“Me siento enfermo de no poder salir a trabajar”: migrantes viven terror en Aurora, blanco de retórica antinmigración de Trump
El albañil Maoro ha vivido casi cuatro décadas en Colorado sin problemas. Pero este último mes ha evitado salir de casa, temeroso de que oficiales de migración lo detengan y lo deporten porque no tiene documentos para residir en Estados Unidos.
“Es peor que una cárcel”, dijo a AFP en su casa, en la ciudad de Aurora, foco de la retórica anti-inmigración de Donald Trump durante su campaña presidencial el año pasado.
“Ya me siento enfermo de que no puedo salir a trabajar”, añadió este hombre de 59 años que no ha podido pagar el alquiler y depende ahora de su hija, quien sí es ciudadana estadounidense.
Maoro asegura que nunca tuvo tanto miedo como ahora, viviendo bajo una administración republicana que prometió deportaciones masivas de inmigrantes sin documentos de residencia en Estados Unidos.
Así es que cuando tres uniformados golpearon su puerta recientemente, el mexicano -que se identificó a la AFP con un seudónimo, al igual que otros entrevistados-, siguió el consejo de activistas pro-inmigración y no les abrió.
Su temor es un sentimiento compartido en Aurora, el suburbio de Denver en el que viven personas de un centenar de diferentes nacionalidades, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
Iglesias y mezquitas se han vaciado, al igual que los puntos de la ciudad en los que los jornaleros esperaban por ofertas de trabajo a destajo. Un centro comercial, repleto de restaurantes latinos, dice que en febrero hubo 10 mil clientes menos que en años anteriores.
Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fuertemente armados, realizaron redadas en Denver y Aurora el 5 de febrero, y arrestaron a varias personas.
Operación Aurora
La ciudad de Aurora entró en el debate nacional sobre inmigración el año pasado, cuando se viralizaron videos en los que se veían a hombres armados, hablando en español, que irrumpían en un apartamento.
Trump, entonces candidato a la presidencia, usó los clips para decir que la banda venezolana Tren de Aragua había “tomado el control” de Aurora.
Pero el alcalde, republicano, desmintió la versión, y dijo que el video era apenas un incidente aislado ocurrido en un edificio particular administrado por un dueño negligente.
A la par, el Departamento de Policía de Aurora dice haber registrado una disminución del índice de delitos entre 2023 y 2024, comparado con los dos años previos.
Sin embargo, Trump insistió en afirmar que Aurora era el símbolo del Estados Unidos sometido al ataque de peligrosos criminales inmigrantes, y aseguró que de ser electo, deportaría a millones.
Los inmigrantes en Aurora sostienen que fueron usados como chivos expiatorios de los existentes problemas sociales.
“Todo lo que está mal en los Estados Unidos ahora, todo, es Tren de Aragua”, ironizó Alexander Jiménez, un venezolano que huyó de su país hace un año. “No puede ser”.
Jiménez limita sus salidas, y permanece escondido junto a diez miembros de su familia, todos a la espera de que sus solicitudes de asilo sean procesadas.
Desde las redadas, sus nietos se niegan a ir a la escuela por temor de que la policía llegue para llevarse a sus padres.
“Ven en el televisor que está pasando, que se están llevando a los venezolanos y a todos los que no son de acá, de este país”, dijo, al referir que en las redadas de febrero cayeron personas sin antecedentes penales.
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En aquel momento, una publicación en redes sociales afirmaba que “más de cien miembros de la violenta banda venezolana Tren de Aragua son blanco de arrestos en Aurora, Colorado, hoy por ICE”.
De acuerdo con la televisora Fox News, de las treinta personas arrestadas, sólo una estaba afiliada a la banda.
Contactadas por AFP, las autoridades se negaron a dar detalles sobre los detenidos.
“La búsqueda de criminales por parte de ICE se usa como pretexto para agarrar a inocentes, sin antecedentes penales”, dijo Nayda Benítez, de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes en Colorado.
Su organización ofrece asesoría a los migrantes sobre sus derechos legales, en español, árabe e inglés. Allí les explican que no tienen que abrir la puerta si la policía no tiene una orden de búsqueda, que pueden permanecer en silencio y que no tienen que firmar nada.
Estos consejos son muy valiosos para Susana, una mexicana sin documentos que fue deportada en 2017, durante el primer gobierno de Trump, y quien pasó cinco años separada de sus hijos hasta que pudo volver a Colorado.
“Cuando tú descubres que tienes derecho es algo fuerte, porque dices ‘si yo hubiera sabido'”, comentó la mujer de 47 años, que lamenta haber “hablado mucho” cuando fue interceptada por las autoridades la vez pasada.
“Sabía que había una Constitución”, suspira. “Pero no sabía que esa Constitución me protegía a mí como migrante”.
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Del tamaño de un carnet de identidad, lleva casi 20 años en circulación, pero su demanda se ha disparado desde que Trump asumió la presidencia.
