Alcalde de Mineápolis dice que algunos agentes del ICE saldrán de la ciudad tras la muerte de dos manifestantes
Algunos agentes federales de migración abandonarán Mineápolis este martes, anunció el alcalde de esa ciudad estadounidense, después de que el presidente Donald Trump bajó el tono tras la indignación nacional por la muerte de dos manifestantes en las protestas contra las redadas migratorias.
El alcalde de Mineápolis, Jacob Frey, aseguró en la red social X que “algunos agentes federales” saldrán de la ciudad, aunque no dio detalles sobre cuántos.
Sigue leyendo: Trump envía a su “zar” antimigración a Minnesota tras la muerte de manifestantes en protestas contra ICE
“Seguiré presionando para que se vayan el resto de los involucrados en esta operación“, dijo el funcionario, quien añadió que habló con Trump el lunes.
“El presidente estuvo de acuerdo en que la situación actual no puede continuar”, afirmó el alcalde.
Trump bajó el tono el lunes ante la tensa situación en el estado de Minnesota y aseguró que no quiere gente “herida o muerta” durante las protestas por las redadas que su gobierno ha emprendido contra migrantes, aunque pidió que cese la “resistencia y el caos”.
Tras la muerte de dos ciudadanos estadounidenses en las calles de Mineápolis en menos de tres semanas, el magnate republicano anunció en su red Truth Social que había hablado telefónicamente con el gobernador de Minesota, Tim Walz, y el alcalde Frey, y prometió diálogo.
“Fue una llamada muy positiva y, en realidad, parece que estamos en la misma longitud de onda“, dijo en alusión al gobernador.
Trump también anunció el envío de su “zar” contra la migración ilegal, Tom Homan, a ese estado del norte del país, con el encargo de que le informe personalmente de la situación.
Medios locales habían dicho que el jefe de la policía fronteriza, Gregory Bovino, abandonaría Mineápolis, pero el gobierno desmintió esas versiones de prensa.
La Casa Blanca se apresuró a reaccionar cuando el video de la última muerte se volvió viral, lo que provocó protestas en las calles, críticas de los expresidentes Bill Clinton y Barack Obama y desde dentro del Partido Republicano de Trump.
La secretaria de prensa, Karoline Leavitt, expresó su pesar por el fallecimiento de Alex Pretti, un enfermero que fue abatido el sábado por agentes migratorios mientras protestaba en Mineápolis.
Anteriormente, altos funcionarios de Trump habían tildado a Pretti, de 37 años, de “terrorista nacional”.
La muerte de Pretti se produce tras la de otra manifestante, Renee Good, una estadounidense de 37 años que también fue asesinada a tiros por un agente federal en Mineápolis el 7 de enero.
El malestar por estos hechos llegó incluso hasta el bando republicano. El lunes, Chris Madel, uno de los abogados que asistió al agente implicado del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE), anunció que renunciaba a presentarse a las primarias de ese partido para el cargo de gobernador de Minnesota.
“No puedo apoyar las represalias lanzadas por los republicanos a escala nacional contra los ciudadanos de nuestro estado, ni considerarme miembro de un partido que lo haría”, subrayó el jurista conocido por defender a las fuerzas del orden.
Según los medios estadounidenses, una jueza federal se comprometió a tomar una decisión rápida sobre la solicitud del fiscal general de Minnesota de suspender la operación antimigración en el estado.
Por otra parte, los congresistas demócratas amenazan con bloquear la financiación del gobierno, si no se reforman las agencias migratorias federales.
“Mentiras repugnantes”
En Mineápolis, los habitantes siguen rindiendo homenaje a Pretti ante un memorial improvisado.
“Es aterrador y profundamente despreciable poder ejecutar a alguien a sangre fría en la calle y luego difamarlo y mentir sobre lo que pasó“, aseguró Stephen McLaughlin, un jubilado de 68 años.
Al igual que en el caso de Renee Good, el gobierno culpó al enfermero, reprochándole que llevara un arma, para la que, según las autoridades locales, tenía permiso. Un análisis de los videos realizado por AFP parece contradecir la versión oficial que lo presenta como una amenaza.
Las imágenes muestran al enfermero en la calle, grabando con su teléfono a hombres armados que llevan chalecos con la inscripción policía. Se interpone cuando un agente empuja a una manifestante y recibe gas lacrimógeno en la cara. Un agente lo derriba y varios de sus colegas intervienen.
Mientras un policía vestido de gris parece quitarle un arma de la cintura a Pretti, arrodillado entre varios agentes, se produce un disparo. Los oficiales se apartan bruscamente y disparan varias veces a distancia. Se escuchan al menos diez detonaciones.
En un comunicado, sus padres acusaron al gobierno de Trump de difundir “mentiras repugnantes” sobre su hijo.
Relacionado
La última medida de este tipo se tomó hace 20 años y en este caso se espera que beneficie a más de 500.000 personas.
El gobierno de España anunció este martes un decreto que llevará a la regularización extraordinaria de personas extranjeras que viven en España.
“Hoy es un día histórico”, dijo la ministra de Inclusión, Seguridad Social y Migraciones, Elma Saiz, en la rueda de prensa en la que dio a conocer la medida.
Saiz dijo que la medida era “necesaria para dar respuesta a la realidad que existe en nuestras calles”.
En declaraciones anteriores dijo que el objetivo es “reconocer, dignificar y dar garantías, oportunidades y derechos a personas que ya están en nuestro país”.
También aclaró que el procedimiento será “sencillo y persigue romper barreras burocráticas del pasado”.
