a mano por el mismo Papa, decía entre otras cosas:
Hoy mismo envío la documentación a la Congregación para la Doctrina de la Fe, para que instruyan el juicio canónico al educador y al colegio, pero sin molestar al chico.
A usted y a su familia les deseo un santo y esperanzador año 2015.
Que Jesús los bendiga, la virgen santa los cuide y, por favor, no se olvide de rezar y hacer rezar por mi.
Fraternalmente,
Francisco.
La Congregación para la Doctrina de la Fe, de la que habla el Papa en su carta, es un tribunal de la Iglesia que juzga los delitos cometidos contra la fe, la moral o en la celebración de los sacramentos.
Y en efecto, al poco tiempo, ese tribunal contactó a la familia de Juan.
“Vinieron dos representantes a mi residencia. Me entrevistaron, pero en un momento la entrevista dio un giro y empezaron a interrogarme para sacar información sobre cómo era el despacho donde me había ocurrido todo eso. Ubicación, muebles.”, recuerda Juan.
Meses después, la congregación para la Doctrina de la Fe envió un comunicado sobre su investigación preliminar al director del colegio.
El texto, de página y media y al que BBC Mundo tuvo acceso, dice que después de realizar una investigación preliminar canónica se decidió “dar por cerrado por falta de elementos el caso” y dispuso, entre otras conclusiones, “que se restablezca la buena fama del imputado”.
En 2015 y ya con 18 años, Juan decidió denunciar a José María Martínez Sanz ante el Tribunal Superior del País Vasco.
El proceso fue complejo y duró varios años.
Según recuerda la familia, se abrió la investigación, se archivó temporalmente, se retomó con testimonios y pruebas, llegaron a juicio y finalmente se condenó al numerario a 11 años de prisión por abusos continuados a un menor de edad.
Pero la defensa apeló el fallo ante el Tribunal Supremo español y este decidió rebajar la condena de 11 a dos años.
El argumento principal, según informó la prensa española en su momento, fue que en el proceso provincial “no se respetó la presunción de inocencia”.
“Se aceptaron como hechos probados dos episodios de abuso relevantes que la víctima relató años después de que comenzase a contar lo sucedido”.
Dichos hechos constituían un delito de agresión sexual y, al no aceptarlos en la apelación, solo se probó el abuso continuado, razón por la cual rebajaron la condena.
El Tribunal Supremo ratificó que José María Martínez Sanz cometió abusos contra Juan cuando era su profesor en el colegio del Opus Dei y ratificó la condena de dos años, un tiempo por el que, dado que el acusado no tenía antecedentes, no tuvo que entrar en prisión, tal como establece la ley en España.
En cuanto a la versión de Martínez Sanz, se sabe que cumplió la condena, pero que no ha reconocido los hechos.
BBC Mundo comprobó con un portavoz que el condenado creó, escribió y difundió una página web en la que expone los argumentos que cuestionan la veracidad de las pruebas presentadas durante el proceso en el País Vasco y que, según él, sustentan su inocencia.
Por otra parte, el diario El País informó en 2018 que el director del Colegio Gaztelueta Bilbao de esa época defendió la inocencia del profesor, dijo que no compartía la sentencia y que en su opinión la denuncia de Juan no era “creíble”.
El colegio, consultado por BBC Mundo, tampoco se pronunció sobre las palabras del directivo.
Al joven Juan Cuatrecasas Cuevas le tomó varios años recuperarse.
“Juan perdió cinco años de escolaridad. Era una situación muy difícil. Yo tuve que quedarme mucho tiempo con él, porque con los intentos de suicidio que tuvo, el psiquiatra nos dijo que para no tener que ingresarle teníamos que estar vigilándole las 24 horas del día”, cuenta su madre, Ana.
“Todos los facultativos que atendieron a mi hijo, tanto psicólogos, psiquiatras, como médicos de familia y el pediatra, incluso la psicóloga forense que le hizo test de credibilidad, todos testificaron a su favor en el juicio”, agrega.