“Llevándola encima me siento más segura”.
Así dice Verónica Velásquez, una inmigrante indocumentada originaria de Filipinas y residente en Los Ángeles, de una tarjeta roja del tamaño de un carnet de identidad que mantiene siempre en su cartera.
Llamada también know-your-rights card (tarjeta conozca sus derechos) o simplemente “la tarjeta roja”, recuerda a quien la tiene entre manos algunos de sus derechos constitucionales y le resume los pasos a seguir a la hora de interactuar con agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés).
Disponible en 19 idiomas e ideada por la organización Immigrant Legal Resource Center (ILRC), lleva en circulación casi dos décadas.
Aunque su uso y demanda se han disparado desde que Donald Trump asumió la presidencia de Estados Unidos el pasado 20 de enero, con la promesa, entre otras, de llevar a cabo “la mayor deportación de la historia del país”.
Lista de derechos e instrucciones
Todo el que se encuentre en Estados Unidos, independientemente de su condición migratoria, tiene ciertos derechos garantizados por la Constitución.
La tarjeta roja enumera algunos de los más relevantes para alguien que no tenga el permiso legal para residir en el país y corra el riesgo de ser deportado, como el derecho a permanecer en silencio recogido en la Quinta Enmienda o a no dejar entrar a la casa a un agente que no porte una orden firmada por un juez, tal como especifica la Cuarta Enmienda.
Usted tiene derechos constitucionales:
• No abra la puerta si un agente de inmigración está tocando la puerta.
• No conteste ninguna pregunta de un agente de inmigración si trata de hablar con usted. Usted tiene el derecho a guardar silencio.
• No firme nada sin antes hablar con un abogado. Usted tiene el derecho de hablar con un abogado.
• Si usted está fuera de su casa, pregúntele al agente si tiene la libertad de irse y si le dice que sí, váyase con tranquilidad.
• Entréguele esta tarjeta al agente. Si usted está dentro de su casa, muestre la tarjeta por la ventana o pásela debajo de la puerta.
Su formato es una referencia a las tarjetas rojas que usan los árbitros en los partidos de fútbol para expulsar a los jugadores.
Y la idea de crearlas surgió en 2007, a raíz de una serie de redadas llevadas a cabo en entornos laborales que “aterrorizaron a la comunidad”, explican desde ILRC, que tiene su sede en la ciudad californiana de San Francisco.
La organización las distribuye directamente a otras entidades, que a su vez las reparten en escuelas, iglesias, clínicas o bancos de alimentos, y a abogados que trabajan con migrantes y solicitantes de asilo.
También ofrece la posibilidad de descargar el diseño a través de su página web, para que quien las quiera pueda imprimirlas y montarlas por su cuenta.
“Desde las elecciones (presidenciales del 5 de noviembre) nos han llegado pedidos para un total de nueve millones de tarjetas, más que el total de los 17 años anteriores”, informa la organización.
En una cara llevan la información en inglés, y en la otra la traducción a uno de los 19 idiomas disponibles, desde el español y el portugués, pasando por el árabe, el creole, el ruso y el ucraniano, hasta el vietnamita y el chino, como muestra del diverso origen de los inmigrantes que hoy por hoy están en riesgo de deportación en EE.UU.
Según un análisis del Centro de Investigación Pew en base a los datos más recientes disponibles, en 2022 había 11 millones de personas indocumentadas en EE.UU., el 23% de los inmigrantes y un 3,3% del total de la población.
En torno a cuatro millones eran originarias de México, 1,9 millones nacieron en el llamado Triángulo Norte de Centroamérica – El Salvador, Honduras y Guatemala, y los provenientes de Venezuela pasaron de ser 55.000 en 2007 a más de 270.000 en 2022.
Y también hay amplias comunidades originarias de otros continentes, como por ejemplo 750.000 residentes no autorizados que nacieron en India.
“Sencilla, pero de alto impacto”
Para muchos de estos inmigrantes sin papeles, hacer valer los derechos que recoge la tarjeta roja podría marcar la diferencia entre quedarse en el país o ser deportado, advierten activistas y abogados.
Por ello, organizaciones como TODEC, con sede en tres municipios de zonas rurales de California donde un alto porcentaje de trabajadores agrícolas son indocumentados, ha repartido hasta 500.000.
“Asegúrate de que portas siempre la tarjeta roja, para explicar y hacer cumplir tus derechos si llega a detenerte un agente migración”, dice la hoja informativa que suele repartir en comunidades con población en riesgo de ser deportada.
“Es una herramienta sencilla pero puede tener un alto impacto”, subraya Dalia Zetina, del Dream Project Center de la Universidad Coastline de Newport Beach, California.
“Además ayuda a quien lo lleva a sentirse más seguro a la hora de salir de casa o para ir al trabajo”, le dice a BBC Mundo.
