Detienen a 32 mil 809 migrantes en los primeros 50 días de la administración de Trump
Durante los primeros 50 días de la administración de Donald Trump, presidente de Estados Unidos, han sido detenidos 32 mil 809 migrantes, informó el Departamento de Seguridad Nacional (DHS).
A través de su cuenta oficial de X, la dependencia indicó que casi la mitad de los detenidos eran “delincuentes convictos”.
“Desde miembros de pandillas hasta presuntos terroristas, estamos eliminando a inmigrantes ilegales criminales de las comunidades estadounidenses”, destacó en su mensaje en el que también agradeció a la secretaria de Seguridad Nacional, Kristi Noem y a las fuerzas de seguridad por su labor.
De acuerdo con las autoridades estadounidenses, entre el 20 de enero y el 10 de marzo se han detenido a 14 mil 111 delincuentes convictos y a 9 mil 980 migrantes con cargos penales pendientes; mil 155 son presuntos miembros de bandas y 44 son fugitivos extranjeros.
Los 8 mil 718 restantes eran “infractores de las leyes de inmigración”, declaró a ABC News un funcionario del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
En entrevistas previas con ABC News y otros medios, el ICE se ha referido a estos arrestos como “daños colaterales”, es decir, personas que no son el objetivo, pero que se ven atrapadas en el proceso.
“Acabamos con la práctica de capturar y liberar, y hemos devuelto al ICE a su misión principal, que es arrestar a quienes violan nuestra ley migratoria”, declaró el director interino del ICE, Todd Lyons.
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Trump y su promesa de llevar a cabo la deportación más grande de la historia
El 4 de marzo, Trump impuso aranceles aduaneros del 25 % a los productos canadienses y mexicanos, con el objetivo de obligar a sus vecinos a esforzarse más en la lucha contra el tráfico de fentanilo y la migración irregular.
Sin embargo, dos días después, el mandatario estadunidense dio marcha atrás en su ofensiva comercial contra México, al anunciar que eximia de aranceles a los productos incluidos en el Tratado de Libre Comercio de América del Norte (T-MEC) hasta el 2 de abril.
Trump había anunciado la imposición de aranceles en febrero pasado al acusar a México y Canadá de permitir el tráfico de fentanilo y de migrantes sin papeles hacia su territorio.
Desde entonces las autoridades mexicanas han multiplicado los anuncios sobre detenciones de narcos y decomisos de estupefacientes.
A cambio de la pausa, México desplegó a 10 mil militares a lo largo de los 3 mil 100 km de frontera con Estados Unidos con el objetivo de detener el tráfico de drogas, en especial, del fentanilo, así como la migración irregular.
Además, en un hecho sin precedentes, autoridades mexicanas realizaron la entrega masiva de 29 capos del crimen organizado a los Estados Unidos, como un intercambio para evitar los aranceles.
El 20 de enero, día que asumió la presidencia de EU, Trump dijo que México es todo un desafió, en particular por el tema migratorio y por el negocio a los cárteles de la droga. Prometió continuar el muro en la frontera sur con México y llevar a cabo la deportación más grande de la historia, e incluso dijo que está dispuesto a usar al Ejército para detener y deportar a los millones de migrantes sin documentos
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Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
Prisión preventiva
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Bajo la mira de los fiscales
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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