Y, justamente gracias al apoyo de su familia y a la guía de varios profesionales en salud mental, Juan pudo poco a poco retomar su vida, terminar el colegio, estudiar Derecho y hacer una maestría en derechos humanos.
En ese proceso y cuando ya era mayor de edad, también decidió hacer la denuncia pública, dar su cara y contar todo lo que había vivido, así como el tormentoso camino que ha recorrido su familia para denunciar a su agresor.
Fue por esa exposición en medios y tribunales internacionales que el equipo de producción del documental “Amén: Francisco Responde” terminó ubicándolo en 2022.
“Al principio tuve un poco de dudas porque no me considero una persona creyente y tengo bastante reticencia hacia la Iglesia. Tampoco sabía si iba a servir de algo que yo saliese ahí. Pero luego lo vi como una oportunidad no solo para exponer mi caso y que se hiciese justicia, sino también para dar visibilidad a un problema que al día de hoy sigue ocurriendo”, cuenta Juan.
Luego de aceptar, Juan viajó a Roma junto a su hermano Carlos. En el bolsillo llevaba la carta del Papa que sus padres habían recibido siete años atrás.
El día de la filmación del documental, Juan llegó con una bermuda de jean y una camisa de lino. No se preparó demasiado.
La indicación del equipo de producción le dio tranquilidad. “Me dijeron que hablara como yo quisiese y durante el tiempo que quisiese”, recuerda.
El Papa entró al set de grabación caminando con dificultad y apoyado en su bastón. Saludó a cada uno de los jóvenes con un apretón de manos o con un beso, se sentó en el centro del salón y empezó la conversación.
Los jóvenes fueron directos, le preguntaron si tenía celular, si le pagaban un salario, si conocía la app de citas Tinder. Él les preguntó si no les parecía aburrido ponerse a hablar con un cura.
Luego entraron a los temas álgidos y, tan pronto llegaron al aborto y el papa Francisco habló sobre la importancia de proteger la vida humana, Juan entró en la conversación y dijo que le parecía una postura hipócrita.
Señaló que por un lado la Iglesia habla de proteger la vida, pero por el otro hay temas como la pederastia en los que muchas veces rechazan a las víctimas o protegen a los perpetradores.
Fue ahí cuando se presentó y contó su caso. Habló claro y conciso, a pesar de que estaba conteniendo las lágrimas.
“Me temblaba la voz. Da igual las veces que lo hayas podido contar: reconocer que has sido abusado sexualmente es muy duro de decir”, explica Juan.
El Papa lo animó a continuar.
-Expresáte como quieras, llorá si querés. Tranquilo, hijo.
Juan hizo una pequeña pausa, respiró y siguió hablando conmovido.
Le contó que la justicia española había condenado a su agresor, pero que no había ido a prisión y que había seguido vinculado al Opus Dei.
Luego le mostró la carta que él mismo le contestó a sus padres.
El Papa dijo que no la recordaba, se puso sus lentes, la leyó y le preguntó:
-¿Tuvieron respuesta de la Congregación para la Doctrina de la Fe? Yo la envié ahí.
Juan, ya más tranquilo, le contestó:
–Sí, al año siguiente, el colegio del Opus Dei recibió una carta de la Congregación, diciendo que iban a archivar las investigaciones y que había que reponer el buen nombre del profesor.
Y bueno, mi pregunta creo que es evidente: ¿por qué tomaron esa decisión? Y, a día de hoy que ya hay una sentencia firme, ¿la Iglesia va a cambiar su postura o a rectificar lo que dijo la Congregación?
El Papa fue enfático al responder:
-Estos casos de abusos con menores no prescriben, en la Iglesia al menos. Y si por los años prescriben, yo levanto la prescripción automáticamente. No quiero que esto prescriba nunca.
Es un drama el abuso a menores en todas partes. En la Iglesia es más escandaloso porque precisamente donde tenés que cuidar a la gente, la destruís.
Yo te agradezco la valentía de haberlo denunciado porque hace falta tener pantalones para denunciar esto, no es fácil, porque los condicionamientos sociales son muy grandes y a veces el que denuncia termina siendo acusado de calumnia.
