Nuevo ataque de EU a supuesta narcolancha en el Pacífico deja cuatro muertos
Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre una ofensiva que ha dejado al menos 87 muertos.
El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.
Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marinos naufragados”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.
El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que “los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.
“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.
La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.
Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y Trump ha asegurado que “muy pronto” la ofensiva pasará a tierra.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Más temprano, el almirante estadounidense que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe en la que murieron en total once personas compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.
Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.
El video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”, denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.
El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.
Es “una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público”, añadió el demócrata.
Ataque contra sobrevivientes
La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.
Los dos sobrevivientes eran “tipos malos”, dijo el representante demócrata. Pero el video muestra “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, añadió.
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Fue un “ataque legal”, defendió en cambio el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.
Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.
Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.
Un representante republicano, Don Bacon, declaró a CNN que “esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras (…) reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes”.
“Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak”, declaró Cotton, para quien “el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo”.
Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en Latinoamérica grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.
Polémica por el ataque
A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en toda la región.
Venezuela es el país más directamente afectado por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.
El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque.
El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de “matarlos a todos”.
El diario New York Times señaló sin embargo el 1 de diciembre que Hegseth “ordenó un ataque letal pero no el asesinato de sobrevivientes”.
El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.
Hegseth declaró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.
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El perdón otorgado por el presidente de EU al exmandatario hondureño condenado por traficar toneladas de cocaína contrasta con su defensa de la mano dura al narco en la región.
Donald Trump, el presidente de Estados Unidos que asegura combatir los carteles de drogas en América Latina, liberó de la cárcel a alguien condenado por liderar todo un “narcoestado” en la región.
Juan Orlando Hernández, el expresidente de Honduras que cumplía una pena de 45 años de prisión en EE.UU. por narcotráfico, recibió un perdón oficial de Trump el lunes por la noche y quedó en libertad, según varias fuentes.
La Oficina Federal de Prisiones de EE.UU. señala en su sitio web que Hernández dejó el mismo lunes la cárcel de Hazelton en West Virginia, donde cumplía su sentencia emitida el año pasado.
“Mi esposo Juan Orlando Hernández VOLVIÓ a ser un hombre libre, gracias al perdón presidencial otorgado por el Presidente Donald Trump”, escribió la esposa del exmandatario hondureño, Ana García, en su cuenta de la red social X el martes.
Trump había anticipado su decisión el viernes, mientras su controvertida ofensiva militar contra presuntos traficantes de drogas en América Latina suma al menos 83 muertos en ataques a barcos en aguas del Caribe y el Pacífico.
El presidente afirmó el martes que EE.UU. empezará además a realizar “ataques por tierra” que podrían dirigirse a Venezuela o a cualquier país que considere produce o vende drogas ilegales a EE.UU.
Su gobierno sostiene que esas acciones letales son legales, en defensa de estadounidenses que podrían ser envenenados por drogas ilícitas.
Pero algunos expertos advierten que los ataques a civiles pueden constituir ejecuciones extrajudiciales e ilegales, y otros sospechan que el propósito de EE.UU. es presionar al presidente venezolano Nicolás Maduro para que deje el poder.
Varios analistas, e incluso miembros del Partido Republicano de Trump, ven una paradoja entre esas acciones de mano dura y el indulto a alguien que ayudó a meter más de 400 toneladas de cocaína en EE.UU., según los propios fiscales de este país.
“Realmente crea una incoherencia: vemos usar la fuerza letal contra presuntos traficantes de nivel bajo y medio en el mar” y “a un jefe de Estado condenado por posibilitar las mismas rutas (de drogas) ser tratado de forma muy diferente”, señala Rebecca Bill Chavez, presidenta de Diálogo Interamericano, un centro de análisis regional en Washington.
“Esto hace que la misión antinarcóticos, o al menos su narrativa, parezca mucho más selectiva y motivada por razones políticas”, dice a BBC News Mundo quien fuera subsecretaria de Defensa de EE.UU. para el Hemisferio Occidental entre 2013 y 2016.
“En sus narices”
Las pruebas presentadas contra Hernández en una corte federal de Nueva York el año pasado alcanzaron para que el jurado lo declarara culpable por unanimidad.
De hecho, el juicio a JOH (como también se lo denomina por sus iniciales) fue una suerte de radiografía de lo que los fiscales definieron como un “narcoestado” latinoamericano en pleno siglo XXI.
Si bien siendo presidente hondureño entre 2014 y 2022 Hernández se mostraba como aliado de Washington, en privado hablaba de “meter la droga a los gringos en sus narices”, según uno de los testigos del caso.
