
Un nuevo ataque del ejército estadounidense contra una lancha que supuestamente estaba cargada de droga en el océano Pacífico oriental causó la muerte de cuatro personas el jueves, en medio de una creciente controversia sobre una ofensiva que ha dejado al menos 87 muertos.
El secretario de Defensa Pete Hegseth y la administración del presidente Donald Trump han sido especialmente criticados por un incidente el 2 de septiembre en el que las fuerzas estadounidenses atacaron los restos de una embarcación que ya había sido impactada, matando a dos sobrevivientes.
Un destacado legislador demócrata que vio imágenes de ese incidente el jueves dijo que mostraban un ataque estadounidense a “marinos naufragados”, mientras que otros lo han descrito como un posible crimen de guerra.
El jueves, el Comando Sur de Estados Unidos informó en X que “los servicios de inteligencia confirmaron que la lancha transportaba narcóticos ilícitos y transitaba por una ruta conocida de narcotráfico en el Pacífico oriental”.
“Cuatro narcoterroristas varones a bordo del barco murieron”, añadió.
La publicación incluía un video que mostraba una lancha de varios motores cruzando el mar a gran velocidad antes de ser impactada por una explosión que dejó la embarcación en llamas.
Hasta ahora la veintena de ataques han causado al menos 87 muertos, y Trump ha asegurado que “muy pronto” la ofensiva pasará a tierra.
On Dec. 4, at the direction of @SecWar Pete Hegseth, Joint Task Force Southern Spear conducted a lethal kinetic strike on a vessel in international waters operated by a Designated Terrorist Organization. Intelligence confirmed that the vessel was carrying illicit narcotics and… pic.twitter.com/pqksvxM3HP
— U.S. Southern Command (@Southcom) December 4, 2025
Más temprano, el almirante estadounidense que ordenó un segundo bombardeo contra una presunta narcolancha en el Caribe en la que murieron en total once personas compareció en el Congreso, donde fue cuestionado sobre la legalidad de su decisión.
Jefe del Comando de Fuerzas de Operaciones Especiales, Frank Bradley presentó a los congresistas a puerta cerrada imágenes del ataque.
El video “mostró a las fuerzas militares estadounidenses atacando a marinos naufragados”, denunció el representante demócrata Jim Himes, miembro del comité de Inteligencia, a periodistas.
El primer misil destruyó la embarcación, y luego un segundo misil mató a dos sobrevivientes, unos hechos reconocidos por la Casa Blanca.
Es “una de las cosas más perturbadoras que he visto en toda mi carrera como servidor público”, añadió el demócrata.
La audiencia se produjo a solicitud de republicanos, que ostentan la mayoría en ambas cámaras del Congreso, y de la oposición demócrata.
Los dos sobrevivientes eran “tipos malos”, dijo el representante demócrata. Pero el video muestra “a dos individuos claramente desesperados, sin medios para desplazarse, con una embarcación destruida, que fueron asesinados por Estados Unidos”, añadió.
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Fue un “ataque legal”, defendió en cambio el senador republicano Tom Cotton, presidente del comité selecto de inteligencia, también a reporteros.
Ese doble impacto, en el primer ataque de Estados Unidos contra lanchas en el Caribe, ha causado polémica dentro y fuera de Washington.
Opositores demócratas y organizaciones de defensa de los derechos humanos acusan al Pentágono de haber cometido un crimen de guerra al matar en el agua a dos sobrevivientes.

Un representante republicano, Don Bacon, declaró a CNN que “esas dos personas estaban intentando sobrevivir y nuestras (…) reglas de combate no nos permiten matar a sobrevivientes”.
“Este tipo de videos han sido publicados durante 25 años. Todos hemos visto videos de ataques con drones o desde helicópteros contra grupos terroristas en Afganistán, o Siria, o Irak”, declaró Cotton, para quien “el 2 de septiembre no hubo ningún cambio de protocolo”.
Trump declaró a los cárteles narcotraficantes que operan en Latinoamérica grupos terroristas al inicio de su segundo mandato.
A medida que los ataques en el Caribe se han ido prolongando, la polémica ha crecido en toda la región.
Venezuela es el país más directamente afectado por esta escalada sin precedentes, para la que Estados Unidos ha desplegado una flotilla de casi una veintena de naves, en el Atlántico y el Pacífico, además de cazas en Puerto Rico y miles de marines.
El papel del jefe del Pentágono, Pete Hegseth, es objeto de una polémica aparte en este doble ataque.
El diario Washington Post, citando fuentes militares anónimas, aseguró que Hegseth dio la orden de “matarlos a todos”.

El diario New York Times señaló sin embargo el 1 de diciembre que Hegseth “ordenó un ataque letal pero no el asesinato de sobrevivientes”.
El representante demócrata Himes dijo a periodistas este jueves que el almirante aseguró en la audiencia a puerta cerrada que Hegseth no ordenó la muerte de todos los que estaban a bordo de la embarcación.
Hegseth declaró esta semana que no estaba presente en la sala de operaciones durante el segundo ataque.

La excarcelación llega en un momento de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Nicolás Maduro.
El gobierno de Venezuela liberó a 71 personas que estaban presas desde las protestas que siguieron a las elecciones presidenciales de 2024.
Los detenidos fueron puestos en libertad la madrugada de este jueves 25 de diciembre, informaron dos organizaciones integradas por familiares de personas arrestadas por motivos políticos.
“Madres, familiares y amigos han reportado la excarcelación de al menos 60 personas desde la cárcel de Tocorón (estado Aragua), así como de 9 mujeres presas políticas detenidas en Las Crisálidas, y 3 adolescentes provenientes de La Guaira”, expresó en un comunicado el Comité por la Libertad de los Presos Políticos.
La organización agregó que “cada nombre que sale de las listas de reclusión injusta representa una victoria para la verdad y la esperanza”.
Por su parte, el Comité de Madres en Defensa de la Verdad mencionó “65 hombres que estaban recluidos en Tocorón, 3 mujeres en Las Crisálidas y 3 adolescentes en La Guaira”.
“Es un logro importante, pero insuficiente, por ello exigimos la libertad plena de todos a través de una Amnistía General”, indicó en su comunicado, en el que remarcó que “la injusticia sigue afectando a centenares de familias en todo el país”.
Según estas organizaciones, el proceso de excarcelaciones había estado paralizado durante varios meses, lo que motivó reiterados llamamientos públicos para que se revisaran los expedientes de las personas detenidas.
Las madres de algunos de los arrestados habían advertido que no se registraban nuevas liberaciones desde marzo.
Las detenciones se produjeron en el contexto de la crisis política desatada tras las elecciones presidenciales del 28 de julio de 2024, cuando el órgano electoral proclamó la reelección de Nicolás Maduro, en medio de denuncias de fraude por parte de la oposición, que reclamó la victoria de Edmundo González Urrutia y presentó las pruebas de su triunfo al publicar las actas de votación.
Tras los comicios más de 2.400 personas fueron detenidas -aunque la mayoría fueron después liberadas- y acusadas por la Fiscalía de delitos graves como terrorismo.
Organizaciones no gubernamentales y opositores, por su parte, las consideran presos políticos, algo que el ejecutivo de Maduro niega.
La liberación de 71 presos se produce en un contexto de intensa presión de Estados Unidos sobre el gobierno de Maduro.
En las últimas semanas la administración de Donald Trump ha endurecido su estrategia contra Caracas con nuevas medidas de aislamiento, entre ellas el refuerzo de acciones para bloquear la exportación de petróleo venezolano y la intensificación del despliegue militar en el mar Caribe.
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