Al menos 88 personas de origen mexicano solicitaron extender su condición de refugiados en Guatemala, a causa de la violencia en el sureste del país.
De acuerdo con el Instituto Guatemalteco de Migración (IGM) en un inicio se atendieron a 83 personas solicitantes de renovaciones de prórrogas para personas desplazadas en condiciones de movilidad y posteriormente se sumaron cinco nuevos registros.
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La prórroga les da una extensión de 30 días adicionales para permanecer en el país de forma regular, siendo esta la tercera prórroga concedida desde el mes de julio, cuando llegaron cientos de personas a causa de la violencia.
El IGM también mencionó que 21 mexicanos solicitaron refugio en la municipalidad de Cuilco, Huehuetenango.
La intervención es liderada por la Subdirección de Atención y Protección a los Derechos Fundamentales de los Migrantes del Instituto Guatemalteco de Migración, con la participación de un equipo multidisciplinario que incluye la Unidad de Atención a la Niñez y Adolescencia, el Departamento de Reconocimiento de Estatuto de Refugiado -DRER- y la Unidad de Verificación de Campo de la Subdirección de Control Migratorio, informaron en un comunicado.
Asimismo, se cuenta con la participación de diversas instituciones como la PDH, ACNUR, mientras que la PNC y el Ejército brindan seguridad de manera permanente en la zona.
Durante el mes de julio, autoridades de Guatemala informaron que cientos de mexicanos provenientes de Chiapas cruzaron la frontera huyendo de la violencia en la región, provocada por las disputas que mantienen dos grupos del crimen organizado.
De acuerdo con Elsa Hernández, gobernadora del departamento de Huehuetenango, son alrededor de 300 personas las que llegaron, aunque la Coordinadora Nacional para la Reducción de Desastres (CONRED), consultada por la agencia Associated Press, señala que son 580 personas, incluidas mujeres, niños y adultos mayores.
Por su parte, el presidente de Guatemala, Bernardo Arévalo, anunció que habría colaboración y atención a los refugiados y se instaló un refugio en el departamento de Huehuetenango.
En la zona de la Sierra y Frontera de Chiapas desde hace meses se registran constantes enfrentamientos, ataques armados, bloqueos y homicidios por la disputa territorial entre el Cártel de Sinaloa y el Cártel Jalisco Nueva Generación.
Ante esta situación, el Centro de Derechos Humanos Fray Bartolomé de Las Casas (Frayba) señaló que al menos 14 municipios de la región están en “riesgo inminente” por el recrudecimiento de la violencia, además alertó que las bandas delictivas están realizando reclutamientos forzados.
Tras los hechos, la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) informó que el personal de los consulados de México ubicados en Quetzaltenango, Tecún Umán y Petén entrevistaron a las personas desplazadas para ofrecerles asistencia así como la opción de retorno voluntario al país.
Mientras tanto, el Instituto Guatemalteco de Migración expidió la certificación de permanencia humanitaria, el cual tiene una vigencia de 30 días, los cuales fueron prorrogables en 88 casos.
Donald Trump ha intentado distanciarse del polémico proyecto promovido por un grupo de reflexión conservador para reformar el gobierno federal.
Con su victoria en las elecciones de este martes, Donald Trump es el hombre del momento en Estados Unidos.
Su triunfo en la carrera por la Casa Blanca sobre la candidata demócrata Kamala Harris, ha completado un regreso triunfal al poder que lo ha convertido en un héroe para muchos de sus seguidores.
Los focos se centran ahora en el presidente electo y surgen muchas preguntas sobre las decisiones que tomará en su segunda presidencia.
Durante la campaña fue objeto de atención y polémica el llamado Proyecto 2025, una iniciativa de un grupo conservador para reformar el gobierno federal.
Aunque el propio Trump ha intentado distanciarse, los demócratas y otros detractores del presidente electo creen que el Proyecto 2025 es en realidad su plan oculto de gobierno.