El mismo testigo, un excontador hondureño que se presentó con nombre ficticio y protegido por el gobierno de EE.UU., relató que vio a Hernández recibir maletines de dinero del narco Geovanny Fuentes Ramírez.
Alexander Ardón, otro hondureño que estaba preso por narcotráfico, testificó que financió campañas de Hernández y que con la ayuda del poder hondureño movió toneladas de cocaína en sociedad con criminales como Joaquín “El Chapo” Guzmán, líder del cartel de Sinaloa condenado a cadena perpetua en EE.UU.
Según Ardón, “El Chapo” entregó US$1 millón a la campaña presidencial del exmandatario en 2013 a través de Tony Hernández, un exdiputado hermano de Juan Orlando que también cumple cadena perpetua en EE.UU. por narcotráfico.
La droga cruzaba Honduras por tierra, aire y mar rumbo a EE.UU., con carreteras pavimentadas por el gobierno en zonas remotas para facilitar su traslado, pistas de aterrizaje y puertos estratégicos controlados por narcos, y fuerzas de seguridad del Estado que en realidad protegían las cargas ilícitas.
En el juicio también hubo indicios de cómo la violencia se disparó en Honduras hasta tener la mayor tasa de homicidios del mundo en la década pasada, según datos de las Naciones Unidas.
Devis Leonel Rivera, un exlíder del grupo criminal hondureño Los Cachiros que también está preso en EE.UU., testificó haber sobornado a Hernández y cometido 78 asesinatos según su propia cuenta.
“Un mensaje horrible”
Hernández se ha declarado inocente desde que fue acusado por EE.UU. y extraditado a Nueva York en 2022 hasta ahora.
En una carta que envió a Trump en octubre, sostuvo que fue víctima de una “persecución política” por parte del anterior gobierno estadounidense de Joe Biden.
“Como usted, fui atacado imprudentemente por fuerzas radicales de izquierda que no podían tolerar el cambio, que conspiraron con narcotraficantes y recurrieron a acusaciones falsas”, señala la misiva del expresidente hondureño divulgada por medios estadounidenses.
Luego del indulto, Trump dijo sentirse “muy bien” por su decisión y se refirió al proceso contra Hernández como “una horrible caza de brujas” del gobierno de Biden.
Hernández “era el presidente, y había algunas drogas siendo vendidas en su país, y como él era el presidente fueron a por él”, afirmó Trump en declaraciones a la prensa el martes.
Sin embargo, exfuncionarios del gobierno de Biden como su consejero de seguridad nacional para América Latina, Juan González, han indicado que buena parte de la investigación fiscal de EE.UU. sobre Hernández ocurrió durante el primer mandato de Trump (2017-2021).
El anuncio del indulto a Hernández levantó cuestionamientos de la oposición demócrata y dentro del propio partido republicano.
“¿Por qué indultaríamos a este tipo y luego perseguimos a Maduro por traficar con drogas en Estados Unidos?”, preguntó el senador republicano Bill Cassidy en X el domingo.
Otro senador republicano, Thom Tillis, sostuvo que el indulto a Hernández “es un mensaje horrible”.
“Es confuso decir, por un lado, que deberíamos potencialmente incluso considerar invadir Venezuela por el tráfico de drogas y, por otro lado, dejar ir a alguien”, declaró Tillis a periodistas el martes.
Trump acusa a Maduro de liderar uno de los grupos latinoamericanos de narcotráfico que ha designado como “terroristas”, el Cartel de los Soles, algo que el mandatario socialista venezolano rechaza y considera un pretexto para intentar derrocarlo.
Washington considera a Maduro un presidente ilegítimo y, durante una reciente conversación telefónica que tuvo con él, Trump le dio a un ultimátum para dejar Venezuela antes del viernes pasado, según medios estadounidenses.
Desde el inicio de los ataques militares contra presuntos traficantes de drogas en el Caribe en septiembre, varios expertos advierten que la droga ilegal más peligrosa que llega a EE.UU. es el fentanilo que nunca se produjo masivamente en Sudamérica.
Christopher Sabatini, investigador principal para América Latina de Chatham House, un influyente centro de análisis británico, cree que para Trump esto “no se trata en realidad de una guerra contra las drogas”.
“Si así fuera, estaría dirigiendo sus fuerzas a otra parte y, obviamente, no estaría indultando a un expresidente condenado por facilitar la entrega de hasta 400 toneladas de cocaína a Estados Unidos”, dice Sabatini a BBC Mundo.
“Se trata de partidismo. Se trata de aliados. Y lo que es más importante”, agrega, “se trata de forzar a otros gobiernos de la región para que le apoyen”.
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