“Me siento enfermo de no poder salir a trabajar”: migrantes viven terror en Aurora, blanco de retórica antinmigración de Trump
El albañil Maoro ha vivido casi cuatro décadas en Colorado sin problemas. Pero este último mes ha evitado salir de casa, temeroso de que oficiales de migración lo detengan y lo deporten porque no tiene documentos para residir en Estados Unidos.
“Es peor que una cárcel”, dijo a AFP en su casa, en la ciudad de Aurora, foco de la retórica anti-inmigración de Donald Trump durante su campaña presidencial el año pasado.
“Ya me siento enfermo de que no puedo salir a trabajar”, añadió este hombre de 59 años que no ha podido pagar el alquiler y depende ahora de su hija, quien sí es ciudadana estadounidense.
Maoro asegura que nunca tuvo tanto miedo como ahora, viviendo bajo una administración republicana que prometió deportaciones masivas de inmigrantes sin documentos de residencia en Estados Unidos.
Así es que cuando tres uniformados golpearon su puerta recientemente, el mexicano -que se identificó a la AFP con un seudónimo, al igual que otros entrevistados-, siguió el consejo de activistas pro-inmigración y no les abrió.
Su temor es un sentimiento compartido en Aurora, el suburbio de Denver en el que viven personas de un centenar de diferentes nacionalidades, de acuerdo con organizaciones no gubernamentales.
Iglesias y mezquitas se han vaciado, al igual que los puntos de la ciudad en los que los jornaleros esperaban por ofertas de trabajo a destajo. Un centro comercial, repleto de restaurantes latinos, dice que en febrero hubo 10 mil clientes menos que en años anteriores.
Oficiales del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), fuertemente armados, realizaron redadas en Denver y Aurora el 5 de febrero, y arrestaron a varias personas.
Operación Aurora
La ciudad de Aurora entró en el debate nacional sobre inmigración el año pasado, cuando se viralizaron videos en los que se veían a hombres armados, hablando en español, que irrumpían en un apartamento.
Trump, entonces candidato a la presidencia, usó los clips para decir que la banda venezolana Tren de Aragua había “tomado el control” de Aurora.
Pero el alcalde, republicano, desmintió la versión, y dijo que el video era apenas un incidente aislado ocurrido en un edificio particular administrado por un dueño negligente.
A la par, el Departamento de Policía de Aurora dice haber registrado una disminución del índice de delitos entre 2023 y 2024, comparado con los dos años previos.
Sin embargo, Trump insistió en afirmar que Aurora era el símbolo del Estados Unidos sometido al ataque de peligrosos criminales inmigrantes, y aseguró que de ser electo, deportaría a millones.
Los inmigrantes en Aurora sostienen que fueron usados como chivos expiatorios de los existentes problemas sociales.
“Todo lo que está mal en los Estados Unidos ahora, todo, es Tren de Aragua”, ironizó Alexander Jiménez, un venezolano que huyó de su país hace un año. “No puede ser”.
Jiménez limita sus salidas, y permanece escondido junto a diez miembros de su familia, todos a la espera de que sus solicitudes de asilo sean procesadas.
Desde las redadas, sus nietos se niegan a ir a la escuela por temor de que la policía llegue para llevarse a sus padres.
“Ven en el televisor que está pasando, que se están llevando a los venezolanos y a todos los que no son de acá, de este país”, dijo, al referir que en las redadas de febrero cayeron personas sin antecedentes penales.
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En aquel momento, una publicación en redes sociales afirmaba que “más de cien miembros de la violenta banda venezolana Tren de Aragua son blanco de arrestos en Aurora, Colorado, hoy por ICE”.
De acuerdo con la televisora Fox News, de las treinta personas arrestadas, sólo una estaba afiliada a la banda.
Contactadas por AFP, las autoridades se negaron a dar detalles sobre los detenidos.
“La búsqueda de criminales por parte de ICE se usa como pretexto para agarrar a inocentes, sin antecedentes penales”, dijo Nayda Benítez, de la Coalición de los Derechos de los Inmigrantes en Colorado.