La propuesta fue creada por la Fundación Heritage y ha sido vinculada a Trump porque varios de sus antiguos funcionarios contribuyeron al plan.
El planteamiento, de más de 900 páginas, contempla el despido de miles de funcionarios, la ampliación del poder del presidente, el desmantelamiento del Departamento de Educación y otras agencias federales, así como recortes fiscales radicales.
Kamala Harris y los demócratas intentaron movilizar a los votantes contra un plan que, según el presidente Joe Biden, “destruiría Estados Unidos” de llevarse a cabo.
“No tengo ni idea de quién está detrás [del Proyecto 2025]”, escribió Trump en su red social Truth Social. “No estoy de acuerdo con algunas de las cosas que dicen y algunas de las cosas que dicen son absolutamente ridículas“.
Un portavoz de la iniciativa dijo hace meses en redes sociales que el Proyecto 2025 “no habla en nombre de ningún candidato o campaña”.
La Fundación Heritage dio a conocer el proyecto en abril de 2023 y desde entonces ha suscitado la preocupación y las críticas de los sectores que en Estados Unidos se describen como “liberales”.
A principios de julio, el presidente de Heritage, Kevin Roberts, planteó la perspectiva de la violencia política durante una entrevista en un podcast.
“Estamos en el proceso de la segunda revolución estadounidense, que seguirá siendo incruenta si la izquierda lo permite”, dijo Roberts al podcast War Room, fundado por el asesor de Trump Steve Bannon.
En respuesta, la campaña demócrata, entonces todavía encabezada por Biden, acusó a Trump y a sus aliados de “soñar con una revolución violenta para destruir la idea misma de Estados Unidos“.
Es habitual que los centros de estudio de Washington propongan listas de deseos políticos para posibles gobiernos en ciernes.
A principios de julio, Trump aseguró en su plataforma de redes sociales que no sabe “nada sobre el Proyecto 2025”.
“Cualquier cosa que hagan, les deseo suerte, pero no tengo nada que ver con ellos”, afirmó.
Sin embargo, varias personas vinculadas al proyecto trabajaron en el gobierno de Trump o como aliados en su campaña de reelección.
El documento del Proyecto 2025 esboza cuatro objetivos principales: restaurar la familia como pieza central de la vida estadounidense; desmantelar el Estado administrativo; defender la soberanía y las fronteras de la nación; y garantizar los derechos individuales otorgados por Dios para vivir libremente.
Es uno de los varios documentos políticos de una plataforma conocida como Agenda 47, así llamada porque Trump será el 47º presidente de Estados Unidos.
la Fundación Heritage dice que el Proyecto 2025 fue escrito por varios exfuncionarios designados por Trump y refleja los aportes de más de 100 organizaciones conservadoras.
Aquí te presentamos un resumen de varias propuestas clave.
El Proyecto 2025 propone que toda la burocracia federal, incluidas agencias independientes como el Departamento de Justicia, quede bajo control presidencial directo, una controversial idea conocida como “teoría del ejecutivo unitario”.
En la práctica, eso agilizaría la toma de decisiones, lo que permitiría al presidente aplicar de manera directa sus políticas en una serie de ámbitos.
Las propuestas también abogan por eliminar la protección laboral de miles de empleados públicos, que podrían ser sustituidos por cargos políticos.
El documento califica al FBI de “organización hinchada, arrogante y cada vez más al margen de la ley” y aboga por revisiones drásticas de esta y otras agencias federales, incluida la eliminación del Departamento de Educación.
En el documento se propone aumentar la financiación para un muro en la frontera entre Estados Unidos y México, una de las promesas emblemáticas de Trump en 2016.
Sin embargo, lo más destacado es la consolidación de varias agencias de inmigración estadounidenses y una gran expansión de sus poderes.