“Probablemente te pongas nervioso si un agente te para. Así que solo tienes que agarrar la tarjeta y leerla, o entregársela directamente”, explica.
El centro para el que trabaja ha distribuído 700 unidades en la comunidad, en español, tagalo y vietnamita.
A la semana de la toma de posesión de Trump y en vista de las primeras redadas, María Fernanda García Castillo, nacida en EE.UU. de padres inmigrantes, decidió imprimir tarjetas y repartirlas en su entorno en Charlotte, Carolina del Norte.
“Supe de gente que no estaba yendo al trabajo porque vivían en un área con alta población latina y laboraban en sectores que están en el punto de mira de las autoridades migratorias, como la construcción”, le contó al medio local WCNC.
“Se me acabaron pronto y me di cuenta que la gente tenía muchas preguntas acerca de cuáles eran sus derechos”, así que decidió fundar Project Red Cards, para distribuir todas las que pudiera en tiendas, restaurantes, clínicas, lavanderías y otros puntos de su municipio y en localidades aledañas.
A kilómetros de allí, en el estado de Maryland, Marlon A. Cruz, un ingeniero de 23 años hijo de inmigrantes guatemaltecos, organizó este martes un taller para imprimir y montar 400 tarjetas rojas en 10 idiomas distintos.
Ahora pretende entregarlas entre la comunidad hispana del condado en el que vive, Prince George’s, en las afueras de Washington DC, le dice a BBC Mundo, y trabajar en red con organizaciones para ampliar su alcance.
Son solo unos ejemplos de los grupos, voluntarios y activistas de prácticamente todos los estados del país que llevan semanas organizándose y ofreciendo la tarjeta como parte de una serie de recursos a la población en peligro de deportación.
También organizan talleres y sesiones informativas en centros comunitarios, escuelas e iglesias bajo el título de “Conoce tus derechos”, donde insisten en que pueden retener información personal y negarse a firmar cualquier documento, reparten volantes y ofrecen asistencia legal por teléfono.
Asimismo, existe una serie de aplicaciones para celular que contienen una información similar a la de las tarjetas rojas en audio, y que permiten a sus usuarios no tener que mediar palabra con los agentes migratorios.
“Yo lo llamo ‘cómo escapar del arresto'”
Mientras, funcionarios de la administración Trump han arremetido contra la actividad de ONGs y voluntarios, subrayando que lo que hacen es “ayudar” a los inmigrantes sin residencia legal a “desafiar” a los agentes del ICE y a “esconderse”.
“Ellos le dicen ‘Conoce tus derechos’, yo lo llamo ‘Cómo escapar del arresto'”, dijo Thomas D. Homan, a quien el presidente nombró “zar de la frontera” y que está al frente de las operaciones de deportación.
También aclaró que eso no frenará las expulsiones, como ya lo ha dicho sobre las “ciudades santuario”, aquellas donde los funcionarios municipales no están obligados a colaborar con los agentes federales en materia migratoria.
“Nada impedirá que deportemos a migrantes criminales. Haremos el trabajo con su ayuda o sin ella”, aseguró en una entrevista en la cadena Fox News nada más ser elegido para el cargo, que asumió tras fungir como director interino del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).
Esa fue una de las principales promesas de campaña de Trump y desde que asumió la presidencia ha ordenado redadas en todos los rincones del país, enviado aviones con deportados a Colombia o Venezuela, algunos tras haber estado detenidos en Guantánamo, y usado como países “puente” a Panamá y Costa Rica.
El nuevo gobierno ha hecho un gran despliegue mediático con las detenciones y las deportaciones.
A diario, a través de sus cuentas oficiales en las redes sociales y páginas web, la Casa Blanca, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y el ICE publican imágenes de personas que han sido arrestadas, a veces a punto de subirse a un vuelo, encadenados de manos y pies.
Sin embargo, y aunque la seguridad nacional sea el argumento con el que el nuevo gobierno justifica las deportaciones y Trump y Homan insistan en que se están repatriando “delincuentes”, cifras obtenidas por la cadena NBC muestran que más del 40% de los detenidos no tenía antecedentes penales.
El medio encontró que de los 4.422 arrestados por el ICE en las primeras dos semanas de febrero, 1.800 (un 41%), no tenían ninguna condena ni cargos penales pendientes.
Ante ello, el temor a encontrarse con un agente migratorio se ha extendido como la pólvora entre los inmigrantes indocumentados y las familias con estatus mixto, en las que al menos uno de los miembros no tiene la residencia legal.
“Ni voy a salir de casa”, le decía a BBC Mundo José, quien lleva más de 25 años en el país pero no ha logrado regularizar su situación por haber cruzado la frontera desde México de forma ilegal, después de que el diario LA Times, en base a la filtración de un documento oficial del DHS, informara de unas posibles redadas masivas en Los Ángeles antes de que termine febrero.
En ese contexto de miedo, una herramienta tan básica como una tarjeta roja puede marcar la diferencia.
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