No se ejecutaba una medida similar en España desde hacía más de 20 años y, en este caso, se estima que beneficiará a más de 500.000 personas.
Es fruto de un acuerdo con Podemos, partido de izquierda y socio del gobierno del socialista Pedro Sánchez, así como de una “suma de voluntades que ponen en el centro a las personas”, según afirmaron fuentes del Ejecutivo y que recogen medios españoles.
A quién beneficiará
A esta medida podrán acogerse las personas que actualmente se encuentren en España en situación irregular o sean solicitantes de asilo.
Deben acreditar estar en España o ser solicitantes de protección internacional antes del 31 de diciembre de 2025 y que lleven más de cinco meses en el país.
Para acreditar la permanencia en España, habrá que presentar “cualquier documento público, privado o una combinación de ambos”. En este caso, podrán ser documentos como el empadronamiento, contratos de alquiler, informes de citas médicas o certificados de asistencia a recursos sociales.
Pero también se podrá acreditar con los justificantes de envío de remesas, algo que es una demanda de diversas entidades sociales por las dificultades que suelen tener las personas en situación irregular para acceder al padrón o a contratos oficiales de cualquier tipo.
Otro de los requisitos será que la persona no tenga antecedentes penales “ni suponga una amenaza para el orden público”.
El plazo para presentar solicitudes arrancará a principios de abril y durará hasta fines de junio.
Sin expulsión
Una de las garantías que tendrá esta medida es que, tras presentarse la solicitud de regularización, quedarán suspendidos todos los procedimientos de retorno, así como las órdenes de expulsión por motivos administrativos o por trabajar sin permiso que la persona solicitante pueda tener.
La ministra de Seguridad Social y Migraciones dijo que con esto se hará una “integración plena y progresiva en el sistema”. Así, se dará una autorización de residencia provisional que permitirá trabajar de forma legal y acceder a otros derechos fundamentales, como la asistencia sanitaria.
La administración se da un margen de hasta tres meses para resolver las peticiones, aunque con la mera admisión a trámite, en un máximo de 15 días, los inmigrantes solicitantes ya podrán empezar a trabajar “desde el primer día en cualquier sector y en cualquier parte del país”, matizó Saiz.
“Esto beneficia al trabajador, que gana en derechos y a las empresas, que ganan en seguridad jurídica”, añadió.
Después, una vez hecho el trámite y si la resolución para la persona es favorable, el Estado concederá una autorización de residencia por un periodo de un año y, cuando esta finalice, será posible solicitar una autorización ordinaria conforme al reglamento de extranjería.
La ministra aclaró que la medida también busca la integración familiar y que por ello se amparará a hijas e hijos de los solicitantes de esta regularización, en este caso con 5 años de permiso.
Sin pasar por el Congreso
Al ser una medida que se aprobará mediante un Real Decreto, es decir, que nace del Ejecutivo, no tendrá que pasar por el Congreso, donde al gobierno y a sus socios se les hace más complejo conseguir una mayoría al tener a los Partido Popular (PP, derecha) y Vox (ultraderecha) en contra.
Esto retoma una iniciativa legislativa popular que llegó al Congreso respaldada por más de 600.000 firmas y que llegó a superar un primer trámite con el apoyo de todos los grupos parlamentarios menos Vox en abril de 2024.
Desde entonces estaba bloqueada por la falta de acuerdo parlamentario.
También llega tras el impulso de cientos de organizaciones cuya ideología ocupa un amplio espectro político y que van desde entidades religiosas, como la Conferencia Episcopal, así como asociaciones anarquista y colectivos empresariales.
Después de la aprobación del Consejo de Ministros por tramitación urgente, el documento irá a audiencia pública y la posible elaboración de informes de diversos ministerios. Luego pasará al Consejo de Estado y, de vuelta, al Consejo de Ministros.
El Partido Popular (PP) rechazó la medida. “No entendemos las regularizaciones masivas y además vinculadas a la residencia durante 5 meses y no al empleo”, dijo la portavoz del Partido Popular en el Congreso, Ester Muñoz. “Las regularizaciones masivas son ilegales (…) hay que regularizar persona a persona”.
Por su lado, Vox anunció este martes que recurrirá el real decreto ante el Tribunal Supremo. Consideran la medida como una “locura” y una “barbaridad” y que la medida es, para ellos, un atentado a la identidad nacional además de “fomentar el efecto llamada”.
El presidente de la Conferencia Episcopal de España, Luis Argüello, dijo que esto es “una buena noticia” que aportaría al “bien común de muchos inmigrantes” y que “se reconoce así su dignidad”, en declaraciones al diario El País.
Medidas similares de gobiernos anteriores
Si bien esta es la primera regularización de inmigrantes que se hace en España durante los gobiernos de Pedro Sánchez, quien llegó al poder en 2018, no es algo nuevo en el país.
La anterior tuvo lugar en 2005, durante la gestión de José Luis Rodríguez Zapatero (PSOE) y está considerada la que a más personas benefició, por encima de 570.000.
Bajo el gobierno de José María Aznar (PP) se hicieron tres regularizaciones, en 1996, 2000 y 2001, de las que se beneficiaron más de 520.000 personas en total.
Las primeras regularizaciones ocurrieron durante el gobierno socialista de Felipe González (1982-1996).
Haz clic aquí para leer más historias de BBC News Mundo.
Suscríbete aquí a nuestro nuevo newsletter para recibir cada viernes una selección de nuestro mejor contenido de la semana.
Y recuerda que puedes recibir notificaciones en nuestra app. Descarga la última versión y actívalas.