Otras propuestas incluyen eliminar categorías de visas para víctimas de delitos y trata de personas, aumentar las tarifas a los inmigrantes y permitir solicitudes por vía rápida para los inmigrantes que pagan una prima.
No todos esos detalles se repiten en la plataforma del Partido Republicano, pero la formación quiere implementar el “mayor programa de deportación en la historia de Estados Unidos”.
Esa idea fue uno de los principales argumentos de Donald Trump ante los votantes.
El documento propone recortar drásticamente el dinero federal para la investigación y la inversión en energías renovables y pide que el próximo presidente “detenga la guerra contra el petróleo y el gas natural”.
Los objetivos de reducción de carbono serían reemplazados por esfuerzos para aumentar la producción y la seguridad energética.
El documento expone dos visiones contrapuestas sobre los aranceles y está dividido sobre si el próximo presidente debería intentar impulsar el libre comercio o levantar barreras a las exportaciones.
Pero los asesores económicos sugieren que un segundo gobierno de Trump debería recortar los impuestos a las corporaciones y sobre la renta, abolir la Reserva Federal e incluso considerar un retorno a la moneda respaldada por oro.
El Proyecto 2025 no exige una prohibición del aborto a escala nacional.
Sin embargo, propone retirar del mercado la pastilla abortiva mifepristona.
El documento propone nuevos esfuerzos de recopilación de datos sobre el aborto y, de manera más general, sugiere que el Departamento de Salud y Servicios Humanos debería “mantener una definición de matrimonio y familia con base bíblica y reforzada por las ciencias sociales”.
Al menos en lo que respecta al aborto, el documento difiere bastante sustancialmente de la plataforma republicana, que sólo menciona la palabra “aborto” una vez.
La plataforma dice que las leyes sobre el aborto deberían dejarse en manos de los estados individuales y que los abortos tardíos (que no definen) deberían prohibirse, una visión a la que Trump se ha aferrado en gran medida.
La plataforma del partido añade que se debe proteger el acceso a la atención prenatal, el control de la natalidad y la fertilización in vitro, y no menciona la limitación de la distribución de mifepristona.
Según las propuestas del Proyecto 2025, se debería prohibir la pornografía y cerrar las empresas de tecnología y telecomunicaciones que facilitan el acceso a dicho contenido.
El documento exige la posibilidad de elección de escuela y el control de los padres sobre los centros educativos y apunta a lo que llama “propaganda despierta”.
Propone eliminar una larga lista de términos de todas las leyes y regulaciones federales, incluidos “orientación sexual”, “diversidad, equidad e inclusión”, “igualdad de género”, “aborto” y “derechos reproductivos”.
Jared Huffman, un congresista demócrata de California, lanzó el grupo de trabajo Stop Project 2025.
Describió el Proyecto 2025 como “un complot distópico que ya está en marcha para desmantelar nuestras instituciones democráticas”.
Huffman dijo que el proyecto “aboliría los controles y equilibrios, socavaría la separación Iglesia-Estado e impondría una agenda de extrema derecha que infringe las libertades básicas y viola la voluntad pública”.
“Necesitamos una estrategia coordinada para salvar a Estados Unidos y detener este golpe antes de que sea demasiado tarde”, dijo Huffman antes del triunfo electoral de Trump.
La Fundación Heritage es uno de los centros de estudios más influyentes que ha elaborado documentos de políticas diseñados para guiar una posible segunda presidencia de Trump.
Desde la década de 1980, ha producido documentos políticos similares como parte de su serie Mandato para el Liderazgo.
El Proyecto 2025, respaldado por un presupuesto de US$22 millones, también establece estrategias para implementar políticas que comenzarán después de la toma de posesión presidencial en enero de 2025.
En sus discursos y en su sitio web, Trump ha respaldado una serie de ideas incluidas en el Proyecto 2025, aunque su campaña ha dicho que él tiene la última palabra sobre la política.
Muchas de las propuestas enfrentarían desafíos legales inmediatos si se implementaran.
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