Su organización ofrece asesoría a los migrantes sobre sus derechos legales, en español, árabe e inglés. Allí les explican que no tienen que abrir la puerta si la policía no tiene una orden de búsqueda, que pueden permanecer en silencio y que no tienen que firmar nada.
Estos consejos son muy valiosos para Susana, una mexicana sin documentos que fue deportada en 2017, durante el primer gobierno de Trump, y quien pasó cinco años separada de sus hijos hasta que pudo volver a Colorado.
“Cuando tú descubres que tienes derecho es algo fuerte, porque dices ‘si yo hubiera sabido'”, comentó la mujer de 47 años, que lamenta haber “hablado mucho” cuando fue interceptada por las autoridades la vez pasada.
“Sabía que había una Constitución”, suspira. “Pero no sabía que esa Constitución me protegía a mí como migrante”.
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Zamora, que destapó importantes casos de corrupción, denuncia una persecución política por parte de la fiscalía guatemalteca.
Un juez de Guatemala ordenó este lunes el regreso a prisión preventiva de José Rubén Zamora, un laureado periodista al que fiscales acusan de lavado de dinero en un proceso ampliamente señalado como una persecución política.
Zamora, fundador del desaparecido diario El Periódico en el que destapó importantes casos de corrupción, calificó la resolución como “arbitraria” durante su comparecencia en el tribunal.
También afirmó que el juez no tenía otra opción: “Lo dejaron acorralado, sin salida”, declaró”.
La orden del magistrado llegó después de que un tribunal superior revocara la medida de arresto domiciliario que se le había concedido previamente.
Prisión preventiva
El periodista, que durante sus más de 40 años de carrera había recibido constantes amenazas y ataques, entró en prisión preventiva en julio de 2022, acusado de lavado de dinero por la venta de un cuadro por valor de unos US$30.000.
En junio de 2023 lo condenaron a seis años de prisión, pero un tribunal de apelaciones revocó la sentencia por errores en el proceso y está a la espera de un nuevo juicio.
El 18 de octubre del año pasado, cuando llevaba 813 días entre rejas, un juez dictó que José Rubén Zamora pasara a arresto domiciliario al considerar que no tenía sentido mantenerlo en prisión preventiva.
Un mes después el tribunal superior ordenó su regreso a la cárcel, pero los abogados de Zamora habían logrado retrasar la aplicación del fallo en los últimos meses.
Zamora aseguró haber sufrido torturas durante su estancia de más de dos años en prisión y denunció ser víctima de un montaje a cargo del Ministerio Público.
Este organismo está liderado por la fiscal Consuelo Porras y su mano derecha, el fiscal Rafael Curruchiche.
Ambos figuran en las listas de “actores corruptos” de Estados Unidos y la Unión Europea por presuntamente usar la justicia para beneficiar a aliados y perseguir a disidentes desde el anterior gobierno del presidente Alejandro Giammattei.
Bajo la mira de los fiscales
El periodista guatemalteco había destapado varias tramas corruptas vinculadas al expresidente Giammattei, entre ellas la presunta concesión de una explotación minera a una empresa rusa mediante sobornos.
La fiscalía guatemalteca sostiene que el proceso contra Zamora está completamente desvinculado de su actividad periodística, pero en la comunidad internacional se considera ampliamente una represalia y un intento de amordazarlo.
Amnistía Internacional considera las causas contra él “infundadas”, en línea con otras organizaciones internacionales.
Estas han denunciado en los últimos años una campaña represiva del anterior gobierno y los fiscales contra funcionarios, jueces y medios de comunicación independientes, con decenas de ellos en la cárcel o en el exilio.
El presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, también considera que Zamora es víctima de una persecución política de la fiscalía.
Arévalo, que asumió el cargo en enero de 2024, mantiene un tenso enfrentamiento con el Ministerio Público, dominado aún por los citados fiscales afines a Giammattei que han tratado de destituirlo del cargo en varias ocasiones.
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