Me duele por lo que me decís vos, una sentencia así fofa, que parece que tiene consecuencias pero después no las tiene, por eso ahora, si hay una sentencia firme, yo quisiera saber cuál es para hacer revisar el caso. Contá con eso.
Cuando acabó la grabación, el papa Francisco se acercó a Juan y él aprovechó para darle más contexto sobre lo que ocurrió con la Congregación de la Doctrina de la Fe en 2015.
El Papa lo escuchó con atención.
“Me facilitó su contacto. Me dijo que le mandase la documentación de mi caso, que iba a estudiarlo, investigarlo, y que iba a ver si podía constituir un tribunal que pudiese juzgar mi caso”, recuerda Juan.
Cuando Juan regresó a España, juntó todos los documentos y se los envió al Papa.
Al poco tiempo recibió respuesta a su correo electrónico. “En resumen, me dijo que se iba a constituir un tribunal canónico para que juzgara mi caso”.
Juan mantuvo una comunicación intermitente con el papa Francisco, la última vez que le escribió fue para desearle una pronta recuperación luego de que lo hospitalizaron en Roma.
En cuanto al caso canónico, el tribunal profirió una sentencia en diciembre de 2024.
Los Cuatrecasas Cuevas sólo pudieron conocerla este mes de marzo de 2025, cuando la institución religiosa se la hizo llegar directamente a su abogada.
En el documento se concluye que “los hechos probados, cometidos contra un menor de edad e imputables al acusado constituyen una causa grave que justifica la expulsión de la prelatura”.
Y que “revisten una especial gravedad, teniendo en cuenta la relación asimétrica que se establece entre docente y estudiante, entre el preceptor, que acompaña la vida académica y personal, y el alumno acompañado”.
Finalmente, en la sentencia se evidencia que la investigación se llevó a cabo por indicaciones directas del papa Francisco.
Pero Juan y su familia esperaban justicia no sólo con respecto al agresor, sino también frente al colegio y al Opus Dei.
Así que después de 14 años de espera y luego de lograr la hazaña de que el Papa recibiera su correspondencia y de poder hablar con él personalmente, Juan Cuatrecasas Cuevas quedó desilusionado:
“Mi reacción al leer la sentencia es de estupefacción y decepción, porque en ninguna parte del documento se incluye al monseñor de la Congregación de la Doctrina de la Fe que pidió reparar el buen nombre del agresor. Sigue sin haber una rectificación.
“No hay ninguna referencia a la cantidad de trampas que ha hecho el Opus Dei en mi proceso. No hay ningún tipo de escarmiento al Opus Dei”.
Frente a sus señalamientos, el Opus Dei de España le dijo a BBC Mundo a través de su portavoz que “siempre ha colaborado plenamente con las peticiones que ha recibido de la Santa Sede sobre este caso. En el Vaticano hay abundante documentación facilitada por el Opus Dei.
“En absoluto se ha entorpecido investigación alguna, civil o eclesiástica, ni producido ningún tipo de encubrimiento. Estas acusaciones carecen de fundamento”, subrayó la institución.
Juan, por su parte, cree que en todos estos años de denuncia ha vivido de primera mano la revictimización.
“Creo que no me merezco esto. Creo que además queda clara la postura de la Iglesia respecto a la reparación a las víctimas. Queda claro que es pura palabrería, pura propaganda, porque lo máximo que saben hacer es echar a alguien de una congregación.
“Por mucho que haya algunos dentro de la Iglesia que sean más tolerantes o abiertos, creo que hay una única dirección que es, por como se ha visto esta sentencia, la de tapar y barrer para casa”.
Y en medio de su reflexión concluye:
“Y si esto me pasa a mí, habiendo agotado todas las etapas de un proceso, habiendo hecho lo imposible, que es sentarme delante del Papa, habiendo contado lo que me ocurrió, que muy poca gente creo que lo haría, entonces: ¿qué les queda a las demás víctimas?”.
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